Disputa por la rectoría de la UPC divide al Gobierno

Hace más de dos meses, EL COLOMBIANO reveló presuntas irregularidades en la Universidad Popular del Cesar (UPC), hoy epicentro de una disputa política y burocrática por su rectoría. El 4 de agosto, se publicó que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia pidió la intervención del Ministerio de Educación tras detectar posibles malos manejos en la institución.

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Desde entonces, la pugna por el control del Consejo Superior se ha intensificado y ha expuesto divisiones dentro del Gobierno. La ‘batalla’ por la rectoría 2026–2030 no es menor: la UPC maneja un presupuesto cercano a $170.000 millones anuales, siendo la entidad más grande de Valledupar después de la Alcaldía y la Gobernación.

“Bloqueo” al proceso electoral

Tras semanas de aplazamientos y tres sesiones fallidas, el proceso para elegir al nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC) parece que empieza a destrabarse. El Consejo Superior Universitario (CSU) citó para el 21 de octubre una sesión en la que deberá autorizar al rector Rober Romero a convocar la Consulta Estamentaria, paso previo para definir la lista de aspirantes al periodo 2026–2030. Pero lo que debía ser un trámite académico se transformó en una disputa política que ya fractura al propio Gobierno Nacional.

Desde agosto, cuando la Secretaría de Transparencia, dirigida por Andrés Idárraga, pidió al Ministerio de Educación revisar posibles irregularidades en la gestión de Romero, la tensión en la UPC creció. El informe advertía nombramientos sin requisitos, sobrecostos de hasta 60% en tecnología y vacíos en obras como el Bloque J y la sede de La Jagua de Ibirico. También detectó 169 contratos sin publicar y ocho más por $15.000 millones bajo sospecha de irregularidades.

Por otro lado, según documentos conocidos en primicia por EL COLOMBIANO, el 16 de octubre Transparencia pidió al Ministerio aclarar las actuaciones del delegado ante el CSU, Xavier Estrada Escudero, quien habría interrumpido una sesión e incidido en la suspensión del calendario electoral. La dependencia presidencial reconoció, además, un “vínculo que excede lo profesional” entre Estrada y Romero.

Esa cercanía va más allá de lo institucional: Estrada fue invitado a parrandas vallenatas y eventos familiares del rector y, según fuentes, existe un acuerdo político entre ambos —Romero apoyaría la futura aspiración de Estrada a la Asamblea del Cesar a cambio de su respaldo a la reelección del rector—. Antes, Estrada fue docente de posgrado en la UPC y trabajó en la UTL del actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien, aunque lo niega públicamente, habría tenido incidencia en el proceso.

Y es que fuentes le confirmaron a EL COLOMBIANO que la disputa por el control de la universidad escaló hasta involucrar a ministros y asesores presidenciales, algo que, en teoría, no debería de pasar por la propia idea del presidente Gustavo Petro, quien no está de acuerdo con la reelección de rectores en las universidades. Esto empieza por el lado de la delegada presidencial Juliana Guerrero, quien se opone a la reelección del rector Rober Romero.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habría intentado influir en el voto de Juliana Guerrero, apoyándose en su cercanía con Estrada, su exasesor y hoy delegado ante el CSU designado por el Ministro de Educación, Daniel Rojas. Aunque Sanguino niega cualquier intervención, fuentes afirman que ha sostenido contactos con funcionarios de Mineducación en favor del rector Rober Romero. En contraste, Rojas crítico de la reelección, enfrenta cuestionamientos por no actuar frente a Estrada, su delegado, señalado de operar en sentido contrario a su postura.

Otro actor en la contienda es el jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, quien, según fuentes, intentó reemplazar a Guerrero por un delegado “más alineado” con el bloque pro-Romero. Sin embargo, la Secretaría de Transparencia y parte del Palacio de Nariño frenaron esa movida por considerar que afectaría la legitimidad del proceso. En contraste, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha respaldado a Guerrero y la instrucción presidencial de no intervenir en los procesos universitarios. Si la votación vuelve a aplazarse, el proceso podría quedar en omisión y abrir la puerta a una intervención del Ministerio de Educación, dejando en evidencia las tensiones que hoy dividen al Gobierno alrededor de la UPC.

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