Caso Petro: Comisión de Acusación se compromete a adoptar “decisión de fondo” antes de junio

11 de marzo de 2025

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Sin embargo, el triunvirato investigador –conformado por los representantes petristas Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta (ambos del Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de La U)–, reclamó este martes que una nueva recusación obligó a suspender el proceso investigativo.

“La investigación volvió a quedar suspendida. Esta vez por la recusación que presentó la Veeduría ciudadana Foro Colombia Libre encabezada por Ana María Medina Polo contra el representante Alirio Uribe Muñoz quien coordina la investigación”, explicó el triunvirato, en referencia a la recusación contra Uribe, quien hizo parte de la campaña y llegó a la Corporación con la bendición del Pacto Histórico, por lo que se alertó por un supuesto conflicto de intereses.

“Al presentar recusaciones no solo improcedentes e infundadas sino también mal tramitadas solo se dilata el proceso porque la ley obliga a los investigadores a suspender términos mientras el asunto se resuelve de fondo”, agregaron.

El triunvirato encargado del proceso aseguró que con esta recusación ya se completan cinco, “que han generado 12 meses de suspensión en la investigación que lleva en total 24 meses”. Según los congresistas, en 2023 las recusaciones presentadas por los también congresistas Christian Garcés y Paola Holguín, ambos del Centro Democrático, habían suspendido el proceso durante cinco meses y habían sido rechazados.

“Aunque las recusaciones ya no tienen argumentos jurídicos o políticos, sino que se encierran en temerarias apreciaciones injuriosas, es necesario por mandato de la ley suspender nuevamente la investigación hasta tanto la última recusación sea resuelta por el pleno de la Comisión de Acusaciones, por lo que el triunvirato no podrá adelantar ninguna otra diligencia hasta ese momento”, señalaron los representantes.

Por otro lado, los congresistas aseguraron que las circunstancias que hoy obligan a suspender el proceso “han estado acompañadas de una campaña sostenida de desprestigio y hostigamiento en redes sociales y medios de comunicación, en contra de los investigadores”.

En esa línea, destacaron que la investigación ha avanzado en el año en que ha estado activa “de forma célere”, teniendo en cuenta los tiempos de la Comisión, que –manifestaron– aún está resolviendo casos de presidentes y fiscales de los años 90.

“Han sido 56 medios de prueba los recopilados, entre los que se cuenta el traslado de los procesos que se siguen al interior del Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General de la Nación, además han sido 147 los derechos de petición contestados a la ciudadanía y 24 las tutelas de las que ha tenido que ocuparse el triunvirato desde que avocó conocimiento de la investigación”, precisaron.

También advirtieron que los tiempos de la Comisión “no son los más expeditos” debido a que hay “una serie de problemas estructurales”, como la dispersión de las reglas de procedimiento para la investigación y juzgamiento de aforados, la contratación temporal de asesores jurídicos, la ausencia de requisitos para presentar denuncias “que generan una enorme congestión” y la carencia de un sistema digital de consulta de expedientes.

No obstante, respondieron que han tratado de hacer frente con iniciativas legislativas que siguen en trámite. Con todo, ratificaron que “el compromiso de la Comisión y del triunvirato es continuar trabajando para entregar al país una decisión de fondo donde se relacione y examine cada uno de los medios de prueba a efectos de radicar la decisión de fondo antes del cierre de este semestre legislativo”.