Conflicto armado en el Catatumbo tiene tendencia a intensificar: Defensoría del Pueblo

La disputa criminal por el territorio entre el ELN y las disidencias de las Farc en Catatumbo provocó una crisis humanitaria sin precedentes y, además, sumió a las comunidades a vivir en medio de un conflicto que tiene tendencia a intensificarse con métodos de guerra no convencionales, confinamientos y desplazamientos masivos.

Esas fueron algunas de las conclusiones de la Defensoría del Pueblo en un informe que presentó este martes frente a la situación de violencia en el Catatumbo.

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El Ministerio Público subrayó que ilegales como el ELN empezaron a tomar un control casi total en municipios como Ocaña, Convención y Sardinata: allá los guerrilleros impusieron un régimen de facto.

“La respuesta del Estado, incluida la declaratoria de conmoción interior, no ha logrado contener las agresiones ni garantizar plenamente los derechos de la población civil”, indicó la Defensoría del Pueblo.

El balance de la crisis humanitaria señala que desde que se desató la confrontación armada se han registrado 64.783 personas desplazadas forzosamente, 12.913 confinadas y 117 homicidios.

A la disputa criminal entre el ELN y los disidentes se sumó la incursión del Clan del Golfo, grupo armado que empezó a consolidar presencia en el sur del Cesar, Bolívar y Magdalena Medio y que podría entrar en la disputa por el Catatumbo.

“Los escenarios planteados reflejan una tendencia clara hacia la intensificación del conflicto armado en el Catatumbo. Pese al despliegue militar en el marco del estado de conmoción interior, persiste una limitada capacidad de contención efectiva del conflicto”, alertó Iris Marín, defensora del Pueblo.

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Durante la escalada violenta, la Defensoría recogió denuncias que apuntan a que los ilegales perfeccionaron el uso de drones cargados con explosivos, instalaron minas antipersonal y armamento en inmediaciones de escuelas y zonas pobladas.

Otro de los capítulos recogió las voces de 62 mujeres que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, trata de personas y trabajo forzado por parte de los actores armados.

El Ministerio Público señaló que el Gobierno debe avanzar en la caracterización de las víctimas y sus necesidades, así como en fortalecer las acciones de la Fuerza Pública para garantizar la protección de los firmantes de paz y los líderes sociales. Además, pidió fortalecer los entornos escolares.

“Ayer nuestro defensor regional nos contó que visitó una escuela y al llegar se encontró una bandera izada del ELN en ese centro educativo, él tuvo que retirarla. Los niños, niñas y adolescentes siguen enfrentando el riesgo de ir a la escuela, muchas veces, en medio de estas situaciones”, apuntó Marín.

En los próximos días los disidentes del Frente 33 caminarán a unas zonas de ubicación temporal. Ese lugar pretende ser la antesala para la dejación de armas y posterior tránsito a la vida civil en el marco de las conversaciones de paz. En este punto, la Defensoría le pidió al Gobierno identificar los riesgos –que tendría confinar en un mismo punto a un grupo armado ilegal– para las comunidades y liderazgos sociales.

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“Estamos convencidos de que, si actuamos de manera coordinada y positiva entre todas las instituciones del Estado, no solo la fuerza pública, también las autoridades territoriales, las autoridades del Gobierno Nacional que tienen programas sociales, los organismos de control, y además de manera inteligente y asertiva y conociendo el contexto, podemos empezar a reversar esta situación; tenemos oportunidades y obligaciones como autoridades”, puntualizó Marín.