Dictadura desplegará a más de 14 mil oficiales para reprimir la Semana Santa

La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció el habitual despliegue policial de cara a la Semana Santa, una medida que oficialmente busca garantizar seguridad y orden público, pero que en la práctica se ha convertido en un mecanismo de control y restricción de las actividades religiosas en Nicaragua.

Como en años recientes, la Policía Nacional, bajo control del régimen sandinista, informó sobre operativos acrecentados y mayor presencia en todo el país, con presencia reforzada en carreteras, balnearios y centros turísticos. Sin embargo, en paralelo, la mayor presencia policial impone las prohibiciones contra la celebración de actividades religiosas públicas.

De acuerdo con la información oficial divulgada por la Policía Nacional de Nicaragua, el operativo de este año contempla el despliegue de más de 14 mil agentes en todo el territorio nacional, como parte del denominado “Plan Verano Seguro 2026“.

Según el reporte institucional, el dispositivo incluye vigilancia en carreteras, destinos turísticos, balnearios, actividades recreativas y espacios públicos, así como la instalación de retenes y puestos de control en distintos puntos del país.

Además, se informó sobre la activación de unidades de tránsito, patrullas motorizadas y presencia permanente en municipios considerados de alta afluencia durante el periodo vacacional.

El plan también incorpora la participación de otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Salud (MINSA) y el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), cooperación enfocada a la atención de emergencias, primeros auxilios y prevención de incidentes en playas y carreteras.

No obstante, en la práctica, este despliegue coincide con el reforzamiento de las restricciones a las expresiones religiosas fuera de los templos y a la represión que caracteriza a la vida pública en Nicaragua desde el estallido social de abril de 2018.

Al menos 27 mil de estas procesiones han sido prohibidas o impedidas, según la investigadora Martha Patricia Molina, que lo refleja en el informe Nicaragua: Una iglesia perseguida.

Sacerdotes —en su mayoría ya exiliados— y feligreses han denunciado que la presencia policial no se limita a tareas de seguridad, sino que también implica vigilancia directa de parroquias, control de actividades litúrgicas y prohibición de procesiones tradicionales.

En años recientes, la Policía ha exigido permisos previos para cualquier manifestación religiosa en espacios públicos, los cuales en la mayoría de los casos son negados o condicionados, obligando a que celebraciones como viacrucis y procesiones se realicen exclusivamente dentro de los recintos eclesiásticos.

Este patrón se ha repetido especialmente durante la Semana Santa a partir de la prohibición generalizada en 2023, una de las festividades más importantes para la Iglesia Católica, cuyas actividades históricamente se desarrollaban en calles y comunidades.