Defendió a la Primera Línea y fue acusado por estafa: este sería el nuevo ministro de Justicia

A un par de meses de cumplir tres años en la Presidencia, Gustavo Petro está nombrando en cargos importantes a funcionarios cuestionados de su entraña política, cuya trayectoria no es la más destacada en el sector, pero le garantizan que ellos tendrán la última palabra: “sí señor”.

Es el caso de Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia, quien al mismo tiempo está como ministro encargado de Justicia desde la salida de Ángela María Buitrago hace un par de semanas. La exministra dejó el cargo tras denunciar que habría sido presionada para hacer nombramientos clave por parte del exministro Armando Benedetti y la directora del DAPRE, Angie Lizeth Rodríguez. Incluso, afirmó que hace meses no recibía instrucciones del Jefe de Estado. Benedetti y Rodríguez —quien también, como Ocampo, es ficha del ministro de Salud Guillermo A. Jaramillo— han negado las acusaciones.

Pero fuentes del entorno de Buitrago le dijeron a EL COLOMBIANO que la exministra escuchó que querían reemplazarla, justamente, por Ocampo, a quien nombrarían en encargo, como terminó sucediendo.

Todo parece indicar, según dijo el propio mandatario en el Consejo de Ministros televisado hace una semana, que ese cuestionado abogado sería el nuevo ministro en propiedad y volvería a quedar vacante la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Inicialmente, el presidente quiso nombrar a Héctor Carvajal, quien fue su abogado, pero este negó el ofrecimiento para aspirar a algo mejor: ser ternado para magistrado de la Corte Constitucional. El Senado lo eligió hace diez días. En ese alto tribunal, también ternado por Petro, está Vladimir Fernández, quien fue su primer secretario jurídico en la Presidencia.

No es cualquier cargo y de hecho ahí es donde empiezan las polémicas de Ocampo.

Quien lidere la Secretaría Jurídica de la Presidencia tiene línea directa con el jefe de Estado. Es quien le pasa los documentos importantes al mandatario de turno para que los firme y resuelve dudas legales sobre asuntos que no solo comprometen a la Presidencia sino a varias carteras. Así sucedió, por ejemplo, con el decreto de conmoción interior del Catatumbo que fue realizado en tiempo récord por Paula Robledo, exsecretaria jurídica, quien al frente de ese y otros asuntos demostró ser una jurista destacada.

Su sucesor, en cambio, no tiene las mejores credenciales. Un ejemplo reciente tiene que ver con el polémico decreto de Presidencia en el que nombraron al ministro Benedetti para asumir funciones delegatarias durante los días de viaje del presidente Petro a China y Ciudad del Vaticano. El documento, firmado por el propio mandatario, tuvo que ser modificado porque según Petro quien lo iba a reemplazar sería Jaramillo.

A raíz del episodio de “confusión”, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, demostró que Presidencia había avisado al Congreso que su reemplazo sería Benedetti y que éste cumplía con los requisitos de ser militante del movimiento político de la Colombia Humana. Resulta que Benedetti fue, supuestamente, acreditado como militante en 2021, pero hay cuestionamientos sobre la veracidad de ese documento, pues ni el propio ministro tenía clara su filiación. Detrás de todo ese revuelo y desorden administrativo estuvo Ocampo. La propia directora del Dapre, Angie Rodríguez, dijo en su defensa en una entrevista en W Radio que “tengo muy claro cuáles son mis funciones y competencias (…) yo no soy la persona que le pasa la firma de los documentos al señor presidente (…) la dependencia encargada es la Secretaría Jurídica de la Presidencia”.

Augusto Ocampo es un polémico abogado que fue el zar anticorrupción de la Alcaldía de Ibagué cuando gobernó el hoy ministro Jaramillo. También trabajó como director distrital de asuntos disciplinarios en la Alcaldía de Bogotá cuando el presidente Petro fue alcalde. Aparte de esos dos cargos, fue magistrado auxiliar y conjuez del Tribunal Superior de Bogotá y fue fiscal en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pero en el petrismo lo recuerdan porque fue asesor legal de la Colombia Humana durante el paro de 2021. Allí lideró la iniciativa Primera Línea Jurídica que buscaba defender a personas detenidas durante las marchas.

También, archivos de prensa registran que en 2018 un medio local, El Olfato, denunció que al tiempo que la Alcaldía de Ibagué contrató a Ocampo como zar anticorrupción, también vinculó a su novia y a su hija en la Secretaría de Hacienda, que era la entidad encargada de supervisarlo.

Además, como funcionario de Petro en Bogotá, la Personería lo inhabilitó por 10 meses “por publicar en su cuenta de Twitter (hoy, X) expresiones irrespetuosas y calumniosas contra reconocidos periodistas del país y contra la veedora distrital, Adriana Córdoba”. También hizo comentarios ofensivos contra reconocidos periodistas. Luego fue absuelto en segunda instancia.

Hace poco, el pasado 19 de marzo, se conoció una decisión que también absolvió a Ocampo por un caso en el que había sido acusado y sancionado por presunta estafa. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Ibagué lo sancionó en febrero de 2024 con una inhabilidad de cuatro meses para ejercer como abogado. Esto, a raíz de una denuncia de un ingeniero que contrató a Ocampo en un proceso y dijo haberle pagado $10 millones de pesos, pero el litigante no presentó los documentos, lo que según él se habría constituido en una estafa. Ocampo apeló la decisión y quedó absuelto en segunda instancia, a pesar de que la Comisión señaló que hubo falencias en el ejercicio profesional. El abogado demostró que solo le pagaron la mitad de los honorarios y que la radicación de esos documentos dependían del pago total, incluso negoció con su cliente para devolver el anticipo.

Lo cierto es que, de concretarse el nombramiento de Ocampo en el Ministerio de Justicia, sin duda el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ampliaría su poder en el Gobierno en estos últimos meses de mandato. Además de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, este diario reveló que como subdirector fue ascendido José Alexis Mahecha, polémico exagente del DAS también cercano a Jaramillo.

Si Ocampo corresponde a los intereses de Petro y Jaramillo, sin cuestionar las instrucciones que le den por más descabelladas que sean, la cartera de Justicia perderá la credibilidad que obtuvo con dos ministros destacados de este Gobierno: Néstor Osuna y Ángela María Buitrago.