¿Cuál política estatal de protección? En dos años han asesinado a 73 defensores de derechos humanos en Antioquia

Organización de Derechos Humanos denuncia falta de acciones del Gobierno frente al mandato que hizo la Corte Constitucional en 2023.

A poco tiempo de cumplirse dos años de la sentencia en la cual la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional para la protección de los líderes de derechos humanos en el país el balance en Antioquia es negativo, pues en ese periodo van 73 asesinatos de personas que detentaban esa condición.

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Así lo reveló la Fundación Sumapaz, que hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que garantice la protección efectiva de los líderes sociales.

En un pronunciamiento, esta organización destacó que si bien existe un borrador de política pública al respecto, esta se asemeja a una “colcha de retazos” y “recuerda de manera preocupante la complejidad y burocracia descrita en la obra “El Castillo” de Franz Kafka, donde los procesos interminables y la falta de acciones concretas se convierten en una barrera para la justicia y la protección”.

Igualmente, denuncia la aparente indiferencia de parte del gobierno de Gustavo Petro frente a la situación, lo cual, en su concepto, ha permitido el exterminio silencioso de las organizaciones de base popular y campesina en Colombia y especialmente en este departamento.

Por eso, su clamor es para que se diseñe una política que garantice de manera efectiva la seguridad e integridad de estas personas para que ellas puedan cumplir con su misión social en defensa de los derechos humanos.

La sentencia 546, pronunciada el 5 de diciembre de 2023 surgió tras varias acciones de tutela donde integrantes de la “población líder y defensora de derechos humanos” plantearon que se estaban vulnerando sus derechos, en particular porque la Unidad Nacional de Protección (UNP) no les asignaba esquemas de seguridad adecuados, o los esquemas asignados no cumplían con los criterios de eficacia, idoneidad y enfoque diferencial.

Fuera de eso, puso el dedo en la llaga sobre la falta de eficacia y oportunidad en las investigaciones al respecto por parte de la Fiscalía General de la Nación, generando impunidad.

Tras declarar el estado de cosas inconstitucional, el alto tribunal ordenó que la UNP revisara y, de ser necesario, ampliara los esquemas asignados a esa población, priorizando riesgo extraordinario. También, mandó que la FGN mejorara la investigación de amenazas, atentados y asesinatos de estas personas, dando prioridad razonable, valorando el contexto en que se ejerce el liderazgo, el riesgo y la estigmatización.

La orientación para el Gobierno fue que debía adoptar una política pública estructural que incluya prevención, protección, atención, reparación y garantía de no repetición.

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Pero muy por el contrario, Sumapaz, advierte que se siguen desmontando esquemas de seguridad y está faltando un análisis riguroso de los casos de líderes en riesgo.

“También inquieta la omisión sistemática de funciones constitucionales por parte de la Procuraduría General de la Nación y los vacíos que generan impunidad en las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre líderes y lideresas sociales amenazados y asesinados”, dice.

Finaliza afirmando que “la impunidad y la desprotección solo profundizan la crisis y ponen en riesgo el tejido social de nuestra nación”.