¿Culpable o inocente? Claves para entender el veredicto del juicio de Álvaro Uribe

Hay momentos en la historia de un país que marcan un antes y un después: y en el caso de Colombia podría ser el próximo lunes 28 de julio cuando una juez de Bogotá decidirá si el expresidente Álvaro Uribe es responsable de cargos de presunta manipulación de testigos y fraude en proceso judicial.

Buena parte de la opinión pública está tan confundida que no sabe bien si a Uribe lo están enjuiciando por delitos de lesa humanidad o por comprar a un testigo.

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Si bien hay una gran diferencia entre un delito y otro, en caso de ser condenado, para el expresidente Álvaro Uribe no dejaría de ser un duro golpe a su dignidad. Al fin y al cabo cualquier infracción a la ley es grave.

Y, por otro lado, para los detractores más vehementes del mandatario seguramente les dará igual de cual delito se trate con tal de ver detrás de las rejas a un hombre que se les ha convertido en obsesión.

No deja de ser paradójico que en un país como Colombia, marcado por uno de los más crueles conflictos armados, por las más feroces estructuras de crimen organizado y corrupción a gran escala, el juicio del siglo, tenga que ver con tratar de dilucidar si se usaron o no artimañas para conseguir un testimonio.

El caso podría poner tras las rejas no solo a un Presidente de Colombia, algo que nunca antes había ocurrido, sino además al presidente –según encuestas– más popular de los últimos 50 años.

La historia del caso, a pesar de la maraña jurídica, no es complicada. En 2010, mientras Álvaro Uribe dejaba la Presidencia de la República, tras ocho años en ella; Iván Cepeda llegaba por primera vez a la Cámara de Representantes.

Antes de asumir como congresista, en febrero de 2009, Iván Cepeda viajó con Piedad Córdoba a Washington para entrevistar a Salvatore Mancuso, lo hizo en calidad de vocero del Movimiento de Víctimas. Pidieron también conversar con Juan Carlos ‘el tuso’ Sierra, otro paramilitar extraditado, que compartía dormitorio con Mancuso.

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El dato es relevante porque Sierra reveló luego a medios de comunicación que lo habían buscado para ver si podía darles información que implicara a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago.

Incluso, durante el juicio este año, Sierra contó que Danilo Rueda –el excomisionado de paz de Petro que también estuvo en la gira– quedó de gestionar el asilo para la familia de Sierra en Suiza y Francia.

“Me dijeron que los contactara con algún allegado mío en Medellín para que le entregara los papeles que se necesitaban para gestionar el asilo y yo les puse una persona”. Pero que en últimas: “No se gestionó absolutamente nada porque, como le digo, seguro las expectativas de la reunión, de lo que ellos querían escuchar, no lo satisfizo”, dijo a la juez.

Salvatore Mancuso, al ser interrogado en el mismo juicio, básicamente lo confirmó. Contestó que “sí” le habían preguntado a Sierra por Uribe.

Ese punto ha salido a relucir en el proceso porque podría mostrar un modus operandi: buscar delincuentes en las cárceles que quieran tener beneficios a cambio de dar testimonio.

Es lo que ahora llaman lawfare, en español, guerra jurídica, que se usa como un arma para deslegitimar o neutralizar a un adversario político.

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En este caso no era un enfrentamiento político más: se enfrentaban dos maneras opuestas de ver la realidad del país. Álvaro Uribe se había caracterizado por un gobierno de mano dura contra la guerrilla: en sus dos gobiernos les hizo la vida imposible. Las fuerzas militares pasaron de tener presencia en 158 municipios a más de 1.000. Reabrió más de 300 estaciones de Policía en zonas de guerrilla y creó batallones de alta montaña.

Debilitó a tal punto las Farc que por primera vez, en los últimos 50 años, cayeron cabecillas como Raúl Reyes, Iván Ríos y el Mono Jojoy, y en teoría les sustrajo, vía desmovilización, unos 18.000 miembros.

