Cuando tener hambre se vuelve delito

LA HABANA.- La crisis económica que asola a los cubanos de la isla ha provocado un aumento vertiginoso de la mendicidad. Cada día podemos ver personas pidiendo comida de puerta en puerta o a la entrada de restaurantes y cafeterías. Una creciente muchedumbre de adolescentes, jóvenes, mujeres y ancianos deambulan alrededor de los descomunales basureros que infestan la geografía nacional. Buscan algo con lo que engañar al estómago, o al menos algún que otro desecho que puedan vender para subsistir, como latas, pomos.

 Esas desgarradoras escenas tienen como trasfondo una serie de factores, entre los cuales pueden enumerarse las ínfimas pensiones, los bajos salarios, la ausencia casi total de productos en la libreta de racionamiento –que aunque insuficientes paliaban el hambre en cierta medida– o la inflación galopante a la que contribuye el gobierno con el encarecimiento sostenido de productos de primera necesidad.

En ocasiones es tan apremiante el aguijonazo del hambre que no los detiene el riesgo de contraer enfermedades y aun de perder la vida, como les sucedió en el mes de febrero a una joven de 25 años y su hija de cinco tras ingerir alimentos preparados con nitrato de potasio (sal de nitro), una sobrecogedora tragedia que conmocionó a los habitantes de la mayor de las Antillas. Inicialmente, el tío de las fallecidas, un anciano de 74 años que también resultó intoxicado, afirmó haber adquirido el compuesto en el mercado negro. Sin embargo, según trascendió posteriormente, este señor se había encontrado el paquete de sal de nitro en la basura, y se lo llevó a casa creyendo que era sal común. Considerando la magnitud de las consecuencias, no es de extrañar que este hombre haya contado una versión diferente de la realidad para encubrir su imprudencia. Quizás lo hizo por temor a represalias legales, quizás por vergüenza. Al fin y al cabo, una cosa es subsistir a base de desperdicios, y otra muy diferente reconocerlo públicamente.

Ahora bien, dado el considerable rol que en el crecimiento de la pobreza representa la actual administración de la isla, resulta inconcebible la solución trazada por los dirigentes. Al respecto el diario Granma, órgano oficial del partido comunista, publicó el 6 de marzo el artículo “La mendicidad no es compatible con el proyecto social cubano”. El texto atribuye las “complejas condiciones económicas” de la Cuba actual a la crisis internacional amén de otras cuestiones, todo ello agravado por el recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, el cual agudizaría la pobreza en sectores vulnerables, situación que a su vez aprovecharían personas inescrupulosas para lanzarlos a la mendicidad.

Con esta absurda narrativa, como si fuera por su gusto que los indigentes hurgan en la basura, como si tener hambre fuera un crimen, los gobernantes antillanos pretenden justificar el uso de leyes represivas para prevenir y frenar la mendicidad, a la vez que eludir su obligación, en tanto representantes del Estado, de proporcionar a los ciudadanos oportunidades y justicia social para que puedan vivir y educar a sus hijos con dignidad.

Se escudan para ello tras el controversial Código de las Familias, cuyo artículo 3 establece que los familiares están obligados a satisfacer las necesidades de sustento, habitación, conservación de la salud, recreación y cuidado personal y afectivo de cónyuges, ascendientes y descendientes, madres, padres y sus hijos e hijas afines, hermanos, tíos y sobrinos. Si bien muchas de las personas que viven en la indigencia tienen “familiares obligados”, ¿están estos en condiciones de asumir tamaña responsabilidad, o viven ellos mismos en circunstancias precarias?

Son, pues, los organismos e instituciones que integran el sistema de prevención social los principales responsables de aportar, o al menos procurar, una solución a esta grave problemática que nos atañe a todos. En lugar de eso, lo único que han logrado eficazmente hasta ahora ha sido demostrar su incompetencia y su falta de intención y de recursos. El gobierno se ha quedado sin opciones para cumplir lo expresado en la Constitución “aprobada” en 2019: “Cuba es un Estado de derecho y de justicia social y reconoce la dignidad humana como valor supremo para todos los cubanos”.

Como otra de las grandes falacias a que nos tienen acostumbrados los medios de prensa oficialistas, el mencionado artículo convoca “a cada uno de los miembros de la sociedad” a “activar nuestras raíces altruistas y humanas y encaminar los esfuerzos a la prevención de situaciones como estas, mostrando las vías efectivas de solución para erradicar el flagelo de la mendicidad”. De ello se infiere un llamado a todos los cubanos altruistas a brindar ayuda humanitaria a los necesitados. ¿Por qué, entonces, persiguen y reprimen los personeros del régimen a aquellos ciudadanos que socorren a los desamparados al margen de la oficialidad?

Por solo citar un ejemplo, en eso consiste precisamente la labor desarrollada en Santiago de Cuba por activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) bajo la dirección de José Daniel Ferrer: proporcionar gratuitamente atención médica y alimentos de calidad a personas en condiciones de pobreza. El proyecto, que ya cuenta varios años, ha prosperado a pesar del acoso castrista. Para ello se apoya en contribuciones de otros ciudadanos altruistas que también son perseguidos con saña por los agentes del régimen: los asaltan para robarles los insumos, arrestan y amenazan a voluntarios y beneficiarios, multan a quienes les proveen los alimentos, confiscan sus medios de transporte.

Es indiscutible que la dictadura teme al impacto que estas acciones pueden tener en la comunidad. Ayudarnos entre nosotros fortalece nuestro vínculo como vecinos, como compatriotas, como pueblo. Y la perspectiva de un pueblo unido, nadie lo dude, aterroriza al régimen de La Habana.