¿Cómo la dictadura consiguió ganar arbitraje internacional contra Riverside Coffee en Estados Unidos? – Nicaragua Investiga

¿Cómo la dictadura consiguió ganar arbitraje internacional contra Riverside Coffee en Estados Unidos? – Nicaragua Investiga

Un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, dictaminó el 17 de octubre de 2025 en favor del régimen de Nicaragua en un litigio iniciado por la empresa estadounidense Riverside Coffee, LLC.

🇳🇮 Posible suspensión del DR-CAFTA pone en un dilema al régimen de Daniel Ortega, pero también a parte de la oposición nicaragüense https://t.co/OwFcFwFGSW

— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) October 23, 2025

La compañía buscaba una compensación de aproximadamente 590 millones de dólares por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), relacionadas con daños a sus propiedades agrícolas durante las protestas de 2018. Como resultado, no solo se rechazó la reclamación, sino que Riverside Coffee debe cubrir cerca de 8 millones de dólares en costos procesales del Estado nicaragüense.

La demanda, presentada en marzo de 2021 ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, alegaba que acciones gubernamentales arbitrarias y expropiatorias causaron pérdidas económicas y morales a las operaciones de la firma en el país.

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Específicamente, se invocaron protecciones a inversiones extranjeras bajo el capítulo 10 del CAFTA-DR. Sin embargo, tras un proceso de cuatro años en Washington D.C., el fallo desestimó los argumentos de la empresa, marcando un raro triunfo para Nicaragua en el CIADI en medio de tensiones con Estados Unidos, que incluyen amenazas de sanciones y posibles suspensiones de beneficios comerciales.

¿Quién es Riverside Coffee y sus propietarios?

Riverside Coffee, LLC es una empresa estadounidense incorporada en 1999 en el estado de Kansas, aunque algunas fuentes la ubican con sede en Colorado. Se especializa en el sector cafetero, pero en Nicaragua operaba principalmente en agricultura a través de su subsidiaria Inversiones Agropecuarias S.A. (Inagrosa), de la cual posee el 95% de las acciones. Inagrosa, establecida en 1996, administraba la Hacienda Santa Fe en Jinotega, una finca de unas 1.225 hectáreas dedicada a plantaciones de aguacate Hass, bosques de granadillo y otras actividades agropecuarias.

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La compañía es propiedad al 100% de Carlos José Rondón, quien también funge como presidente y director operativo de Inagrosa. Rondón, de origen nicaragüense, impulsó la transformación de la hacienda hacia la producción de aguacates para exportación. Su suegro, Melvin Winger (fallecido en 2023), estuvo involucrado en acuerdos iniciales de control accionario, aunque el dominio actual recae en Rondón. La firma ha sido representada legalmente por el bufete Appleton & Associates en este caso.

El contexto de las invasiones en 2018

Los hechos denunciados por Riverside Coffee ocurrieron durante la crisis sociopolítica de 2018 en Nicaragua, cuando la Hacienda Santa Fe fue invadida en tres ocasiones entre junio y agosto. Grupos armados, identificados como paramilitares alineados con el régimen de Daniel Ortega, ocuparon la propiedad, destruyeron plantaciones de aguacate, viveros y cosechas, y saquearon ganado y equipos. Según la empresa, las autoridades locales, como el alcalde de Jinotega y la policía, no intervinieron adecuadamente, permitiendo el despojo.

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En 2018, durante la represión a protestas antigubernamentales, grupos paramilitares afines al orteguismo tomaron múltiples propiedades sin intervención policial efectiva, a menudo dirigidas contra opositores o críticos del régimen.

Un caso emblemático es la invasión de terrenos del Grupo Coen en Managua, cerca de la rotonda Jean Paul Genie en la Carretera a Masaya, donde irregulares armados ocuparon tierras pertenecientes al empresario Piero Coen, quien había expresado oposición al gobierno. Estos eventos, conocidas como «tomas de tierras», afectaron a varios dueños que huyeron del país o protestaron, y han sido documentadas como parte de un patrón de expropiaciones informales vinculadas al Estado.

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