Desde diciembre de 2023, Petro fue alertado sobre posibles hechos de corrupción en su Gobierno, según el expediente de la Corte

“Esas cosas no se pueden decir en voz alta”, le respondió Sandra Ortiz, entonces consejera para las Regiones, a Luis Carlos Reyes. Ocurrió el 18 de diciembre de 2023, en pleno Consejo de Ministros, justo después de que Reyes levantara la mano y, dirigiéndose al presidente Gustavo Petro, advirtiera que tenía conocimiento de posibles hechos de corrupción en el manejo de recursos del Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Ricardo Bonilla.El señalamiento apuntaba directamente al uso de los llamados cupos indicativos.

Reyes, entonces director de la Dian, fue el único que levantó la mano para anunciarle al presidente sobre lo que estaba ocurriendo. Era apenas la punta del iceberg del escándalo de corrupción más grave del actual gobierno. Sin embargo, lejos de provocar una reacción inmediata del mandatario, su denuncia no tuvo consecuencias. Por el contrario, lo que generó fue incomodidad y molestias entre varios de los funcionarios presentes ese 18 de diciembre.

Así lo dejó consignado el exdirector de la Dian y exministro de Comercio en su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, que lo citó a rendir declaración dentro de la investigación por corrupción en la UNGRD. El entramado, como se ha venido revelando, tenía múltiples ramificaciones. Una de ellas consistía en la supuesta “compra” de votos de congresistas mediante la asignación de cupos indicativos.

La declaración de Luis Carlos Reyes fue incorporada en la ponencia del magistrado Misael Rodríguez como parte del material probatorio para solicitar la medida de aseguramiento contra los congresistas.Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique.

Según el expediente, a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los congresistas supuestamente habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar).

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En su testimonio, Reyes aseguró que no tenía información puntual sobre el direccionamiento de contratos a los congresistas ni al excongresista Juan Diego Muñoz, pero sí sobre “la entrega de los denominados cupos indicativos” durante el Gobierno del que formó parte.

“Los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales (…) para que se direccionaran a entidades en las cuales podían otorgarse contratos a contratistas que dirigían los recursos hacia los congresistas”, afirmó ante la Corte. Añadió además que Andrea Carolina Riveros era la persona encargada de poner en marcha esa metodología.

La ponencia del magistrado Misael Rodríguez, de más de 600 páginas y revelada por El Tiempo, incluye nuevas revelaciones. Entre ellas, amplía detalles sobre la posible participación del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco,en la planeación de maniobras corruptas para inclinar los votos de congresistas a favor de las reformas del Gobierno.

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El documento se sustenta no solo en el testimonio de Luis Carlos Reyes, sino también en las declaraciones de otros exfuncionarios del gobierno Petro.

Una de ellas, Sandra Ortiz, aseguró ante la Corte Suprema que, para la época, comenzó a hablarse de una “política” orientada a sacar adelante las reformas sociales del Ejecutivo. Según su versión, fue el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien presentó la estrategia, que consistía en “adoptar” a un congresista con el objetivo de alinear su voto con los proyectos del Gobierno.

La ponencia señala a Luis Fernando Velasco como el funcionario que “sembró” el plan criminal para corromper a los miembros de las comisiones económicas del Congreso. Por su parte, el exministro niega rotundamente los señalamientos y asegura ser víctima de calumnias e injurias.

Velasco hace parte del grupo de una vez exfuncionarios a quienes la Corte Suprema compulsó copias para que la Fiscalía iniciara una investigación formal en su contra.

El documento del magistrado Rodríguez deberá ser debatido entre los demás integrantes de la Sala de Instrucción para definir si se impone o no la medida de aseguramiento a los congresistas. La Procuraduría pidió rechazar la medida.