Caso Petro: Con máscaras de “Papás Pitufos”, congresistas pidieron avances en la investigación

El fantasma de Diego Marín, alias Papá Pitufo, y su posible filtración de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 retumbó este jueves en el Congreso. Un grupo de senadores y representantes usó máscaras que hicieron alusión directa al zar del contrabando para pedir celeridad en las investigaciones contra el jefe de Estado.

Uno de los salones del legislativo, de repente, se inundó de representantes que portaban máscara de “Papá Pitufo”, las criaturas azules que inspiraron comics y películas. Los congresistas portaban carteles en los que se leía “Juicio político ya”.

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“Hoy, en plena Audiencia Pública sobre el funcionamiento de las comisiones legales del Congreso, incluida la Comisión de Acusaciones de la Cámara, nos vimos obligados a ponernos máscaras de “Papás Pitufos” para ver si así el presidente de esta comisión nos presta atención y da respuestas sobre los avances del juicio político”, señaló el representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui.

El dardo de Uscátegui iba dirigido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por lo que él considera, un nulo avance en las investigaciones sobre las aparentes irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico.

Este martes la Comisión se había comprometido a adoptar una “decisión de fondo” en este caso antes de junio próximo, cuando concluyen las sesiones ordinarias en el Congreso.

Sin embargo, el triunvirato investigador –conformado por los representantes petristas Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta (ambos del Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de La U)–, reclamó este martes que una nueva recusación obligó a suspender el proceso investigativo.

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“La investigación volvió a quedar suspendida. Esta vez por la recusación que presentó la Veeduría ciudadana Foro Colombia Libre encabezada por Ana María Medina Polo contra el representante Alirio Uribe Muñoz quien coordina la investigación”, explicó el triunvirato, en referencia a la recusación contra Uribe, quien hizo parte de la campaña y llegó a la Corporación con la bendición del Pacto Histórico, por lo que se alertó por un supuesto conflicto de intereses.

Los congresistas enmascarados también aprovecharon para anunciar que la próxima semana radicarán una sitación a Armando Benedetti a debate de moción de censura. Consideran que el recién posesionado ministro del Interior ya ha incurrido en varias faltas graves.

Los reflectores sobre “Papá Pitufo” y su intento de infiltrarse a la campaña con sus dineros ilícitos están encendidos desde el Consejo de Ministros que fue televisado el pasado 4 de febrero. Augusto Rodríguez, director de la UNP, fue quien puso el caso sobre la mesa.

Hasta ahora se conoce que el zar logró entregar 500 millones de pesos, pero que, ante la duda de su legalidad, el entonces candidato Petro ordenó devolverlos.

El hombre permanece detenido en Portugal –país al que intentó fugarse después de saltarse la libertad condicional que le había concedido España–. El Gobierno portugués ya dio el visto bueno para su deportación en una decisión de primera instancia.

“Papá Pitufo” construyó un emporio criminal durante 38 años y ha sido sistemáticamente encubierto por funcionarios que él mismo compraba con millonarios sobornos.

El contrabandista movía hasta 30 contenedores semanales y, de ese modo, también tenía que desembolsar hasta 902 millones de pesos en sobornos a funcionarios de la Policía y la Dian.

Sus negocios ilícitos le generaban ganancias de hasta 8 billones de pesos anuales y su especialidad era el contrabando marítimo de textiles, autopartes, electrodomésticos y licores.

Su organización fue golpeada en marzo de 2024, en una operación en la cual fue arrestado su lugarteniente Ricardo Orozco Baeza, alias el Bendecido. Ahí se conocieron los alcances de su red ilegal: sospechosa de coordinar el 80 % de las actividades de contrabando marítimo en Colombia.

La Fiscalía informó, entonces, que ese grupo usaba los puertos de Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla para traer mercancía de contrabando proveniente de Asia, Estados Unidos y Europa.