Ayuntamiento español dona a Cuba más de 30.000 euros para proyectos de cooperación

Ayuntamiento español dona a Cuba más de 30.000 euros para proyectos de cooperación

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  • junio 20, 2025
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Uno de los proyectos busca fortalecer «las comunidades energéticas en las comunidades rurales» de Santiago de Cuba y el otro incluye la construcción de un policlínico en Báguanos, Holguín.

MIAMI, Estados Unidos. — El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (España) aprobó la concesión de más de 30.000 euros para dos proyectos de cooperación internacional que operan en Cuba: la Asociación Sodepaz y la ONG Medicuba España, según anunció este jueves la Junta de Gobierno Local de Rivas.

De acuerdo con el comunicado municipal, Sodepaz recibirá 23.500 euros para “el fortalecimiento de las comunidades energéticas en las comunidades rurales de la provincia de Santiago de Cuba”. Por su parte, Medicuba España obtendrá 9.500 euros destinados a “la puesta en servicio de un centro policlínico en la localidad de Báguanos, en la provincia de Holguín”.

Los proyectos apoyados por el Ayuntamiento de Rivas no se ejecutarán directamente por el Gobierno cubano, sino mediante organizaciones no gubernamentales españolas, de acuerdo con la información disponible. Sin embargo, no existen mecanismos públicos que garanticen el uso adecuado y eficiente de estos recursos dentro de un país bajo un régimen autoritario, sin libertad de prensa ni control institucional independiente.

La decisión se enmarca dentro del compromiso del Ayuntamiento con “la solidaridad y los derechos humanos”, y forma parte de una serie de convenios de colaboración suscritos con organizaciones que actúan en países con altos índices de pobreza o en contextos de conflicto prolongado.

No obstante, mientras se canalizan fondos hacia instituciones médicas en Holguín y proyectos energéticos en Santiago de Cuba, donde el aparato estatal cubano ejerce control absoluto sobre las infraestructuras, decenas de empresas españolas permanecen sin cobrar por suministros ya entregados. 

España dona; Cuba adeuda 

La asignación de fondos públicos a iniciativas dentro del territorio cubano contrasta con la grave situación financiera derivada de los impagos del régimen cubano a empresas españolas, muchas de ellas pequeñas y medianas, que han suministrado productos esenciales, incluidos bienes de carácter humanitario.

La organización empresarial Foment del Treball, principal patronal catalana, advirtió esta misma semana que el Gobierno de Cuba mantiene una deuda impagada de más de 350 millones de euros con cerca de 300 compañías españolas, cifra que ha venido acumulándose desde 2018. 

“La situación financiera de estas compañías es crítica: más de un 15% han tenido que cesar su actividad o han cerrado, con un impacto directo sobre el empleo”, alertó la patronal catalana. “La falta de respuesta efectiva a este conflicto podría tener graves consecuencias económicas, tanto para las empresas españolas afectadas como para las relaciones comerciales bilaterales con Cuba”, agregó.

En declaraciones ante el Congreso de los Diputados en noviembre de 2024, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ismael Arroyo, reconoció que el monto de la deuda superaba los 300 millones de euros, concentrados en operaciones de exportación hacia Cuba, en sectores clave como la sanidad y la alimentación.

Además, más del 40% de las compañías perjudicadas tienen sede en Cataluña, región que históricamente ha mantenido fuertes lazos comerciales con Cuba. La propia “Plataforma de afectados por los impagos del Gobierno cubano”, creada por Foment en 2023, ha insistido en la necesidad de activar mecanismos de compensación para evitar el colapso del tejido exportador.

La decisión del Ayuntamiento de Rivas, aunque legal y enmarcada en una política solidaria, abre interrogantes sobre la falta de condiciones mínimas de transparencia y responsabilidad en el destino de fondos públicos en países como Cuba. 

Organismos como Medicuba España y Sodepaz han defendido históricamente sus vínculos con el sistema de salud cubano, aunque sus proyectos operan dentro de un entorno controlado por el Estado, donde la participación ciudadana y la fiscalización independientes no existen.

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