Confirman sanción de siete años contra el adolescente que asesinó a Miguel Uribe

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, marcó un antes y un después en la contienda política del país. El atentado, ocurrido el 7 de junio en pleno mitin en el occidente de Bogotá, revivió los fantasmas de la violencia electoral que Colombia creía superados y dejó en evidencia cómo el crimen organizado logró infiltrarse en el corazón del debate democrático.

Siete años de privación de libertad en un centro de atención especializada deberá cumplir el adolescente que disparó contra Uribe. Así quedó confirmado en un fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior de Bogotá.

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Según la investigación de la Fiscalía, el adolescente fue reclutado y convencido para ejecutar el ataque por Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, quien le entregó una pistola Glock 9 mm momentos antes del atentado.

El joven, siguiendo las instrucciones de la organización, se acercó al lugar donde el senador hablaba con sus seguidores en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, y le disparó tres veces. Uribe fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe, donde permaneció dos meses antes de fallecer, el 11 de agosto.

Tras el ataque, el menor intentó escapar, pero fue detenido por la Policía con apoyo del esquema de seguridad del congresista. En la audiencia de acusación del 4 de agosto, aceptó los cargos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas. Siete días después, la víctima de su ataque perdió la vida.

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El caso no se detuvo allí. Alias El Costeño, identificado como el enlace entre los ejecutores y los autores intelectuales del crimen, también fue capturado. Junto a él fueron arrestadas Katerine Martínez, alias Gabriela, señalada de haber entregado el arma homicida; William González Cruz, alias El Viejo o El Hermano; Carlos Eduardo Mora, conductor del vehículo donde se transportó el arma; y Christian González Ardila, quien manejaba la moto encargada de sacar al sicario del lugar.

Aunque el menor ya fue sentenciado, el resto del entramado criminal continúa bajo investigación. Cuatro meses después del crimen, el país sigue sin conocer quién ordenó la muerte del senador, cuyo asesinato estremeció a una nación que aún busca sanar las heridas de la violencia política.