Concejo de Sabaneta recibió la mejor calificación en gestión pública del Valle de Aburrá

Como el Concejo mejor calificado del Valle de Aburrá quedó el de Sabaneta tras obtener un 90,9 puntos en la calificación del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (Furag), en sus estudios realizados para este año.

En estos análisis superó en resultados a sus similares de Itagüí, que obtuvo el 88,1, el de Bello con 81 puntos, Barbosa con el 71,3 y el de Medellín, que apenas logró 58 puntos.

Juan David Montoya, presidente del Concejo de Sabaneta, manifestó que “este logro no solo refleja el compromiso institucional con la excelencia, la transparencia y el buen gobierno, sino que también posiciona al Concejo en el primer lugar regional”.

Este logro se obtuvo luego de que se presentara la información de la gestión que viene realizando esta corporación y en la cual se deben presentar las informaciones y evidencias de las gestiones realizadas para que el Furag se encargue de evaluar el desempeño institucional.

Entérese: Escándalo en el Concejo de Sabaneta: secretario y ciudadana acabaron a los golpes en plena sala de sesiones

Este estudio se debe presentar una vez cada año y con base en la información recolectada, funcionarios de esta entidad evalúan siete dimensiones en temas institucionales como son el talento humano, la dirección y la planeación, la gestión con valores para resultados, la evaluación de resultados, la información y comunicación, la gestión del conocimiento y el control interno.

Los resultados de esta corporación en estos estudios están muy por encima del promedio departamental, que se ubica en los 55,6, tomando en cuenta los rendimientos de estas entidades.

“Este resultado nos llena de orgullo, pero sobre todo nos reta a seguir trabajando con responsabilidad, dedicación y transparencia. Es una muestra clara de que la confianza ciudadana puede y debe corresponderse con resultados concretos”, afirmó el presidente Montoya.

Este formulario, que le dio la calificación a Sabaneta, lo deben usar las entidades públicas de manera obligatoria para establecer cómo avanza la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).