Corte Constitucional le devuelve curul a Alexander López, quien había sido sancionado por doble militancia

La Sala Plena de la Corte Constitucional falló a favor de Alexander López Maya y ahora el político del Pacto Histórico podrá volver al Senado. Actualmente se estaba desempeñando como procurador delegado.

Con la decisión del alto tribunal, López Maya podrá terminar su período como congresista y se deja sin efecto una sentencia que había dado el Consejo de Estado, quien había sancionado al senador por aparentemente incurrir en una doble militancia.

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El Consejo de Estado justificó en su momento que Alexander López fue avalado para aspirar al Senado por el partido Polo Democrático Alternativo, el cual hace parte de la coalición del Pacto Histórico, sin embargo, apoyó la candidatura a la Cámara de Representantes por Santander de Jorge Édgar Flórez Herrera, de la Alianza Verde.

Esta última colectividad no hacía parte del Pacto Histórico, algo que fue suficiente para que el Consejo de Estado determinara una doble militancia del senador.

“Aunque la Coordinación Departamental del Polo Democrático manifestó su apoyo público al señor Flórez Herrera, esta circunstancia no afectó el acuerdo de coalición, razón por la cual sus integrantes debían abstenerse de apoyar a candidatos distintos a los del Pacto Histórico”, fue lo que en su momento dictaminó el fallo del Consejo de Estado.

Debido a este fallo, López fue reemplazado por Sonia Bernal, del partido Alianza Democrática Amplia (ADA), esto según el orden de lista del Pacto Histórico.

Tras salir del Senado, Alexander Flórez pasó a dirigir el Departamento Nacional de Planeación, pese a algunas denuncias de algunos sectores políticos que acusaban al funcionario de no cumplir ni con la experiencia ni con los requisitos para ocupar dicho cargo.

En el mes de marzo, tras uno de los remezones ministeriales del presidente Petro, López dejó su puesto en el DNP y fue nombrado en la Procuraduría por Eljach.

La sentencia de la Corte fue una respuesta a una tutela de Flórez contra el Consejo de Estado, donde alegaba una presunta vulneración a los derechos del debido proceso y participación política.

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