Denuncian ante la ONU la represión del derecho de asociación en Cuba

MADRID, España.- La activista cubana y directora ejecutiva de Ciudadanía y Libertad, Carolina Barrero, se reunió este miércoles en Nueva York con Gina Romero, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de asociación y de reunión pacífica. El encuentro tuvo lugar en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas y contó con la presencia de representantes de la Unión de Expresos Políticos Cubanos, así como miembros de Center for a Free Cuba, Consorcio Justicia, Freedom House y Human Rights Foundation.

Durante la reunión, Barrero presentó a la relatora los elementos centrales del informe jurídico “El derecho de asociación en Cuba: arquitectura legal de la represión”, elaborado por Ciudadanía y Libertad. El estudio documenta cómo las normas vigentes en la Isla se utilizan como un instrumento de control político, restringiendo severamente la posibilidad de que existan organizaciones independientes.

“Cuba es hoy el país con el espacio cívico más cerrado del hemisferio y uno de los más restrictivos a nivel global”, subrayó Ciudadanía y Libertad ante la ONU. La organización señaló que la reunión con la relatora constituye un avance importante en la articulación de esfuerzos para visibilizar estas violaciones y fortalecer la cooperación con los mecanismos de Naciones Unidas. “Este encuentro representa un paso más en los esfuerzos de articulación internacional para visibilizar las violaciones de derechos civiles y políticos en Cuba”, publicó Ciudadanía y Libertad en su cuenta de Facebook.

Un entramado legal que sofoca la autonomía ciudadana

Según el informe, que salió a la luz en mayo pasado, el procedimiento de registro de asociaciones, establecido por la Ley 54/1985, opera como un filtro ideológico que excluye cualquier iniciativa autónoma de la ciudadanía. Además, leyes complementarias como la Ley 80/1996 y la Ley 88/1999 castigan el acceso a financiamiento internacional, considerándolo incluso un acto de colaboración con gobiernos extranjeros. Esta combinación de normas, explica el documento, consolida un sistema legal que neutraliza cualquier forma de organización fuera de las estructuras oficiales.

Otro de los hallazgos destacados es la falta de transparencia en el Registro de Asociaciones, al que la ciudadanía no tiene acceso público. Esta opacidad institucional refuerza el monopolio del Estado sobre la vida cívica y deja sin herramientas legales a quienes intentan organizarse de manera independiente. Como resultado, la mayoría de las organizaciones reconocidas en Cuba actúan subordinadas al aparato político oficial, mientras que quienes se mantienen al margen enfrentan persecución, amenazas laborales y exclusión social.

Una estrategia de largo plazo para fortalecer alianzas

Ciudadanía y Libertad surgió en Madrid en la primavera de 2023 como respuesta a la persecución que enfrentan los activistas y organizaciones de derechos humanos en Cuba y a la inexistencia de garantías legales para su protección. Su labor se centra en promover los derechos de asociación, reunión pacífica y participación política, amparados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La organización trabaja especialmente con sectores vulnerables —entre ellos estudiantes, campesinos, mujeres, familiares de presos políticos y activistas medioambientales— a los que se les niega el ejercicio de derechos fundamentales. Entre sus objetivos están fortalecer las capacidades de la sociedad civil, impulsar reformas legales que garanticen libertades básicas y proteger a las personas perseguidas por su activismo.

La reciente presentación del informe en Nueva York se enmarca dentro de una estrategia de incidencia que busca comprometer a gobiernos democráticos y organismos internacionales a actuar frente a la represión institucionalizada en la Isla. Al exponer este escenario ante la Relatoría Especial, las organizaciones presentes procuran abrir nuevos canales de presión y acompañamiento internacional.

Más allá de la denuncia puntual, Ciudadanía y Libertad apuesta por consolidar alianzas que permitan sostener en el tiempo una agenda de defensa de derechos civiles para la ciudadanía cubana. La organización considera que la cooperación internacional no debe limitarse a declaraciones simbólicas, sino traducirse en acciones concretas que fortalezcan la capacidad de respuesta frente a la represión estatal. De esta manera, busca que las violaciones documentadas no queden en la impunidad y que los espacios cívicos hoy clausurados puedan, en un futuro, ser recuperados por la sociedad cubana.