Mientras, del otro lado, estaba la senadora Piedad Córdoba, que había mostrado una gran cercanía con las Farc, como se pudo ver en los correos del computador de Raúl Reyes o con su participación clave en la entrega de los secuestrados de esa guerrilla.

Iván Cepeda, por su parte, le había tocado vivir buena parte de su infancia en el exilio, por la crítica situación de seguridad de su padre Manuel Cepeda Vargas, como dirigente del Partido Comunista y luego senador de la UP. Fue asesinado el 9 de agosto de 1994, menos de un mes después de haber asumido como senador, cuando Iván tenía 32 años.

El crimen fue ordenado por el paramilitar Carlos Castaño y ejecutado por dos suboficiales del Ejército que fueron condenados a 43 años de prisión. Un hombre tan querido en la izquierda que hasta una columna de las Farc fue bautizada con su nombre.

Iván Cepeda desde entonces ha dedicado buena parte de su vida al movimiento de víctimas del conflicto armado y su labor ha sido crucial para que el Estado colombiano reconozca su responsabilidad en crímenes sistemáticos contra líderes sociales y opositores.

Cepeda entregó a la Fiscalía General esos testimonios y publicó una columna en El Tiempo titulada “La hacienda Guacharacas cuna del Bloque Metro”. Tres meses después de esa publicación, en ese mismo 2011, los hermanos Álvaro y Santiago Uribe demandaron por calumnia a Cepeda.

Hay un detalle importante: los testimonios de Monsalve y de ‘Pipintá’ apuntaban a que Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe habían sido los “creadores del Bloque Metro” de los paramilitares, en la Hacienda Guacharacas, de su propiedad, en San Roque (Antioquia).

Sin embargo, esa acusación en el transcurso del proceso se ha controvertido porque no concuerda el año que da Monsalve (principios de los 90), con el año de creación de ese Bloque (1997, según Justicia y Paz), fecha para la cual los Uribe ya no eran propietarios de la finca.

Adicionalmente, luego de que Santiago Uribe fue investigado por posible paramilitarismo durante casi veinte años, un juez lo absolvió en noviembre pasado.

En otras palabras, el supuesto delito que las denuncias iniciales de Cepeda le endilgaban a Uribe resultó no tener sustento.

La denuncia que había presentado Uribe contra Cepeda estuvo quieta en la Corte Suprema desde 2011 hasta 2018, cuando el magistrado José Luis Barceló le dio un vuelco radical y en un auto del 16 de febrero archiva la investigación contra Cepeda y conmina al magistrado que lleva la investigación contra Uribe para que rinda cuentas de sus avances.

Llama la atención que el auto de Barceló, en sus 218 páginas, no tiene una sola prueba contra Uribe, más allá de los testimonios de Monsalve y ‘Pipinta’, que como ya se dijo al cabo del tiempo se demostró que no tenían sustento.

Y por el contrario en ese mismo auto, en el que le cierran la investigación a Cepeda, se lee que Óscar Monsalve, el padre del testigo, dijo en la Corte que Iván Cepeda “nos daba $1.200.000 cada mes. Lo hizo por tres meses. Y dijo que nos mandaba a Argentina”.

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En el auto también se refieren al extraño número de visitas de Cepeda a Monsalve en la cárcel, sin embargo la defensa de Cepeda “resaltó que no es cierto que lo haya visitado en 21 oportunidades, aunque es posible que exista ese número de solicitudes, pues a veces se cruzaban otras actividades. Lo cierto es que ha ido a verlo 9 veces, y siempre para tratar el tema de su seguridad”.

Dicho de otra manera, no solamente se repite que le ofrecen ayudas a la familia de Monsalve, como le habían ofrecido antes al ‘tuso’ Sierra, sino que el nueve visitas a un solo detenido no parece normal si lo que pretendía Cepeda, en su calidad de congresista, era hacer un diagnóstico sobre la situación en las cárceles.

