Confinamiento forzado aumentó 488% el año pasado en Antioquia, según Acnur

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) presentó hoy en Medellín su informe global de tendencias, en el que revela un panorama alarmante sobre el desplazamiento forzado y el confinamiento en el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín. Las cifras muestran un incremento sin precedentes en la vulnerabilidad de las comunidades, a pesar de los esfuerzos de acogida en la región.

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La situación humanitaria en Antioquia está marcada un incremento alarmante del confinamiento forzado y el desplazamiento, que afecta gravemente a comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, especialmente en zonas rurales como el nordeste, Bajo Cauca y Norte del departamento.

Según el informe de Acnur, el confinamiento en Antioquia se disparó un alarmante 488% en 2024, pasando de 863 personas confinadas en 2023 a más de 7.663. Estos eventos de confinamiento, registrados en al menos siete ocasiones durante el año pasado, continúan en 2025 con tres eventos hasta mayo, que dejaron a más de 1.542 personas confinadas en municipios como Segovia y Zaragoza.

Y es que el panorama de este 2025 no parece ser más emperanzador: hace una semana la ONU y la Gobernación de Antioquia alertaron por las graves violaciones a los derechos humanos que está sufriendo la población de Amalfi, en el Nordeste, por cuenta de los combates entre ELN, disidencias y Clan del Golfo. Allí, en la vereda Los Toros, por lo menos 12 familias estaban confinadas en medio del fuego cruzado.

El pasado mes de abril, en El Bare, Bajo Cauca antioqueño, 70 familias compuestas por cerca de 300 personas estuvieron confinadas en las veredad La Bonga y La Capilla por la presencia de grupos armados ilegales.

En cuanto al desplazamiento forzado, Antioquia registró al menos 16.490 víctimas en 2024. La ciudad de Medellín recibió a más de 6.000 personas desplazadas forzadamente el año pasado, de las cuales cerca del 30% provienen del Chocó y más del 18% de Quibdó, su capital.

Con corte, a mayo de 2025, otras 2.779 personas han sido desplazadas forzosamente en el departamento. Datos oficiales del Registro Único de Víctimas para 2025 indican que al menos 95 de los 125 municipios de Antioquia han expulsado población a causa del conflicto armado interno. Los factores que influyen en estas expulsiones incluyen disputas territoriales entre actores armados, control de rutas, presencia de cultivos de uso ilícito y minería ilegal, especialmente en corredores que conectan con la frontera con Panamá y Venezuela.

Tanto Juan Felipe Aulestia, oficial asociado de protección de Acnur, como Elisa Carlaccini, subdirectora de la oficina de la Acnur en Medellín, destacaron el problema del subregistro en las cifras. Hay muchas personas que no denuncian los hechos victimizantes por temor a represalias, especialmente en el caso del confinamiento.

“El principal subregistro se encuentra en las situaciones de confinamiento, porque justamente las comunidades que están confinadas se encuentran en zonas habitualmente aisladas con poca presencia institucional o de actores humanitarios”, explicó Aulestia, lo que hace “quizá lo más complejo para el Estado colombiano” obtener datos actualizados. Carlaccini añadió que esto “es un número alarmante que nos preocupa mucho, porque también es muy difícil poderlo reportar, contar, visibilizar y también responder a esas necesidades debido a las mismas condiciones del territorio”.

Pero más allá del desplazamiento interno, Medellín y Antioquia son, para Acnur, fundamentales en la acogida de la población venezolana refugiada y migrante. La región noroccidental de Colombia concentra el 17% de esta población y Antioquia lidera la recepción con 389.776 personas, lo que representa el 14% del total nacional. De esta cifra, Medellín alberga a cerca de 240.000 personas venezolanas.

Estas cifras considerables significan que uno de cada diez habitantes de la ciudad es migrante. Otros municipios con una alta concentración incluyen Bello (33.043) e Itagüí (18.231), lo que subraya una marcada concentración urbana en áreas con mayor acceso a servicios básicos y oportunidades económicas. La población venezolana en la región es predominantemente joven y en edad productiva, con la mayoría entre los 18 y 29 años, y un 50.55% son mujeres.

