Defensor de DDHH: Muerte de Mauricio Alonso apunta a tortura en prisión

El preso político Mauricio Alonso fue enterrado de forma exprés y bajo custodia policial tras haber sido entregado sin vida en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades del régimen sandinista de Nicaragua el lunes, 25 de agosto.

Alonso fue detenido el 17 de julio en el departamento de Carazo junto a su esposa e hijo en el marco de redadas policiales previo a la conmemoración oficialista de la revolución sandinista, el 19 de julio. Su esposa fue liberada ese mismo día.

“Se trata de una ejecución arbitraria, un asesinato“, declaró en entrevista con Nicaragua Actual el abogado y defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, parte del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

“Su detención fue absolutamente arbitraria. (Fue víctima) de desaparición forzada y, obviamente, habría que considerar tortura porque la condición de desaparecido lleva implícita tortura“, agregó Carrión.

La detención de Alonso ocurrió con particular violencia. Hombres encapuchado, presuntamente agentes al servicio o simpatizantes del régimen sandinista, irrumpieron en su vivienda. Tras la detención, familiares y allegados intentaron dar con su paradero en cárceles y hospitales sin éxito.

La llamada del Instituto de Medicinal Legal (IML) a la familia informando de la muerte de Alonso llegó exactamente un mes, una semana y un día después de su detención.

“Se presume completamente responsables” por su muerte a los perpetradores de la detención arbitraria de Alonso, detalló el defensor Carrión. “Que lo enterrasen de inmediato” también expone la irregularidad del asunto, agregó. “¿Por qué no dar nunca información?, ¿por qué proceden a enterrarlo de inmediato?”

“Sólo alguien actuando ilícitamente en comisión de graves violaciones a los derechos humanos pueden actuar así; librarlos de responsabilidad sería errado de nuestra parte porque desde el primer minuto en que lo privan de libertad y lo desaparecen“, ya hay un crimen de lesa humanidad, subrayó el abogado.

Desaparición “vulnera todos los derechos”

A juicio de Carrión, el entierro forzosamente apresurado y bajo custodia policial al que fueron sometidos los familiares de la víctima supone “una acumulación a los sucesivos dolores” infligidos desde la detención arbitraria.

“Ni siquiera le dan la oportunidad que tiene toda persona al morir un ser querido de realizar un momento propio de la intimidad de la familia que está con el dolor: pasar el momento y compartir el dolor con familia, amigos y comunidad”, eso fue negado a la familia del difunto, especificó el defensor.

Según Carrión, la desaparición forzosa “vulnera todos los derechos”, comenzando con el derecho a la libertad. “A la vista, todos estos actos atribuibles al Estado —en un contexto de sistemática persecución, como lo hay en Nicaragua— pueden configurar crímenes de lesa humanidad“, añadió.

Redadas continúan

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos repudió el crimen en contra de Alonso, declarando en su cuenta de Twitter (ahora X) que “no tolerará tal crueldad ni olvidará este crimen“.

En vida, Alonso estuvo involucrado en organización política en su municipio. Fue el último presidente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS; hoy UNAMOS) en Carazo. Previo a su detención, había sufrido de acoso policial y vigilancia de simpatizantes sandinistas.

En la redada ejecutada en Carazo a mediados de julio, otras siete personas fueron detenidas además de Alonso. A mediados de agosto, alrededor de 27 personas fueron detenidas por la Policía Nacional al servicio del régimen sandinista, según reportes de organismos opositores y medios independientes.

Estas detenciones constituyen una escalada represiva que ha dejado un mínimo de 54 presos políticos, según datos de julio del Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas. Según el observatorio de Mecanismo Azul y Blanco (MAB), sólo tres detenidos de la última redada en agosto fueron liberados, por lo que el total bien podría ascender hasta 78 personas presas por motivos políticos.