Del «sector privado» a las privaciones de un sector

LA HABANA, Cuba. – Una vez más se les perdona la vida o, mejor dicho, se prorroga la sentencia de muerte contra aquellos negocios del “sector privado” que no perecieron en la última redada. Los “actores económicos estatales” podrán continuar con la comercialización mayorista, una vez que se ha extendido el plazo de aplicación de la Resolución 56 del MINCIN, pero —y lo ha dicho la propia ministra Betsy Díaz Velázquez— solo esperando a que los gobiernos locales y los máximos decisores nacionales terminen de elegir quién se queda y cuales se irán, teniendo en cuenta el grado de vinculación de los sobrevivientes con el sector estatal. 

Pero el verdadero objetivo es, si no extinguirlos del todo, al menos reducirlos a esa mínima expresión que no le haga demasiada sombra a la “empresa estatal socialista” y que, además, no compita con los negocios asociados con la élite en el poder, plegados totalmente a esta en sus decisiones y propósitos, sin verdadera autonomía, lo cual pone en duda su carácter “privado”, aunque al mismo tiempo les permite proyectar hacia el exterior una ilusión de “reformismo económico”, de “actualización”, de “apertura”, que a la vez repercute en la percepción de lo político, cuando en realidad asistimos a un maratónico retroceso.

“Estatalizar” el “sector privado” más que una estrategia económica es una maniobra política donde se prefiere priorizar el mantenimiento del control absoluto de todos los actores económicos por sobre los beneficios que, sin dudas, traería la liberación total de las fuerzas productivas. 

Pero incluso antes de esta extinción masiva a la que asistimos, ¿se podía hablar de un verdadero “sector privado” en Cuba, es decir, posterior a todo lo ocurrido hasta nuestros días, después de 1959? ¿Por qué algunos nos hemos negado a llamarlo así?

Hasta en el propio discurso del régimen cubano y en los medios de prensa asociados a este, la tendencia es a emplear el término “sector no estatal”, precisamente porque describe mucho mejor la idea que el propio gobierno tiene sobre ese grupo, aunque lo hace desde la exclusión, es decir, discriminando esa parte del sistema de empresas cubanas que, igualmente regidas y fiscalizadas por las instituciones estatales, se excluyen de esa “entidad superior” que se denomina “empresa estatal socialista” y que, de acuerdo con la Constitución cubana, es el sector priorizado de la economía socialista, en un sistema político de socialismo irrevocable e inextinguible, donde fenómenos como la acumulación de capital, la competencia empresarial con el sector estatal o la creación de gremios, sindicatos y grupos de interés, independientes del control del Partido Comunista, están prohibidos.

Se recurre al uso de “sector privado” solo porque no existe otro término mejor para nombrar eso que no debiera ser llamado así, tomando exclusivamente como referencia el origen privado del capital de la inversión. Son muchos más los factores —relacionados con el funcionamiento de las empresas en su entorno económico y político— que se necesitan para definirla como parte de un genuino “sector privado” tanto en Cuba como en el resto del mundo. 

Más allá de la dificultad semántica para encontrar el término ideal que se adecue exactamente a lo que ocurre en el contexto cubano actual, es imprescindible conocer la limitada capacidad y el estrecho margen de iniciativa personal que tienen los emprendedores cubanos no solo para expandir su negocio, hacerlo crecer honestamente sin infringir leyes, sino además para proponerse y desarrollar nuevas metas que pudieron no estar contempladas en el proyecto original (presentado para obtener la autorización del gobierno), lo cual conllevaría a una serie de trámites burocráticos, que son otra prueba de la poca independencia del llamado “sector privado”.  

De acuerdo con las disposiciones legales más recientes, la aprobación de un negocio no estatal, de una mipyme, depende de la aprobación de los gobiernos locales y de lo que estos contemplen en sus planes de desarrollo, es decir, la emisión de una licencia es prerrogativa de lo que determine una comisión municipal —con frecuencia integrada por personas sin ningún conocimiento de economía—, que se basa en un nomenclador de necesidades regionales donde son prioridad por ejemplo, la producción de alimentos o de materiales para la construcción, la transportación de pasajeros o la recogida de desechos pero no, digamos, la fabricación de calzado o la elaboración de perfumes y jabones.

Es decir, si alguien tuviera el capital y la idea para emprender un negocio de zapatos, porque es lo que sabe hacer por tradición familiar o porque ha identificado un mercado potencial más allá de la localidad donde vive, entonces solo porque no está contemplado en los planes de desarrollo local del gobierno, se vería frustrado. En caso de que aceptara las reglas del juego, entonces tendría que decidirse a poner su capital allí donde le indique el gobierno que lo haga, lo cual trae consigo otra serie de requerimientos que pudieran variar con el tiempo, en dependencia de las necesidades, términos y prioridades de quienes aprobaron el proyecto.

Cuando se crearon las primeras mipymes no existían tales regulaciones, de modo que actualmente existe un número importante de empresas no estatales cuyos objetos no coinciden con los planes de desarrollo local pero, precisamente por eso, han enfrentado dificultades para vincularse con el sector estatal, a lo cual están obligadas cuando, por ejemplo, tienen por finalidad la importación o determinadas producciones.  De modo que deberán hacer cambios en los objetos del proyecto original de la empresa o terminarán cerrando. 

