CIDH emite medidas cautelares a favor del cubano Mario Alberto Hernández Leyva

MIAMI, Estados Unidos. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el pasado jueves medidas cautelares a favor del activista cubano Mario Alberto Hernández Leyva, quien se encuentra recluido en condiciones severas en la prisión de máxima seguridad 1580, en La Habana. 

En su Resolución 28/2025, la CIDH consideró que Hernández Leyva está en una situación de “gravedad y urgencia”, con riesgo de sufrir “daño irreparable” a sus derechos a la vida, integridad personal y salud.

Tras reconocer la situación, la CIDH solicitó al Estado cubano adoptar medidas inmediatas para proteger al opositor, garantizar condiciones de detención acordes a estándares internacionales —incluyendo diagnósticos médicos y tratamiento adecuado—, concertar acciones con el beneficiario y sus representantes, e investigar los hechos denunciados para evitar su repetición.

Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y promotor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, fue detenido por segunda vez el 20 de junio de 2024 en el Parque Central de La Habana. Desde entonces, ha sido trasladado por al menos cuatro centros penitenciarios, ha sufrido golpizas, castigos por negarse a realizar trabajos forzados, reclusión en celdas de castigo, aislamiento y coacciones para que abandone su activismo político a cambio de alimentos, denuncia la CIDH. Según testimonios citados en la resolución, también fue obligado a gritar consignas a favor de la “Revolución” bajo amenaza de hambre.

Durante su reclusión, se le ha negado el contacto con el exterior, visitas familiares y representación legal adecuada. La comunicación telefónica ha sido limitada a una llamada semanal, y el acceso a artículos de primera necesidad solo ha sido posible a través de terceros. Su estado de salud ha sido calificado de “crítico”: presenta signos de desnutrición severa, deterioro mental —incluyendo episodios de desorientación— y no ha recibido atención médica ni psicológica.

“Se agregó que el propuesto beneficiario es coaccionado por agentes estatales a renunciar a su identidad como activista de derechos humanos y a gritar consignas a favor de la revolución para recibir comida. La parte solicitante califica estos hechos como ‘tortura psicológica’”, destaca la resolución.

El Estado cubano no respondió a las solicitudes de información de la CIDH, lo que, según el organismo, impidió evaluar si la situación de riesgo ha sido atendida o mitigada. “La Comisión lamenta la falta de respuesta del Estado de Cuba”, señala el texto de la resolución.

La CIDH concluyó que Hernández Leyva enfrenta una situación de desprotección agravada por la conducta de los agentes estatales encargados de su custodia. “En estas circunstancias, la Comisión entiende que (…) está suficientemente acreditado que los derechos a la vida, integridad personal y salud del propuesto beneficiario se encuentra en una situación de grave riesgo”.

La resolución establece un plazo de 15 días para que el Estado informe sobre la adopción de las medidas solicitadas y mantenga actualizada esa información de manera periódica. Asimismo, aclara que el otorgamiento de medidas cautelares “no constituye prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en los instrumentos aplicables”.