Corte Suprema de EE.UU. da luz verde a Trump para cancelar el TPS de miles de venezolanos

MIAMI, Estados Unidos. — La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que ampara de la deportación a más de 350.000 ciudadanos venezolanos, mientras continúa el proceso judicial en instancias inferiores.

La decisión del tribunal, anunciada este lunes, representa un respaldo a la petición urgente presentada por la administración republicana para revertir la ampliación del TPS ordenada por el expresidente Joe Biden a finales de su mandato. Esta medida, originalmente extendida hasta octubre de 2026, queda ahora sujeta a la posibilidad de expiración anticipada.

“El tribunal contraviene las prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo y retrasa indefinidamente las decisiones políticas sensibles en un área de la policía de inmigración que el Congreso reconoció que debe ser flexible, de ritmo rápido y discrecional”, sostuvo el procurador general D. John Sauer en el escrito presentado ante la Corte.

De los nueve magistrados que integran la Corte Suprema, solo la jueza Ketanji Brown Jackson expresó su disenso con la resolución mayoritaria, mientras que el caso seguirá su curso en tribunales inferiores.

El TPS fue otorgado por la administración de Biden en marzo de 2021, en respuesta a la situación política y humanitaria provocada por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El programa, vigente desde 1990, permite a personas de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis humanitarias residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por periodos renovables de hasta 18 meses.

El Gobierno de Trump cuestionó la validez de una designación posterior hecha en octubre de 2023 y prorrogada en enero, antes de su regreso a la Casa Blanca. En febrero pasado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentó revocar esa prórroga, pero un juez federal en California bloqueó la medida argumentando que podría haber estado motivada por “animadversión racial”.

La Alianza Nacional del TPS y grupos de venezolanos afectados interpusieron demandas para detener la cancelación del programa. En sus alegatos, los abogados denunciaron que la Administración Trump trataba de eludir el control judicial sobre sus decisiones: “Debería ser irrelevante que los tribunales federales digan cuál es la ley”, señalaron.

La decisión de la Corte Suprema no resuelve de forma definitiva el destino del TPS para los venezolanos, pero sí permite a la Administración avanzar en su intento por eliminarlo mientras continúan las deliberaciones en las cortes federales. Miles de personas podrían verse expuestas a procedimientos de deportación si finalmente se revocan las protecciones.