Las movidas del magistrado Barceló, y no solo el auto, sorprendieron a muchos. Barceló, según la defensa de Uribe, decidió asignar la investigación de Uribe a su propio despacho sin seguir el procedimiento de reparto debido, y sobre todo cuestiona lo que considera una extraña “celeridad”: a las 8:30 del 22 de febrero llegó la investigación, a las 2:30 de la tarde ya la había asumido y rápidamente Barceló mandó a la investigadora a la Picota a entrevistar a Monsalve.

La defensa de Uribe también se ha quejado de que durante casi seis meses les ocultaron la existencia de la investigación. Y que no valieron tres derechos de petición que dirigieron a la Corte: en ninguna de las respuestas registró esa investigación contra el expresidente.

Pero lo más escandaloso fue la interceptación del celular del senador Álvaro Uribe sin permiso legal. Como se recordará, la orden de interceptar su número telefónico la dio “por error” Barceló el 7 de marzo. Ese episodio sería suficiente para tumbar cualquier proceso. Extrañamente en otro proceso que seguían contra un congresista del Chocó, Nilton Córdoba, pidieron interceptar el número telefónico que correspondía a Álvaro Uribe.

Tan flagrante fue el “error” que el 9 de marzo, cuando los técnicos encargados de escuchar las grabaciones comenzaron su tarea, de inmediato informaron que estaban escuchando a Uribe y no a Córdoba. Lo notificaron por correo electrónico y luego personalmente al magistrado auxiliar Iván Cortés.

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El gran desafío de la Justicia en Colombia

No obstante, lo que resulta más extraño aún, la escucha ilegal no se suspendió de inmediato sino que siguieron escuchando a Uribe hasta el 4 de abril, prácticamente un mes. Hoy, varios funcionarios de la Corte tienen una investigación abierta por este caso.

¿Por qué el magistrado Barceló habría incurrido en tales irregularidades en el proceso? Es una pregunta que queda para la historia. Barceló, abogado de la Universidad Militar y con una larga trayectoria en la carrera judicial, llegó a ser magistrado auxiliar de la Corte Suprema y dio el salto a magistrado titular en 2011, algo poco común en ese entonces, en el gobierno de Juan Manuel Santos.

No deja de llamar la atención que Barceló asumió como presidente de la Corte Suprema el 25 de enero del 2018 y tan solo 20 días después expidió el mencionado auto.

Recientemente desde la izquierda le han llovido críticas a Barceló porque asumió la defensa de Cielo Gnecco, matriarca del controvertido clan Gnecco, y madre del exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, investigado por corrupción. Para sus críticos, no le quedaba a un expresidente de la Corte Suprema asumir la defensa de una figura tan cuestionada.

No es descabellado pensar que esas interceptaciones pueden ser una prueba de inocencia de Álvaro Uribe, pues, a pesar de que él no estaba enterado que estaba siendo chuzado por la Corte, en ninguna de ellas se escucha dando instrucciones de ilegalidad alguna.

Sin embargo, sus contradictores han puesto la lupa sobre una frase en la que Uribe dice “proceda, doctor Diego”. No es poca cosa que después de estar grabando un mes al expresidente, la única frase que podría resultar comprometedora sea esa.

La contraparte interpreta esa frase como una autorización al abogado Diego Cadena para que ofreciera beneficios jurídicos y dinero a exparamilitares presos para que cambiaran testimonios a su favor. De hecho, Cadena sí visitó cárceles y habría dado beneficios jurídicos y dinero, razón por la cual hoy también enfrenta cargos penales en otro proceso distinto al de Uribe.

Sin embargo, la frase tomada de la grabación dice claramente que lo que Cadena le pide al expresidente Uribe es permiso para ayudarle a Juan Guillermo Monsalve con una acción de revisión ante la Corte.

