Dos magistrados de CNE dicen que campaña Petro violó topes por $3.500 millones y piden sanción a Roa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) radicará este miércoles la ponencia final sobre la investigación que adelantó contra la campaña Petro Presidente 2022. Allí concluyó que violó los topes en más de $3.500 millones y pidió millonaria sanción económica a Ricardo Roa.

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EL COLOMBIANO conoció que se cayó lo formulado en el pliego de cargos referente a los vuelos de la Sociedad Aérea de Ibagué y que quedaron los pagos de la unión sindical obrera (USO), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el Polo Democrático y una factura de Caracol Televisión.

Según la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, esa campaña presidencial habría gastado cifras superiores a las permitidas por la ley en primera y en segunda vuelta, celebradas el 29 de mayo y el 19 de junio de 2022.

El proyecto de resolución del CNE, plantearía una sanción administrativa y económica al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña del presidente de la República, así como contra otros directivos de esa campaña.

Una sanción en ese mismo sentido se plantea imponerle a los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica, que obligarían a pagar altas sumas de dinero y devolver recursos a modo de multa. Aun así, el documento no propone pérdida de personería jurídica a esas organizaciones.

La ponencia de Ortiz y Prada —que plantea que la multa contra Roa podría ascender a los $4.000 millones— se pondrá a consideración de la Sala Plena de CNE, que está integrada por 10 magistrados (uno de ellos con voz, pero sin voto).

Vale recordar que desde octubre de 2024 ese tribunal abrió formalmente investigación por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a Petro a la Presidencia a raíz de $5.300 millones que no habrían sido reportados en los gastos de campaña.

Esa suma correspondería a $3.700 millones de la primera vuelta, en los que se incluían contribuciones no registradas debidamente en los informes; así como $1.600 millones de la segunda vuelta, que provinieron de un contrato con la empresa de aviación SADI, que proporcionó servicios a Colombia Humana para el final de la campaña.

Es la primera vez que una investigación por violación de topes llega a este punto de tener una ponencia que será puesta a discusión de la Sala Plena. En anteriores indagaciones contra las campañas de jefes de Estado en ejercicio fueron archivadas después de su apertura.

El presidente Gustavo Petro no ha reaccionado a la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada en contra de su campaña.

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