Consulta por decreto: ¿Petro amenaza el equilibrio de poderes?

El argumento del ministro es que hubo un error de procedimiento y el Senado no se ha pronunciado formalmente sobre la consulta. Por ello, advirtió desde ya que si no hay una determinación explícita alrededor del mecanismo antes del 1 de junio –es decir, pasado un mes de su radicación–, el presidente Gustavo Petro la convocará por decreto.

Según Benedetti, la ley indica que, previo a la votación, era necesario leer una proposición con la solicitud del Gobierno. Citando la Ley Quinta –que regula el proceder del Congreso–, insistió en que dicha proposición no se leyó, lo que implica que el Senado supuestamente no se pronunció.

“La Ley Quinta, en el artículo 125, dice que todo lo que vaya a ser votado tiene que leerse y debe haber una proposición para saber qué se votó. No se leyó la proposición. Luego el Senado no se pronunció. ¿Qué fue lo que se votó? No sabemos. Lo he consultado con varios expertos y tengo la razón en decir hoy que el Senado no se ha pronunciado y si no lo hace de acá al 1 de junio, el presidente va a convocar la consulta popular”.

Semejante declaración, con dejo de amenaza, encendió las alertas. Uno de los primeros en responder fue justamente el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), quien sostuvo que una consulta popular por decreto implicaría desconocer la decisión de la Corporación, al tiempo que ratificó que la votación fue “legal y válida”.

“Esta acción representa un grave atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes, al ignorar una determinación del poder legislativo y usurpar funciones judiciales reservadas exclusivamente a la rama judicial. No permitiremos que se vulnere la Constitución ni que se empleen maniobras para desviar millonarios recursos públicos hacia intereses políticos y campañas electorales”, declaró con vehemencia Cepeda.

Ratificando lo que le dijo días atrás a este diario –cuando señaló que “la consulta ya se votó y hace tránsito a cosa juzgada legislativa”–, el secretario del Senado, Diego González, emitió un concepto en el que certificó que la consulta fue tramitada y negada.

Además, al precisar que se cumplió con la respectiva deliberación el 13 de mayo durante una sesión de casi seis horas, González declaró que la solicitud de la consulta no es un proyecto de ley. Es decir, su trámite difiere del de una iniciativa ordinaria.

“Estas normas configuran un procedimiento especial, autónomo y distinto al trámite legislativo ordinario. Así, para este caso concreto, el rol del Senado no consiste en legislar, sino en emitir un concepto previo sobre la conveniencia de la convocatoria”, argumentó González, aclarando además que la solicitud tampoco estaba acompañada de proposición alguna.

“El Senado no votó ninguna proposición, porque nunca la hubo: la solicitud no es una proposición, y tampoco fue presentada una proposición por parte de Gobierno o senadores, para que fuera sometida a votación”, puntualizó.

Las alertas

Pese a las advertencias y explicaciones de la Mesa Directiva, el presidente no dio su brazo a torcer y, a través de un mensaje en la red social X, arreció en la tesis de que el Senado no se ha pronunciado, por lo que está facultado para tramitar la consulta por decreto. “Espero de las instituciones públicas abrirse a esta nueva fase de la historia de Colombia, que no es más que aplicar a fondo la Constitución de 1991”, dijo.

De hecho, hubo una polémica este martes porque se conoció un documento de la Relatoría de la Corte Constitucional en respuesta a una solicitud elevada por la representante Katherine Miranda (Alianza Verde). El “concepto” concluyó que “ninguna providencia permite convocar la consulta sin concepto afirmativo del Senado ni autoriza al Ejecutivo a ‘insistir’ tras un concepto negativo”.

Sin embargo, horas después, la Corte Constitucional desautorizó ese documento firmado por una auxiliar judicial y señaló que el alto tribunal “no ejerce funciones consultivas” y que lo expresado en el documento “no compromete la posición oficial de la Corporación”.

Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Luis Alberto Álvarez, pareció desechar de tajo la tesis del Gobierno. “Siempre se procura en estos casos buscar alternativas imaginativas, digo yo, pero el Estado de derecho señala causes constitucionales absolutamente claras. Lo que no puede hacerse vía ley, no puede adoptarse vía decreto”, señaló a la Revista Semana.

¿Qué viene?

Ante la inminencia de un decreto que materialice el llamado a las urnas, el presidente del Senado anunció que recurrirían “de inmediato” a las instancias judiciales competentes, resaltando que detrás hay “actitudes autoritarias”.

“Su pretensión de asumir roles que no le competen, como si el Estado fuera una extensión de su voluntad, evoca a los monarcas absolutos, no a los líderes demócratas. Usted no legisla, no juzga la legalidad de los actos administrativos, ni certifica los procedimientos del Congreso”, reclamó tajantemente Cepeda.

En esa línea, el director del Partido Liberal, César Gaviria, aseguró que la maniobra del Gobierno es “una clara violación de la Constitución del 91 y un paso inequívoco hacia el rompimiento del Estado de derecho”. La postura del dirigente es que solo una autoridad judicial puede declarar la supuesta ilegalidad del procedimiento, mas no el Ejecutivo.

En ello coincidió el Partido Conservador, que llamó la atención por “una clara usurpación” de las competencias del poder judicial y de la separación de poderes.

“Resulta contradictorio y revelador que el Gobierno, al tiempo que presentó una nueva solicitud de consulta, reconociendo implícitamente la derrota de su propuesta inicial, ahora insista en estos argumentos”, declararon.

Inclusive, el Partido de La U alertó que expedir un decreto convocando la consulta popular sería una “actuación abiertamente ilegal, que podría configurar en un prevaricato por acción”.

Desde la oposición, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) fue más allá y dijo que trabajan en una acción de nulidad total sobre la consulta. “Esta es una consulta, no un proyecto de ley (…) Esto es una invención del ministro del Interior que atacaremos por vías legales”, afirmó.

La discusión alrededor del mecanismo promete subir de tono de acá al domingo, cuando se cumplirá el ultimátum dado por el Gobierno. Parece un hecho que el presidente usará las concentraciones de este miércoles y jueves para darle gasolina a su discurso. ¿Prosperará una consulta por decreto pese a las alertas?