Esta es la conversación que fue publicada por la revista Semana: “Presidente tengo algo en mente quiero consultarle para poder ayudar a este señor. -dice Cadena- Es una acción de revisión ante la Corte porque este señor tiene una condena de 44 años por secuestro”.

A lo cual Álvaro Uribe le responde: “Ah sí, ese es un recurso jurídico que hay que adelantarlo. El recurso jurídico está bien”, y luego añade el mismo Uribe: “Y la ayuda para que le protejan la familia pedírsela a las autoridades competentes y además públicamente”. Cadena contesta: “Correcto, quería su autorización Presidente para estar ciento por ciento claros”. Y es ahí donde Uribe utiliza la expresión: “Proceda doctor Diego que usted hace las cosas bien hechas”.

Esta frase se ha descontextualizado como si en ella Uribe hubiera ordenado o autorizado sobornar a Monsalve, pero no es así.

En la charla es evidente que cuando Uribe dice “proceda doctor Diego” se refiere a que puede ayudar con una “acción de revisión”. La frase no se refiere a sobornos, sino a una consulta frente a una “acción de revisión”, un recurso que suele ser usado por ONG.

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Hay quienes, como el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, han salido a defender al expresidente: “Lo más alarmante es la doble moral de la Fiscalía. Lo único probado es que Cadena se reunió con exparamilitares para que contaran la verdad. Lo mismo que hizo Iván Cepeda. Pero al primero se le persigue, y al segundo se le exalta. ¿Por qué? ¿Por qué uno es de izquierda y el otro no? ¿Por qué en Colombia el derecho a la defensa solo existe para ciertos sectores?”, escribió en su columna de El Tiempo.

Por último, dos detalles que no son menores. ¿Qué tan cierto es, como alega la defensa, que quién pidió ese apoyo fue Monsalve que trataba de “entrampar” al expresidente?

Y el segundo punto: el testigo Monsalve no cambió su testimonio a favor de Uribe, por el contrario a lo largo de 14 años ha sido el más férreo acusador de Uribe. ¿Puede darse manipulación de testigos si el testigo nunca cambió su testimonio? Aún más, ¿Puede darse el delito de soborno a testigo si como se ha probado Monsalve no fue testigo de nada?

Si se revisa la otra cara de la moneda, Monsalve, por el contrario, ha gozado de todo tipo de beneficios testificando contra Uribe: está recluido en las casas fiscales, una especie de VIP de La Picota, lo cual puede comprenderse por la necesidad de proteger un testigo de un proceso clave.

Lo que si no tiene tanto como justificarse son las juergas de las que participa Monsalve en la prisión, que no se entienden para una persona como él condenada a 40 años de cárcel y sin mayores recursos económicos.

Jaime Lombana, uno de los defensores de Uribe, relató en una entrevista reciente: “Un paramilitar, ‘Racumín’, declara que a él lo fue a visitar su esposa con su hijito muy pequeño, y que no le dejaron entrar una compota para el niño y se la tiraron a la caneca, pero que ese mismo día Monsalve tenía un poco de botellas de champaña”.

Hace pocos meses, de hecho, se presentó un problema con Monsalve en la cárcel porque quiso evitar una revisión a su celda. “Él trata de evitar la entrada de los guardianes para hacer la requisa de control. Cuando el guardián va a abrir, él trata de cerrar la puerta y cuando el guardián la intenta abrir se lesiona la mano”, comentó la entonces ministra de justicia, Angela Buitrago, en entrevista con Bluradio.

La gran pregunta es si Uribe sabía o no de las maniobras que hacía Cadena. El propio expresidente ha negado que estuviera al tanto de algún pago y de hecho las interceptaciones que le hicieron, en las que nunca se le oye dar una instrucción indebida, hablarían de su inocencia.

Luego de que se hizo evidente que el abogado Cadena le habría dado 48 millones de pesos a un ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, Uribe marcó distancia con él. A lo largo del juicio no apareció una prueba reina que comprometiera al mandatario directamente con los pagos.

