Cuba Siglo 21: La criminalidad en la Isla se incrementó en 2024 un 50,72% respecto al año anterior

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), una iniciativa del laboratorio de ideas Cuba Siglo 21, publicó su Informe de Inseguridad Pública 2024, que revela un panorama alarmante en cuanto al aumento de la criminalidad en Cuba.

Con un total de 1.317 delitos reportados a lo largo del año, el informe destaca un incremento del 50,72% con respecto a 2023, cuando se registraron 668 delitos menos.

Los datos que ofrece el estudio, que contabiliza únicamente los delitos comprobados que son reportados por medios y perfiles en redes sociales, son un subregistro de las cifras reales, dada la falta de información pública por parte de la prensa oficial y del Gobierno. Pero el valor intrínseco que tienen estos reportes es el análisis comparativo de tendencias por la rigurosa metodología empleada, precisa una nota de prensa de Cuba Siglo 21.

«Los datos que se presentan son solamente la punta del iceberg de una situación muy mayor y perturbadora», dice el informe, que expone en cifras el crecimiento exponencial de la violencia.

Según el texto, la criminalidad ha experimentado un crecimiento en los robos del 232% respecto al año anterior; del 97,1% en las agresiones y del 273,3% en otros delitos, un aumento que se traduce en un promedio de 3,6 delitos diarios. Si se compara con el 2023, cuando ocurrieron casi dos delitos por día, el incremento es del 50,72%, añade.

Picos delictivos, distribución geográfica y perfiles de delincuentes y víctimas

Según el estudio del OCAC, diciembre y noviembre fueron los meses con mayor incidencia delictiva, con 230 y 214 delitos reportados, respectivamente. El incremento en esos meses trajo como resultado que en el segundo semestre se produjeran casi cinco delitos como promedio diario (4,83 exactamente). Si se compara con el segundo semestre de 2023 significa un aumento del 146%.

El informe establece como provincias más afectadas por la criminalidad a Matanzas, líder en robos y delitos de diversa índole;  Santiago de Cuba, con el mayor número de asesinatos (38); La Habana, que sufrió un alza considerable en asaltos y homicidios (32 asesinatos reportados) y Holguín, con elevada incidencia en robos y agresiones.

Asimismo, el OCAC dice que el 96% de los perpetradores fueron hombres, el 58% de los delitos fueron cometidos por delincuentes solitarios, mientras que un 26% involucró a múltiples agresores.

En cuanto a las víctimas, se registraron 527 afectados directos, un aumento de 84 personas en comparación con 2023. De estos, 253 fueron hombres, 191 mujeres, 54 menores y 29 ancianos, lo que resalta la creciente vulnerabilidad de sectores desprotegidos de la población.

Manipulación informativa y falta de transparencia gubernamental

El informe también denuncia la falta de transparencia del Gobierno cubano en la publicación de datos oficiales sobre criminalidad. «Pese a la creciente percepción de inseguridad, el régimen sostiene tozudamente que la delincuencia se mantiene elevada, pero en tendencia a la disminución. Esta narrativa contrasta con los datos recopilados por OCAC, que muestran un aumento constante de la criminalidad», señala Cuba Siglo 21.

Asimismo, el informe expone la estrategia del Gobierno de utilizar perfiles en redes sociales para resaltar la eficacia policial sin proporcionar estadísticas completas. «Esta táctica busca ocultar la magnitud del problema y minimizar el descontento social», añade.

En sus conclusiones, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana subraya que el deterioro de la seguridad pública en Cuba está vinculado a la crisis sistémica y estructural del país, la falta de oportunidades económicas y las debilidades institucionales, a lo que se agrega la ausencia de estrategias gubernamentales efectivas para frenar la ola de violencia, dejando a los ciudadanos cada vez más expuestos a la criminalidad.

«La solución del problema radica en liquidar la causa raigal del fenómeno: la violencia estructural generada por un régimen totalitario«, dice el informe. El OCAC enfatiza en «la urgencia de implementar cambios sistémicos y estructurales y una mayor transparencia en la gestión de la seguridad pública, sin lo cual la criminalidad seguirá en ascenso».