El panorama local se enmarca en una crisis global de desplazamiento sin precedentes. Las cifras globales de desplazamiento y refugio han estado en aumento por más de 10 años consecutivos. A finales de abril de 2025, se registraban 122.1 millones de personas desplazadas forzadamente en el mundo. Aunque hubo una ligera disminución del 1% entre enero y abril de 2025, la cifra sigue siendo “alarmantemente alta y no debe generar tranquilidad”.

Los principales conflictos que impulsan este desplazamiento global incluyen Sudán, Myanmar, Ucrania, Gaza, Haití y República Democrática del Congo, entre otros. A nivel mundial, el 60% de las personas forzadas a huir son desplazadas internamente, una cifra que alcanzó los 73.5 millones a finales de 2024, tras un fuerte aumento de 6.3 millones.

Colombia se posiciona como el quinto país con la mayor población de desplazados internos a nivel mundial, con aproximadamente 7 millones de personas. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2017 hasta 2025, se han desplazado internamente 1,6 millones de personas adicionales. Además, Colombia es el tercer país de acogida de personas forzadas a huir a nivel global, albergando a 2.8 millones de personas venezolanas.

La gran mayoría de los refugiados y migrantes venezolanos (97%) permanecen en países de América Latina y el Caribe, principalmente Colombia, Perú, Brasil, Chile y Ecuador. Contrariamente a la percepción generalizada en las regiones más ricas, el 67% de los refugiados se quedan en países vecinos y el 73% de los refugiados del mundo son acogidos en países de renta baja y media. Instituciones financieras internacionales han destacado las contribuciones sociales y económicas positivas de estas poblaciones en sus países de acogida, incluyendo el impulso del crecimiento del PIB, la creación de empresas formales y la contribución a la recaudación fiscal.

José Samaniego, Director Regional de Acnurpara las Américas, afirmó que “acoger e integrar a esta población no es solo un imperativo humanitario, sino una importante oportunidad socioeconómica”.

Otro fenómeno relevante para Acnur es el flujo migratorio a través del Darién. En 2024, 302.204 personas cruzaron el Darién, con Venezuela (73%) como la nacionalidad más destacada. Sin embargo, se ha reportado una drástica reducción del 98% en 2025 en los flujos de personas que cruzan el Darién hacia el norte del continente. Esto se traduce en un descenso de 139.267 personas entre enero y abril de 2024 a solo 3.092 en el mismo periodo de 2025.

Paralelamente, se ha observado un aumento en los flujos inversos (Norte-Sur): al menos 9.000 personas han cruzado la frontera desde Panamá hacia Colombia en lo corrido de 2025. Estas personas, principalmente venezolanas, están regresando al sur del continente debido a la falta de oportunidades o a la inviabilidad de continuar su camino hacia el norte.

Finalmente, esta compleja realidad humanitaria se agrava por una crisis global de financiación. Elisa Carlaccini ha descrito esta situación como una “crisis casi que sin precedentes”, que afecta la financiación de todas las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas en materia de asistencia humanitaria y programas de respuesta al desplazamiento forzado.

A pesar de que el número de personas forzadas a huir casi se ha duplicado en la última década, la financiación para ACNUR se ha estancado en niveles similares a los de 2015, lo que ha resultado en “recortes brutales” que afectan la ayuda humanitaria. Como explicó Carlaccini, esta situación “impide que nosotros podamos desplazarnos, visitar, responder a esa situación, a esa grave crisis humanitaria”.

Estos recortes han forzado incluso el cierre de oficinas históricas, como la de Apartadó, y la reducción de presencia en el país.

Estos recortes no solo perjudican la capacidad de respuesta humanitaria, sino también los esfuerzos de integración en la región, dejando a las personas refugiadas y desplazadas en una mayor vulnerabilidad y afectando la posibilidad de retornos seguros y sostenibles.

Finalmente, Acnur hace un llamado a la comunidad internacional, al sector privado y a los actores financieros y de desarrollo para mantener el apoyo continuo y asegurar que la región pueda seguir siendo un espacio de solidaridad, protección y soluciones.

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