¿Un abogado como Cadena pagaría ese monto sin que su cliente lo supiera? Es, por decir lo menos, extraño. Sin embargo, habría una explicación y es que para ese entonces Cadena quería quedarse con la defensa de Uribe, y sacar de taquito a los Jaimes -Granados y Lombana-, sus tradicionales defensores. Por ello, estaría dispuesto a todo para demostrarle a Uribe que lo podía librar de esta. Y si bien $48 millones son mucho dinero para cualquier colombiano, para Cadena pueden ser poco si se considera que incluso tiene avión privado.

Pero, de cualquier manera, para efectos del caso de Álvaro Uribe, lo de Cadena se está llevando en otro proceso penal distinto.

Uribe terminó renunciando al Senado en agosto de 2020, entre otras cosas porque ya no seguiría siendo investigado por la Corte Suprema, y el expresidente esperaba tal vez que su caso tuviera un tratamiento diferente en la Fiscalía.

Dos veces fiscales asignados al caso, durante la Fiscalía de Francisco Barbosa, pidieron precluir el proceso contra Álvaro Uribe. La primera solicitud la presentó el fiscal Gabriel Jaimes el 5 de marzo de 2021, argumentando que no existían pruebas suficientes para acusar al expresidente, pero fue rechazada por la juez en abril de 2022.

Después el fiscal Javier Fernando Cárdenas presentó una segunda solicitud de preclusión el 10 de octubre de 2022, insistiendo en la falta de mérito y la debilidad de los testimonios claves como el de Juan Guillermo Monsalve, pero esta también fue negada por otra juez el 24 de mayo de 2023.

Este año se llevó a cabo el juicio, 67 días de audiencia. 37 testigos de la contraparte y 70 testigos de la defensa desfilaron ante la juez.

Varios de los testigos de la defensa hablaron de supuestos ofrecimientos por parte de Cepeda. La declaración más llamativa fue la de la familia del testigo Juan Guillermo Monsalve, su papá y su hermano, ambos de nombre Óscar, lo desmintieron diciendo que Juan Guillermo fue inducido a declarar contra el expresidente con la promesa de beneficios jurídicos y protección internacional.

O en el peor de los casos, la duda es tan grande, no hay pruebas que lo incriminen, que sería un acto de irresponsabilidad declararlo culpable.

En cuanto al otro testigo, Pablo Hernán Sierra, en varias respuestas a preguntas de la defensa quedó en evidencia algunas inconsistencias. Cuando se le interrogó sobre su relación con el senador Iván Cepeda. Inicialmente, titubeó al intentar explicar cómo lo conoció en 2011. En la audiencia aseguró que fue a través de la abogada Mercedes Arroyave, pero en 2019, ante la Corte Suprema, declaró que él mismo contactó a Cepeda y había buscado su teléfono en internet. Cuando se le preguntó por qué decidió reunirse con el senador en agosto de 2011, Sierra dijo: “¿Qué me pasó a mí? Lo mismo que a la mayoría de excomandantes paramilitares cuando Uribe los extraditó: se volvió moda hablar con el senador Cepeda, que era el enemigo número uno del expresidente”.

En los alegatos finales del juicio, el abogado de Iván Cepeda dijo: “Hay una estructura criminal que se organizó desde la defensa del expresidente para fabricar testimonios, manipular testigos y obstruir la justicia. Nada de esto pudo haber ocurrido sin que Álvaro Uribe lo supiera o lo permitiera.”

Por su parte Jaime Lombana resume la defensa de Uribe: “Tengo la convicción de la inocencia absoluta y de que a Álvaro Uribe no se le puede castigar criminalmente por ejercer el derecho constitucional de defenderse, de buscar, esclarecer, de clarificar y verificar cada información que le llegaba de él de que le estaban haciendo un montaje”.