Corte IDH reconoce el cuidado como derecho humano autónomo en decisión histórica

La decisión —contenida en la Opinión Consultiva 31— responde a una consulta elevada por el Estado argentino y respaldada por décadas de trabajo del movimiento feminista latinoamericano.

“Esta es una decisión histórica porque es la primera vez que un tribunal de derechos humanos reconoce el cuidado como un derecho autónomo y lo conecta con otros derechos ya reconocidos en la Convención Americana”, explicó a EL COLOMBIANO Catalina Martínez Coral, vicepresidenta regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos e integrante del movimiento Causa Justa.

Martínez Coral destacó que este fallo es el resultado de una larga lucha social.

“Los movimientos feministas en toda la región llevamos años insistiendo en que el cuidado no es solo un rol, sino un trabajo, un aporte social y económico fundamental. En distintos países ya había intentos de reconocerlo, desde las licencias de paternidad igualitarias hasta las manzanas del cuidado en ciudades como Bogotá. Esta decisión consolida todos esos esfuerzos”, señaló.

El fallo de la Corte IDH parte de una constatación histórica: las labores de cuidado han recaído desproporcionadamente sobre las mujeres. En Colombia, según el DANE, ellas dedican en promedio 8 horas diarias al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los hombres dedican apenas tres. Esa brecha se traduce en menos tiempo para estudiar, trabajar o participar en la vida pública.

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“Durante mucho tiempo se asumió que cuidar era un rol natural de las mujeres, vinculado a los estereotipos sobre la maternidad. Pero cuando lo vemos como un derecho, entendemos que cuidar, ser cuidado y cuidarse son necesidades humanas básicas, no deberes femeninos”, explicó Martínez Coral.

Reconocer el cuidado como derecho implica que el Estado debe crear condiciones para que todas las personas —sin distinción de género, clase, etnia o edad— puedan ejercerlo en igualdad. Es decir, que existan políticas, infraestructura y servicios que permitan a quienes cuidan hacerlo en condiciones dignas, y a quienes requieren cuidados, recibirlos con calidad.

Uno de los puntos más innovadores de la Opinión Consultiva es que incluye el autocuidado como parte del derecho. Esto significa que los Estados tienen la obligación de garantizar servicios de salud, tiempo y recursos para que cada persona pueda cuidar de su propio bienestar físico y emocional.

“La Corte relaciona el autocuidado con el derecho a la salud. Por ejemplo, dice que los Estados deben ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, información clara y acompañamiento para que las personas puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo y su vida”, explicó Martínez Coral.

De esta manera, el cuidado se entiende en una dimensión integral y humana: cuidar no es solo una tarea doméstica, sino una práctica que sostiene la vida, el bienestar y la dignidad.

El reconocimiento del cuidado como derecho también implica mirar las desigualdades que atraviesan su ejercicio. No es lo mismo cuidar en una ciudad con servicios disponibles que en una comunidad rural o indígena alejada.

“La Corte reconoce que el trabajo del cuidado se ha ejercido de forma desigual, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre diferentes poblaciones. Una mujer indígena que camina kilómetros para llevar a su hijo a un centro de salud vive una carga de cuidado mucho más gravosa que otras. Por eso, las políticas públicas deben tener un enfoque interseccional y escuchar las voces de todos los grupos sociales”, dijo Martínez Coral.

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Este enfoque obliga a los Estados a diseñar políticas diferenciadas, que respondan a las realidades de mujeres rurales, migrantes, racializadas o con discapacidad.

Aunque Colombia ha avanzado en reconocer el cuidado —tiene un Sistema Nacional de Cuidados, un documento Conpes sobre el tema y cerca de 20 sentencias de la Corte Constitucional que lo reconocen como derecho fundamental—, aún no existe una ley que lo regule plenamente ni está consagrado en la Constitución.

Según Martínez Coral, el siguiente paso será transformar el fallo internacional en políticas nacionales concretas:

“El Estado colombiano tendrá que emitir políticas públicas que combatan los estereotipos de género, reconozcan el valor económico del cuidado y promuevan la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. También deberá avanzar en licencias de paternidad obligatorias y equiparables a las de maternidad, flexibilidad laboral para personas cuidadoras y redes comunitarias de apoyo como las manzanas del cuidado.”

Además, la experta insistió en que el derecho al cuidado debe ser difundido ampliamente:

“El Estado tiene el megáfono más grande. Necesitamos campañas pedagógicas en televisión, radio, redes y espacios comunitarios para que todas las personas —no solo las mujeres— sepan que cuidar y ser cuidado es un derecho, no un favor.”

Reconocer el cuidado como derecho humano supone una transformación profunda en la forma en que la sociedad entiende la vida cotidiana. No se trata solo de leyes, sino de cambiar la idea de que cuidar es una carga femenina o un asunto privado.

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“El cuidado es una responsabilidad colectiva: del Estado, las familias, las comunidades, las empresas y la sociedad en su conjunto”, enfatizó Martínez Coral. “Verlo como un derecho es entender que todos y todas dependemos de los cuidados para vivir con dignidad”.

El reto para Colombia será pasar de los avances jurisprudenciales a la acción concreta: una ley estatutaria que defina el contenido del derecho al cuidado, sus dimensiones, las obligaciones del Estado y los mecanismos para exigirlo, inspirada en el modelo de las 5R —reconocer, redistribuir, reducir, recompensar y representar—.

Solo así este nuevo derecho podrá sentirse en lo cotidiano: en los hogares donde una madre pueda descansar, en los trabajos donde un padre pueda cuidar, y en una sociedad que entienda que cuidar también es un acto de justicia.

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