Choque al rojo vivo en el Senado: proposición enfureció al Gobierno Petro y dejó en veremos la reforma a la salud

Detrás del recurso, que fue aprobado por mayorías en esa célula legislativa, está la senadora Nadia Blel (Partido Conservador), que logró dejar en veremos la discusión de la iniciativa hasta tanto la misma cuente con el célebre aval fiscal que debe dar el Ministerio de Hacienda: nada menos que el visto bueno de ese despacho en el que se precisan las fuentes de cómo se financiará el proyecto.

Según advirtió Blel, si bien ya fue aprobado el Presupuesto General de la Nación para 2026, allí están incluidos recursos que no dejan de estar atados a una ley de financiamiento o reforma tributaria que sigue levantando ampolla en el Congreso. Para la senadora, no hay recursos adicionales ni rubros específicos que permitan financiar el proceso de transición, operación y fortalecimiento institucional que demanda el nuevo modelo.

Sin embargo, la determinación adoptada por mayoría en la Comisión desató el descontento del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que acusó a sus integrantes no solo de ser “inoperantes”, sino que los señaló de reclamar recursos para hospitales en las regiones que supuestamente controlan a través de “directorios políticos”.

“Inoperante es una palabra elegante para no decir otras. Inoperante es que no se tramite un proyecto que lleva acá desde el año pasado. Aquí pueden decirle a uno todo, pero cuando uno medio les toca las fibras inmediatamente ahí tiemblan, ¿cierto? Piden plata para sus hospitales, controlan sus hospitales, los utilizan como directorios políticos, manejan la salud desde hace décadas en los departamentos, y aquí se vienen a aparecer de otra forma”, alegó con vehemencia el funcionario.

Semanas atrás, en diálogo con EL COLOMBIANO, Benedetti –echando mano de una estrategia con dejo de chantaje que ya le dio réditos en el pasado, cuando salió avante la reforma laboral–, reveló que el Gobierno de Gustavo Petro está estudiando si promueve otra consulta popular para darle un empujón a la reforma a la salud.

“Lo de la consulta popular está sobre la mesa (…) Lo que queda claro es que a este Congreso le quedó grande reformar la justicia o la salud. Solo hacen bloqueos, dicen que si no se les dan prebendas no hay forma de llegar a ningún acuerdo y la clase dirigente es la que manda sobre el Congreso”, reclamó en septiembre pasado el ministro.

Por ahora, el proyecto –que se tramita en su tercero de cuatro debates– sigue en el congelador, con todo y que tiene hasta junio de 2026 para ser debatido. Sin embargo, desde ya sectores oficialistas advierten que el otro año, en medio de las elecciones presidenciales y legislativas, la iniciativa podría quedar condenada al olvido.

La semana pasada, el proyecto de reforma sufrió otro golpe. A través de un fallo del Consejo de Estado, se determinó suspender provisionalmente el llamado ‘decretazo’ a la salud que expidió en julio pasado el Gobierno de Gustavo Petro.

Se trata del Decreto 0858 de 2025 que, según expertos y críticos, implementa de facto la reforma a la salud del Gobierno Nacional y que fue firmado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El documento está ideado para promover un nuevo modelo de salud con enfoque preventivo, predictivo y resolutivo “como política de salud para los habitantes del territorio colombiano”.

Con base en postulados de la Corte, el alto tribunal destacó que, en materia de seguridad social y de salud, el Congreso es el primer llamado a delimitar el contenido, alcance y procedimientos para su exigibilidad.

En esa línea, se precisa que al adoptar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política pública de alcance nacional, el Gobierno Nacional extralimitó sus facultades reglamentarias y contrarió el principio de reserva de ley.