Cuba, leyes agrarias y mendicidad

PUERTO PADRE, Cuba.- Este sábado se cumplen 66 años de promulgada la eufemísticamente llamada Primera Ley de Reforma Agraria, rubricada el 17 de mayo de 1959, suceso histórico que por haber tenido por escenario una montaña y por sus desastrosos resultados políticos, económicos, sociales y de mendicidad en la vida nacional toda, viene a ser análoga al viejo refrán que dice, “cuanto más alto subas, más fuerte será la caída”, y tal es el retrato del estado de pobreza no sólo material sino también espiritual sufrida por Cuba y los cubanos sin distinción, pobres o adinerados desde aquel día, cuando las grandes propiedades rurales y agroindustriales pasaron de ser propiedad privada a feudo omnímodo del Estado castrista.

Publicitada aquella ley, pomposamente, cual hecho justiciero, es un hecho trascendido hasta el presente que no redistribuyó entre campesinos desposeídos la tierra ociosa de los grandes latifundios, que de manos privadas pasaron a la administración gubernamental, conformándose así un régimen terrateniente, enmascarando al Estado totalitario naciente; en consecuencia, la Primera Ley de Reforma Agraria no fue firmada en el Capitolio ni en el Palacio Presidencial, sede de los poderes del Estado, sino que siguiendo el secretismo de su redacción inicial y de su título con hálito de saga, “Primera Ley”, _anunciaba ya un segundo (in)digesto reduciendo todavía más la propiedad de la tierra que aparecería el 3 de octubre de 1963_ no resulta extraño entonces que la expropiación agropecuaria fuera rubricada entre lomas, en lo intrincado del monte, en el que fuera el otrora campamento del ya primer ministro Fidel Castro, en La Plata, Sierra Maestra, escondite hasta donde debieron llegar en helicóptero o escalando la montaña desde el presidente de la república hasta el último ministro firmante.

Aunque públicamente la Ley de Reforma Agraria del 17 de mayo de 1959 aparece promulgada por el entonces presidente de la República de Cuba, Manuel Urrutia Lleó, en realidad, su redacción fue una operación secreta de la Oficina de Planes y Coordinación Revolucionarios, cuya dirección fue encomendada por Fidel Castro al entonces capitán Antonio Núñez Jiménez, quien organizó una comisión “legislativa”, en la que destacaron sin ser juristas ni especialistas en temas agrarios, Ernesto Che Guevara, Vilma Espín, Oscar Pino Santos y Alfredo Guevara, entre otros comunistas o colaboradores del comunismo internacional, quienes durante dos meses y reunidos secretamente, redactaron la Ley de Reforma Agraria, la que luego Fidel Castro presentó al Ministerio de Leyes Revolucionarias para su “estudio”.

En otras ocasiones lo hemos dicho y ahora lo repetimos por imperiosos intereses públicos: Vistas injusticias existentes en el campo cubano, nacidas en el colonialismo español y trascendidas en la etapa republicana hasta el día de hoy, negar la pertinencia de una reforma agraria que maximizara la propiedad de la tierra en Cuba es ir contra hechos ciertos, jurídicamente protegidos, y así lo conceptuaba la Constitución de 1940, expresando en el artículo 90: “Se proscribe el latifundio, y a los efectos de su desaparición, la Ley señalará el máximo de extensión de la propiedad que cada persona o entidad pueda poseer para cada tipo de explotación a que la tierra se dedique, y tomando en cuenta las respectivas peculiaridades. La Ley limitará restrictivamente la adquisición y posesión de la tierra por personas y compañías extranjeras y adoptará medidas que tiendan a revertir la tierra al cubano”.

Pero aceptar como lícitas las llamadas primera y segunda Ley de Reforma Agraria, promulgadas por el castrocomunismo el 17 de mayo de 1959 y el 3 de octubre de 1963 respectivamente, es confabularse con un delito de lesa humanidad que trasciende al día de hoy. Y es un delito de lesa humanidad a primera vista y en primera circunstancia porque debido a esas leyes y por razones no jurídicas sino de segregación política, la nación cubana fue privada de su capacidad de producir alimentos y básicamente de autosustentarse, destruyéndose, entre otros bienes nacionales, cientos de poblados y asentamientos rurales, con la consiguiente disminución de la población rural y de culturas campesinas que fueron asiento de la cubanidad, por lo que, en lugar de honrar según la retórica del discurso castrocomunista, ofende, sí, es una burla llamar al 17 de mayo “Día del Campesino”, y quienes aceptan y celebran ese rótulo menguan no sólo como campesinos sino también como personas honestas, cuando por toda Cuba vemos maniguas espinosas, sí, marabú puro en crecimiento fragoso donde antes hubo campos de cultivos, potreros con ganado, ferrocarriles, grúas transbordadoras cañeras y bateyes con gente nativa, laboriosa.

Toda esa infraestructura campesina, agropecuaria y agroindustrial, grávida por avaricias individuales o de grupo pero también preñada de cubanidad, debía reformarse por bien nacional. Pero arrancar de cuajo la propiedad y las diversas formas de tenencia lícitas de la tierra para tirarlas en el cesto de la colectividad comunista, que es el serón de los desperdicios humanos, es criminal.

Para 1958, año previo a la promulgación de la “Primera Ley de Reforma Agraria”, en Cuba había 161 centrales azucareros, los cuales en esa zafra y pese a la guerra que sufría el país, produjeron 5,8 millones de toneladas de azúcar; la producción de arroz en ese año fue de 135 mil toneladas, mientras la de frijoles fue de 37,1 mil toneladas métricas y la cosecha de café produjo 43,9 mil toneladas; la ganadería vacuna estaba compuesta por seis millones de cabezas de ganado, para un promedio de 0,92 res por habitante, compréndase, casi una unidad de ganado mayor por cada cubano; la producción de leche ese año de 1958 fue estimada en unos 400 mil millones de litros, mientras que la de huevos fue de 100 mil millones de unidades según cálculos del Anuario Estadístico de Cuba.

Esa producción de 1958 es hoy impensable en Cuba, sumida en una mendicidad no sólo económica sino también moral, como nunca antes vista en la nación, tal es el estado de parálisis de las fuerzas productivas y cívicas en un país en otro tiempo laborioso. Y son los citados sólo algunos apuntes, cifras dispersas de lo que Cuba producía en el año previo a la promulgación de una legislación agraria que ahora cumple 66 años, todavía vigente en sus postulados y con anuncios de mantenerse del mismo modo en la futura ley para la posesión y tenencia de la tierra. No nos lamentemos entonces, los cubanos tendremos mendicidad mientras existan leyes que legitimen la pobreza.