Todo esto conlleva el riesgo de que la empresa, sin importar rentabilidades, se extinga cuando la necesidad deje de existir para el gobierno local o cuando esta sea cubierta por una empresa estatal o incluso por una empresa de capital extranjero.

Esta inseguridad no es nueva. Ha definido el escenario económico cubano desde las primeras reformas emprendidas por Fidel Castro a mediados de los años 90 (reformas a su propia “Ofensiva Revolucionaria”, por la cual aniquiló totalmente lo privado), y que tenían por objetivo no tanto crear un “sector privado” (jamás fue nombrado como tal) como sí legalizar una realidad imposible de negar y mucho menos de aniquilar (la de los “trabajadores por cuenta propia”) que igual suplía una necesidad coyuntural en el sector turístico, relacionada con la carencia de diversidad en la oferta gastronómica y de alojamiento, de ahí que apareciera el fenómeno de las “paladares” o restaurantes no estatales, y las primeras licencias para que operaran, junto con los arrendamientos de habitaciones, aunque en un marco de innumerables limitaciones que los colocaban en desventaja con establecimientos del régimen.

Fidel Castro nunca ocultó lo poco que le agradaba la decisión, aunque representaba un salto gigantesco en la economía cubana, ajustada a la perfección al modelo soviético y que, a finales de los años 60, había exterminado todo indicio del sector privado. Ni siquiera sobrevivió el más humilde vendedor callejero.

Históricamente, la tendencia del régimen cubano ha sido la de otorgar al “sector no estatal” un carácter coyuntural, circunstancial, es decir, un remedio al que se recurre hasta tanto se encuentre otra solución desde el ámbito de la “empresa estatal socialista”. Otro ejemplo es, sin dudas, lo sucedido a finales de los años 90, exactamente en 1998, con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela. El escenario económico para Cuba comienza a cambiar positivamente. Entonces, suprimida la necesidad, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social detiene abruptamente la concesión de nuevas licencias para el trabajo por cuenta propia.

Algo similar ocurrió apenas tres años después de la llamada “actualización” del modelo económico emprendida por Raúl Castro en 2010. En 2013, aparece el Decreto 315 que, buscando “ordenar” el sector no estatal, en realidad impuso un significativo número de restricciones al acotar en una descripción el alcance de cada actividad autorizada. En ese instante se cerraron actividades que funcionaban con autorización y algunos emprendedores perdieron inversiones que se encontraban en ejecución. Fue el caso del bloqueo a las salas de cine 3D, una medida cuyo trasfondo es eminentemente político.

Abundan los ejemplos como estos, que demuestran la inseguridad y volatilidad de las “reformas” en el escenario económico cubano, debido al carácter estrictamente auxiliar, utilitario de un “sector privado” que existe apenas como soporte o paliativo provisional de un sector estatal en crisis, y que además pretende recuperarse a partir del capital acumulado por aquel para luego reemplazarlo totalmente y realizar ese ideal de economía absolutamente controlada por el Estado.

De ahí que un buen número de las mipymes creadas en la actualidad, aunque aparecen registradas como “privadas”, en realidad son emprendimientos desgajados de las empresas estatales. 

Si revisamos bien quiénes las componen, incluso con qué dirección están registradas y cuáles son sus emplazamientos físicos (almacenes, comercializadoras, bases de transporte, fábricas de componentes, de materiales de la construcción, etcétera) al frente de ellas podemos encontrar ex directivos de empresas estatales, funcionarios de ministerios, militares, ex dirigentes políticos, familiares de estos, en fin, claras señales de que existe un esquema donde es evidente lo que pudiéramos llamar la “estatalización del sector privado” o, mejor dicho, su “castración” (tanto por lo de Castro como por lo de “castrar”). 

Un esquema signado por la corrupción, por el nepotismo, y ahí están los casos de los ministros Jorge Luis Perdomo Di-Lella y Alejandro Gil Fernández, pero también de los que jamás “explotan”, los de la extensa familia Castro, y los de Guillermo García Frías, y también los de las hijas de Antonio Núñez Jiménez, y de otros muchos más, dueños de mercados, bares, fincas, casas de alquiler, comercializadoras, importadoras, de alimentos y de autos, y de todo cuanto saldrá a la luz según vayamos descubriendo.

La estrategia contra el “sector privado”, esencialmente represiva, busca no solo mantener el control absoluto sobre un gremio con potencialidades de transformarse en una fuerza política (capaz de poner en jaque al Partido Comunista, una vez que lo iguale o supere en poder económico) sino que, además, contribuye a enmascarar como “privado” lo que de otro modo no hubiera recibido el favor de los muchos programas de apoyo internacionales que pretenden ayudar al gobierno cubano a esquivar el “bloqueo” de Estados Unidos, cuando en realidad el verdadero bloqueo, el más dañino, es el bloqueo interno que emana de la propia dictadura.