Bombas, cocaína y oro ilícito: los males que rodean a Cali

Cali es la metrópoli colombiana más azotada por el terrorismo en lo corrido de 2025. Sus habitantes han tenido que padecer cuatro ataques con vehículos cargados de explosivos en un lapso de dos meses, en medio de una demostración de poder criminal que mantiene a la gente en zozobra.

En la memoria de los caleños todavía retumban el camión bomba que mató a seis personas y dejó 80 heridos el pasado 21 de agosto, en el barrio La Base; el triple ataque con explosivos contra los CAI policiales en los barrios Manuela Beltrán, Meléndez y Los Mangos, con saldo de tres muertos y cinco lesionados, el 10 de junio.

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En el resto del país, todos nos hacemos la misma pregunta: ¿por qué contra Cali? Para entender lo que sucede, EL COLOMBIANO consultó fuentes militares, policiales y autoridades administrativas. Coinciden en que los principales enemigos de la capital valluna son Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”), el jefe del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), y su lugarteniente Iván Idrobo Arredondo (“Marlon Vásquez”), cabecilla del frente Jaime Martínez.

Ellos son los directos responsables de las bombas, pero también de una estrategia de control territorial por medio del terror que se extiende más allá de la ciudad, y que implica entrar en conflicto contra otros grupos criminales que persiguen las riquezas que rodean a la Sultana del Valle.

Las fuentes de Inteligencia explican que a tan solo una hora de distancia de Cali están ubicados seis sitios clave para negocios de narcotráfico y minería ilegal.

Para comenzar, hay dos enclaves de cocaína, es decir, áreas que concentran cultivos, laboratorios y rutas de transporte: uno es el enclave Jamundí-Timba-Buenos Aires, y el otro es El Naya, según el monitoreo de la ONU. Ambos agrupan 3.000 hectáreas de coca.

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El tercer lugar estratégico es el norte del vecino departamento del Cauca (Corinto, Toribío, Miranda y Santander de Quilichao), que concentra el 90% de los cultivos de marihuana de variedad cripa, que surten las plazas de vicio del país y además se exportan.

Luego están el puerto de Buenaventura, usado como plataforma de exportación de droga; así como el río Naya y los Farallones de Cali, donde los delincuentes explotan yacimientos ilícitos de oro.

Por los tesoros de ese entorno compiten el EMC, la Segunda Marquetalia, el ELN, el Clan del Golfo y bandas como “los Shottas”, “Espartanos”, “los Flacos” y “la Inmaculada”, que despliegan sus redes logísticas en Cali. La urbe termina convertida en una especie de central de negocios ilegales, desde la cual se coordinan las citadas actividades.

Para rematar, en la ciudad hay grupos de crimen organizado local y oficinas de cobro sicarial que quedaron de antiguas estructuras ya desmanteladas, como “los Rastrojos” y “los Machos”, y que aún son un factor de violencia.

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Prueba de ello es la disputa existente entre la bandas de “Dimax” y “Chinga Pipe”, que en la noche del pasado jueves produjo un enfrentamiento en el barrio El Retiro, que dejó siete heridos y dos muertos, uno de ellos fue un inocente que recibió una bala perdida.

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, contó que “la mayor preocupación es la presencia del frente Jaime Martínez, generando acciones terroristas. Esta presencia se ve impulsada por 2.000 hectáreas de coca sembradas a 45 minutos de Cali, en la zona rural de Jamundí, eso genera un gran poder financiero para esta estructura, que creció un 30% en los últimos años”.

Las redes del terrorismo en Cali se consolidaron durante el llamado Estado Social de 2021, cuando una serie de protestas callejeras en contra del gobierno de turno, derivaron en atentados a la infraestructura y Fuerza Pública. Aunque la fachada eran los movimientos estudiantes, en la práctica quienes financiaron e instigaron los ataques fueron los insurgentes, según investigaciones posteriores de la Fiscalía. Tales células clandestinas se volvieron a reactivar, al servicio del EMC.

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Las autoridades caleñas lo han probado todo, para tratar de mitigar la violencia: toques de queda, recompensas, aumento de patrullajes, pedidos de pie de fuerza, cierres tempranos de comercio y demás.

“Recibimos una administración que asignaba $69.000 millones al año para la seguridad y hoy estamos asignando entre $120.000 y $130.000 millones al año”, recalcó García.

A esa estrategia tiene que sumarse con mayor ahínco el Gobierno Nacional, pues es claro que para debilitar a los grupos criminales que agobian a Cali, hay que atacarlos por fuera de sus fronteras. Ese apoyo, hasta ahora, no es suficiente.