Defensa de Chiquita Brands y sus reparos para no indemnizar a víctimas: sostiene que hubo compra de testigos

Según la apelación presentada ante la Corte de Apelaciones del Circuito Onceavo de Estados Unidos, la multinacional también asegura que el monto de la indemnización es “desproporcionado”.

La primera reunión entre ejecutivos de Chiquita Brands y Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue a finales de 1996, en Medellín. En ese encuentro, se acordó que la compañía pagaría a las AUC tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada a cambio de que estas protegieran sus operaciones y reprimieran cualquier tipo de protesta laboral por parte de los trabajadores bananeros.

En junio de 2024, el Tribunal del Distrito Sur de Florida encontró responsable a Chiquita por las consecuencias violentas que su colaboración con las AUC causó en la población colombiana, y fue condenada a pagar 38 millones de dólares a las víctimas. A mayo de 2025, la multinacional no ha pagado un centavo de la indemnización que le fue adjudicada.

Según la apelación presentada ante la Corte de Apelaciones del Circuito Onceavo de Estados Unidos, revelada por El Espectador, Chiquita estaría buscando tumbar el proceso y tener un antecedente a su favor de cara a los múltiples juicios pendientes.

El recurso interpuesto por Chiquita, redactado por la firma legal Blank Rome, busca justificar la actuación de la empresa en una de las regiones más violentas de Colombia durante los años noventa.

Según el documento, las operaciones de la multinacional en el Urabá se desarrollaron en un contexto de conflicto armado interno, en el que guerrillas, paramilitares y las fuerzas estatales se disputaban el control territorial. Chiquita afirma que, pese a las condiciones extremas y a la muerte de 25 empleados de su filial Banadex a manos de las Farc en 1995, “Chiquita permaneció en Colombia y continuó pagando salarios y ofreciendo oportunidades”, dice en la apelación.

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En su defensa, Chiquita argumenta que buscó asistencia de la Fuerza Pública colombiana ante las amenazas constantes, pero que esta no fue capaz de brindar protección efectiva. Como resultado, la empresa recurrió al pago de sumas de dinero a grupos armados, específicamente a las Farc, lo que cataloga como pagos por extorsión, no como financiación al terrorismo.

Estos pagos, según la apelación, fueron realizados con el respaldo de firmas legales y consultoras en seguridad, quienes concluyeron que eran necesarios para preservar la vida del personal en Colombia.

El argumento central de la apelación es que Chiquita fue víctima de un entorno coercitivo en el que no tuvo más opción que cumplir con las exigencias de los grupos armados ilegales. En 1997, la situación cambió cuando los paramilitares de la Casa Castaño tomaron control del Urabá y exigieron que la empresa desviara los pagos hacia ellos. Según se lee en el documento, le ordenaron a Charles Keiser, gerente de Banadex, pagarle a ellos o, de lo contrario, sería declarado objetivo militar.

“De 1997 a 2004, Chiquita pagó un promedio anual de US $212.500 en pagos de extorsión a las AUC, lo cual representó menos del 0.04 % de sus ingresos anuales por cocaína”, estipula la apelación. Al respecto, el jurado concluyó que los pagos realizados por la empresa estaban relacionados con el asesinato de ocho personas, ya que la compañía era plenamente consciente de los objetivos de la organización armada y su apoyo generaba un “riesgo previsible de daño”. Esta conexión, según el jurado, hacía a Chiquita responsable por facilitar actos violentos en la región.

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No obstante, en su apelación, la multinacional solicita que se revoque ese fallo y se reconozca que, si bien existieron pagos, no hay pruebas concretas que los vinculen directamente con los crímenes ocurridos. Chiquita argumenta que no existe evidencia que demuestre que esos recursos fueron utilizados específicamente para cometer asesinatos.

Además, en su recurso legal, Chiquita Brands pide a la Corte de Apelaciones que se tenga en cuenta información que implicaría a uno de los abogados de las víctimas, Terrance Collingsworth, en una supuesta manipulación de testigos. La empresa sostiene que hay indicios de que Collingsworth pudo haber pagado a testigos para favorecer a sus clientes, lo que, de comprobarse, podría afectar la legitimidad del proceso en su contra.

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