Dictadura roba centro deportivo ligado a directivo del San Marcos FC

La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo se habría apoderado del Centro Deportivo Fut Camp Los Román ubicado en San Marcos, departamento de Carazo, como parte de las medidas contra el ciudadano Kevin Ramón Mendieta Puerto, principal directivo del equipo de futbol San Marcos F.C. y acusado de contrabando, crimen organizado y lavado de activos agravado.

En imágenes divulgadas por cuentas ligadas al aparato de propaganda de la dictadura, las instalaciones del centro, ya intervenidas y en proceso de reformas, fueron presentadas como el nuevo Centro Deportivo Comandante Edmundo Pérez Flores “El Chino Edmundo”, nombrado en honor a un guerrillero sandinista.

“Las familias de San Marcos y municipios aledaños en el departamento de Carazo ahora contarán con un nuevo centro deportivo“, anunciaron varias cuentas de agitación y propaganda sandinistas.

No existe, sin embargo, registro alguno de que hubiera una orden de confiscación y, en caso de haberse emitido, esta violaría el Código Procesal Penal del país (artículos 112, y 166 a 168), dado que no ha habido sentencia firme contra ninguno de los acusados.

Incluso tras varias reformas de parte de la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, la legislación nicaragüense no autoriza la confiscación definitiva de bienes como sanción penal antes de una sentencia condenatoria firme.

Mendieta y otras cinco personas, incluyendo su esposa, son acusados de varios delitos por la justicia dominada por el sandinismo, con el cual habían sido cercanos durante años a través de la figura de Julinda Téllez Ampié, la alcaldesa de San Marcos, según confirmó una fuente cercana a Nicaragua Actual, bajo condición de anonimato.

La acusación fue presentada desde finales de mayo de este año y está siendo procesada en el X (Décimo) Juzgado Penal de Audiencia en Managua, pero trascendió al público a eso del 16 de junio. Los presuntos “malos pasos” (actividad criminal) de Mendieta habían sido denunciados por la ciudadanía con años de antelación.

Tanto Mendieta como su esposa, Yazoara del Socorro López Lindo, se encontrarían prófugos de la justicia, según los registros internos del Sistema Judicial. Del resto de acusados no ha habido mayor referencia, ya que el caso se maneja con el habitual secretismo y opacidad que caracteriza a los procesos judiciales del régimen.