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Cámara aprobó Ley de Sometimiento y pasa a sanción presidencial: estos son los principales cambios

Cámara aprobó Ley de Sometimiento y pasa a sanción presidencial: estos son los principales cambios

  • Colombia
  • noviembre 4, 2026
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Es una apuesta clave del Gobierno para establecer nuevos lineamientos de sometimiento a la justicia por parte de estructuras criminales. Pasó por jornadas maratónicas en el Congreso, ya que había plazo hasta hoy, y por puntos polémicos de debate.

  • El ministro de Justicia y encargado del Interior, Iván Cancino, fue clave para tender puentes en el Congreso y sacar el proyecto adelante. Foto: Colprensa.

    El ministro de Justicia y encargado del Interior, Iván Cancino, fue clave para tender puentes en el Congreso y sacar el proyecto adelante. Foto: Colprensa.

Esteban Mejía Serrano

Publicado hace 3 horas Actualizado hace 2 horas

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La Cámara de Representantes aprobó la Ley de Sometimiento con 95 votos a favor y 10 en contra. Se trata de una de las apuestas del Gobierno de Abelardo de la Espriella para establecer un nuevo marco de sometimiento a la justicia de estructuras criminales que reemplaza a la “paz total” de Gustavo Petro.

La Cámara no cambió el texto que ya había sido aprobado en Senado, por lo que no será necesaria conciliación. Por ende, el proyecto espera la sanción del jefe de Estado hoy, que vence su plazo. Con esto se anota su primera victoria legislativa después de que el Presupuesto General se hundió por decreto, perdió la Presidencia del Senado contra el Centro Democrático y enfrenta críticas por su iniciativa de rescate fiscal.

Reacciones del Gobierno De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella celebró el resultado y reconoció la labor del ministro de Justicia, Iván Cancino, quien se movió para conseguir apoyos de las diferentes bancadas, incluida la oposición liderada por el Pacto Histórico.

“Mi agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa”, dijo el mandatario.

También agradeció al poder legislativo, con quien ha tenido una relación tensa desde que empezó su mandato. “Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia”.

Por su parte, Cancino expuso algunos de los puntos clave según cómo quedó el texto final. “No hay suspensión de órdenes de captura, no hay suspensión de extradiciones, cero devolución, protección a los menores, pruebas fuertes para los reclutadores, tienen que entregar todos los bienes y se les devuelven cero pesos”, expuso.

El coordinador ponente Hernán Cadavid explicó las claves del proyecto

El coordinador ponente del proyecto, el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid, habló del resultado obtenido en el Congreso, que el uribismo también se anotó como una victoria.

“Lo que era la ley de paz total hasta hoy funcionó”, dijo, y explicó varios de los puntos. Primero, habló de una polémica relacionada con las penas de poco tiempo que inicialmente se plantearon por lavado de activos. Dejó claro que esos tiempos aumentaron.

“Con el cumplimiento de un año de pena hubiera podido tener un beneficio, finalmente quedó en seis años”, dijo.

Segundo, agregó que “el beneficio para reclutadores de menores no aplica cuando se trata de esta ley de sometimiento”. Tercero, dijo que “se elimina una condición que habíamos venido defendiendo, que tiene que ver con el gasto reservado al interior del Fonsecon (Fondo de Seguridad y Convivencia), en el Ministerio del Interior”.

Cuarto, Cadavid señaló que “se le han relevado las cargas a los departamentos y municipios a la hora de que un grupo decida someterse”. Es decir, “la coordinación de todo esto está del mano del Ministerio de Justicia”.

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De hecho, la ley otorga al Presidente facultades para dirigir exclusivamente la implementación de sus instrumentos. Y establece que las personas autorizadas por el Gobierno para participar en su implementación no incurrirán en responsabilidad penal ni disciplinaria por su intervención. A su vez, podrán solicitar archivos, preclusiones u otras formas de terminación de actuaciones.

El senador subrayó que la Ley de Sometimiento “no es un acuerdo de paz, no es una negociación política con grupos al margen de la ley, no suspende órdenes de captura, no interrumpe procesos de extradición, se fijan unas condiciones para el sometimiento sin que el Estado de Derecho se divida o pierda su razón de ser”.

Reducción de penas y condiciones para reclutamiento de menores

Otro de los puntos clave es la reducción de penas. Allí se contemplan rebajas de hasta el 50 % para integrantes sin mando y del 30 % para quienes hayan ejercido mando; es decir, para cabecillas. Y quienes hayan tenido un papel determinante en el reclutamiento deberán pasar al menos diez años privados de la libertad.

En temas de reclutamiento de menores, las rebajas máximas serán del 10 % máximo para quien haya ejercido mando y del 30 % para quienes no lo hayan hecho. Eso sí, quienes ya tengan condena en firme por reclutamiento ilícito o utilización de menores no tendrán beneficios.

Entretanto, los menores de 18 años no podrán integrar las listas de sometimiento y deberán ser entregados al Bienestar Familiar (ICBF) como víctimas.

Bloque de preguntas frecuentes:

¿Qué es la nueva Ley de Sometimiento y en qué se diferencia de la “paz total”?
Es el marco jurídico del Gobierno de Abelardo de la Espriella para someter estructuras criminales sin realizar negociaciones políticas. A diferencia de la “paz total”, no suspende órdenes de captura ni frena trámites de extradición hacia otros países.
¿Cuáles son los beneficios de pena para reclutadores de menores?
Los reclutadores de menores tienen restricciones severas: rebajas máximas del 10 % para cabecillas y del 30 % para integrantes sin mando. Quienes tengan condenas en firme por este delito no reciben ningún beneficio.
¿Cómo queda el manejo de bienes y penas en la Ley de Sometimiento?
Los grupos criminales están obligados a entregar la totalidad de sus bienes sin recibir retribución económica. En lavado de activos, el beneficio para acceder a penas reducidas pasó de un año a seis años de cumplimiento mínimo.

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