Denuncian muerte bajo custodia de recluso con varios padecimientos: «Estaba golpeado»

MIAMI, Estados Unidos. – Lázaro Vasco Francisco Castillo, un hombre afrodescendiente, esquizofrénico paranoide y con múltiples condiciones crónicas de salud, falleció este martes, 10 de junio, en el Hospital Clínico Quirúrgico “Diez de Octubre”, más conocido como La Dependiente, en La Habana, tras haber sido supuestamente liberado horas antes de su muerte. 

Tras el fallecimiento, la familia de Francisco Castillo se comunicó con CubaNet para denunciar irregularidades en el proceso, falta de atención médica y ausencia de una explicación oficial clara.

Según relató Jacqueline Francisco Castillo, hermana del fallecido, la familia fue informada de la muerte a través de una amiga y posteriormente por oficiales que no ofrecieron una versión unificada de los hechos. “Hay dos versiones: un oficial alega que la causa fue una infección generalizada y otro oficial alega que fue un infarto”, explicó.

Francisco Castillo se encontraba cumpliendo sanción en la Compañía No. 12 de la Unidad 1580, prisión conocida como El Pitirre, en San Miguel del Padrón. Su estado de salud incluía diagnóstico de esquizofrenia paranoide, diabetes, asma y un historial de más de cuatro ingresos en el Hospital Psiquiátrico de La Habana (Mazorra). Su familia insiste en que “su caso no era compatible con el régimen penitenciario”.

La cadena de hechos relatada por los familiares expone inconsistencias graves. Según el oficial presente en el hospital, el recluso habría sido liberado a las 8:00 a.m. del 10 de junio, pero falleció ese mismo día a las 2:00 p.m. en el hospital. 

El cuerpo fue trasladado inicialmente al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicó una autopsia. Posteriormente, fue llevado a la funeraria de Marianao. Allí, la familia notó signos visibles de posible violencia. “Nos percatamos, al vestirlo, que estaba golpeado en la zona del pecho”, aseguró la hermana.

Además, un oficial identificado como Hernández Suárez, de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (MININT), comunicó a la familia que el fallecimiento se debía a “la emoción de recibir la libertad”.

La madre del fallecido, Mercedes Castillo Carrillo, fue requerida para firmar la supuesta orden de libertad, a lo cual se negó. La familia señala que, hasta el momento, no ha tenido “atenciones de ningún oficial que dé explicaciones”.

Jacqueline Francisco Castillo considera que su hermano “no recibió una asistencia médica adecuada” y que “murió por falta de atención médica”.

El entierro del fallecido se programó para las 3:50 p.m. de este miércoles.

Un patrón que se repite

A inicios de junio, a raíz del fallecimiento del joven Víctor Ángel Rodríguez Martí, quien se encontraba recluido en la Segunda Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Santiago de Cuba, el Centro de Información Legal Cubalex denunció que las muertes bajo custodia estatal no eran hechos aislados y que constituían “violaciones sistemáticas de derechos humanos”.

“Cada muerte bajo custodia es una alerta urgente sobre la desprotección, la impunidad y el abuso de poder por parte de las autoridades”, indicó la ONG.

Asimismo, subrayó que el Estado cubano tiene la obligación de garantizar la vida y la integridad física de toda persona bajo su custodia. 

Los dos casos mencionados se suman a un patrón más amplio documentado por la misma organización. Según un informe presentado por Cubalex en julio de 2024, entre enero de 2022 y enero de 2024 ocurrieron al menos 56 muertes bajo custodia estatal en Cuba. De ellas, 34 correspondían a reclusos en cárceles, nueve a detenidos en estaciones policiales y 11 a reclutas del Servicio Militar (de carácter obligatorio para los hombres mayores de 18 años en la Isla).

Cubalex concluye que “la falta de investigaciones adecuadas, independientes y transparentes perpetúa la impunidad de los responsables” y recuerda que el derecho internacional obliga a los Estados a proteger el derecho a la vida, especialmente en contextos de detención. 

A finales de 2024, también la organización Justicia 11J denunció que al menos cuatro personas condenadas por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J) habían perdido la vida mientras cumplían sus penas en prisiones cubanas. 

Las muertes fueron atribuidas al régimen de la Isla “por comisión directa, o por negligencia y abandono en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Estos fallecimientos reflejan, según la organización, la grave situación que enfrentan los presos políticos en el país. La persistencia de denuncias sobre falta de atención médica, condiciones insalubres, torturas y malos tratos refuerza la percepción de que el Estado cubano incumple sus obligaciones de salvaguardar la vida y la integridad de quienes están bajo su custodia.