Dictadura rechaza autoridad del Consejo de DDHH de la ONU

La representación de Nicaragua ante la LXXX Asamblea General de Naciones Unidas denunció al “manipulado, obsoleto e injerencista Consejo de Derechos Humanos” luego de que el Grupo de expertos en derechos humanos (GHREN, por sus siglas en inglés) presentaran sus informes probando la responsabilidad del Estado de Nicaragua en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

La defensa de Nicaragua ante la III Comisión para Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales de Naciones Unidas, durante la XXXIII Sesión Plenaria de la actual Asamblea General este jueves, 30 de octubre, consistió, como en otras ocasiones, de acusaciones de “imperialismo”, “injerencismo” y “neocolonialismo” intentando desviar los señalamientos al cuestionar la autoridad de los mecanismos internacionales.

“La III Comisión tiene un mandato esencialmente social, humanitario y cultural… la Asamblea General de la ONU no debe ser utilizada con fines de instrumentalización política ni para promover debates o informes que exceden su mandato y distorsionan su propósito original”, dijo la representante de la dictadura, Eleane Pichardo Urbina.

Pichardo acusó al GHREN de ser “impuesto por países occidentales y sus serviles” y de sostener “agendas políticas desestabilizadoras”, cuestionando la legitimidad de sus informes, que asegura se sustentan en “fuentes sesgadas” y “criterios manipulados por individuos y organizaciones financiadas por estos mismos países”, sin mencionarlos en concreto.

“Nuestro país rechaza toda resolución o informe carentes de legitimidad, como lo es este mal llamado ‘grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua’, concebido para fabricar acusaciones y justificar agresiones políticas contra nuestro país“, aseveró la representante.

Los hallazgos del GHREN, según Pichardo, “quedan reducidos a un planfeto de agresión sin autoridad”.

Dictadura no puede escapar de la denuncia

Pero los informes, ampliamente reconocidos por su cuidadosa metodología y meticulosa fundamentación, han probado más allá de toda duda razonable que la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo es responsable de crímenes de lesa humanidad, incluyendo el asesinato de al menos 350 ciudadanos durante el estallido social de 2018.

El GHREN ha logrado documentar “la persecución de toda voz disidente, desde ejecuciones sumarias, sobre todo en 2018, hasta torturas y deportaciones” a manos de la dictadura sandinista, como explicó el abogado y defensor de derechos humanos, Reed Brody, antes en esa misma sesión.

“El Estado y el partido gobernante Frente Sandinista prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro de Nicaragua”, donde “el sistema judicial es tan depredador y la represión tan fuerte que las familias de los desaparecidos, ya angustiadas, enfrentan aún más represión si buscan a sus familiares“.

Esta es la primera ocasión en que el Consejo de Derechos Humanos solicitó discutir la situación de Nicaragua ante la Asamblea General. Dado que Nicaragua se retiró del Consejo y de otros organismos defensores de estándares humanitarios a nivel internacional, el Consejo consideró relevante llevar la cuestión a una instancia que la dictadura no pudiera eludir.