Corte Suprema se inhibe de investigar a cuatro senadores por el caso “Las Marionetas”; ¿por qué?

27 de agosto de 2025

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La decisión estuvo a cargo del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, que acogió los argumentos de la defensa y concluyó que no existían pruebas que comprometieran a los congresistas en actos ilícitos relacionados con manipulación de contratos o desvío de recursos públicos.

Según el fallo, la Sala Especial de Instrucción determinó que no resultaba razonable avanzar en la valoración de pruebas frente a hipótesis delictivas, pues se acreditó la inexistencia de una conducta punible atribuible a los senadores. En consecuencia, el alto tribunal descartó abrir proceso en su contra.

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El abogado Mauricio Pava, defensor de uno de los congresistas, había solicitado un auto inhibitorio argumentando la falta de material probatorio, solicitud que fue acogida por la Corte.

Tras conocerse la decisión, el senador Carlos Fernando Motoa afirmó: “Ninguna de las pruebas practicadas y valoradas en la investigación previa demostró mi participación en tan reprochable entramado criminal. Circunstancia que confirma mi inocencia y que no existen razones para continuar con el proceso”.

Motoa también hizo un llamado a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación, recordando que en ocasiones la información circula “sin filtros” y puede afectar la reputación de las personas investigadas.

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En la misma línea, el senador Carlos Abraham Jiménez celebró la determinación a través de su cuenta de X, donde escribió: “¡Triunfó la verdad! (…) Este pronunciamiento, categórico y definitivo, demuestra que los señalamientos en su contra carecían de sustento y se basaban únicamente en conjeturas”.

Sin embargo, es importante resaltar que la determinación de la Sala Especial de Instrucción es susceptible de recurso de reposición, por lo que la decisión aún podría ser objeto de revisión.

El proceso hace parte del escándalo de corrupción por el cual fue condenado el exsenador Mario Castaño, fallecido en prisión mientras cumplía una pena de 15 años y 11 meses.

Según la Fiscalía, Castaño y su red operaron en departamentos como Caldas, Risaralda, Cauca, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Putumayo y Boyacá.

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La investigación documentó más de 3.500 llamadas en las que se discutían acuerdos ilegales con alcaldes para adjudicar contratos a cambio de comisiones del 10 % de su valor. También se descubrió la manipulación de contratos de prestación de servicios en distintas entidades estatales.

Dentro del entramado fueron vinculados exfuncionarios como Pierre Eugenio García Jacquier, subdirector de programas del Departamento de Prosperidad Social (DPS); Tatiana Vuelvas Ramos; y Pablo César Herrera Correa, gerente de Proyecta Quindío, quien colabora hoy como testigo.

También fueron judicializados contratistas como Anderson González, Raúl Cardozo Ordóñez, Andrés Ospina Rosales y Alejandro Noreña Castro, este último en proceso de colaboración con la justicia.

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