Ayuda exterior de la Unión Europea, ¿para el desarrollo de quién?

LA HABANA, Cuba. – En el contexto de la reciente Feria Internacional ExpoCaribe, celebrada a finales de junio en Santiago de Cuba, Gabriel Bottino, representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba, anunció el lanzamiento de la convocatoria de un nuevo proyecto de apoyo financiero a “nuevos actores económicos”, vinculados al sector agroalimentario en el oriente cubano, aunque, en los próximos meses, de acuerdo con la nota publicada en Granma, se extenderá a las regiones centrales, y a otros “tres proyectos de carácter nacional”.

En resumen, la iniciativa, financiada con fondos de la Cooperación Francesa en Cuba y gestionada por la llamada Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial, PADIT (liderada, entre otros, por el Ministerio de Economía y Planificación, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el Instituto de Planificación Física y los gobiernos provinciales, bajo la orientación del Partido Comunista), ofrecería, además de acceso a los mercados foráneos, un considerable aporte financiero con montos que pueden ascender hasta los 40.000 dólares por proyecto seleccionado.

En medio de la profunda crisis que atraviesa el país, la noticia pareciera alentadora, al menos para aquellos emprendedores que tienen buenas ideas, pero no mecanismos para financiarlas. Sin embargo, las malas experiencias anteriores con convocatorias similares, más la oleada de cierres de negocios no estatales, provocada por el acoso constante del gobierno a aquellas iniciativas privadas que no cuentan con su respaldo político, hacen sospechar sobre el destino de esos fondos. No sería el primer dinero que llega del exterior, bajo el pretexto de “ayuda para el desarrollo”, y que terminaría en manos de los mismos “afortunados” de siempre. 

Por ejemplo, cuatro años atrás, el 25 de agosto de 2021, el Banco Central de Cuba anunciaba en su sitio web una convocatoria similar para el “fomento agropecuario”, en coordinación con el Ministerio de Finanzas y Precios. Esa vez, se hablaba de un fondo de 1.800 millones de pesos (unos 70 millones de dólares al cambio oficial del momento) para ejecutarse en 2021. El dinero mayormente provenía de diversos programas para el desarrollo, en especial de los gobiernos de China, Alemania, España, las Naciones Unidas (PNUD) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), coordinados por PADIT.

Aunque se especificaba que el fondo estaría destinado principalmente a “empresas seleccionadas” por su desempeño y el impacto en las “producciones priorizadas”, en especial los cultivos de arroz, plátano, yuca y frutas; de acuerdo con información ofrecida a CubaNet por miembros y representantes de algunas de las organizaciones que tributan a PADIT y que pidieron proteger su identidad, los datos reflejados en el Informe Anual 2021 del PNUD sobre el desempeño de PADIT durante ese año, así como con el Plan de Trabajo Anual 2021/2022, menos de la mitad fue a parar a entidades del Ministerio de la Agricultura. 

Curiosamente, solo un proyecto privado, catalogado como Proyecto de Desarrollo Local (PDL), logró beneficiarse, a través del gobierno local de la provincia donde está emplazado, de unos 40 millones de dólares. 

La información también fue confirmada a CubaNet, bajo condición de proteger su identidad, por un funcionario del Banco Central de Cuba (BCC), e igualmente por un extrabajador de la mipyme en cuestión.

El cuantioso monto lo asignaron a la Agroindustrial Media Luna S.R.L., de Ciego de Ávila, propiedad de Fernando Javier Albán Torres, relacionado directamente con el caso de la destitución del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, en febrero de 2024, por el presunto delito de corrupción.

Fernando Javier Albán Torres, quien habría sido incluido en el proceso de investigación por su vínculo con Gil Fernández, fue dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en Camagüey, entre los años 1999 y 2004; y estuvo, en 2002, entre los principales represores relacionados con la expulsión de dos estudiantes de Medicina que habían firmado el Proyecto Varela. Fue amigo personal de Alejandro Gil (y presuntamente su testaferro) desde los tiempos de su juventud. Ambos trabajaron en el Departamento Comercial de la empresa agroindustrial Río Zaza, del chileno Max Marambio, que terminó su relación con Cuba y los Castro expropiado y acusado de corrupción. 

“Media Luna fue la única pyme que recibió financiamiento, y lo hizo por su relación con (Alejandro) Gil”, asegura el funcionario del BCC entrevistado por CubaNet, y agrega: “La convocatoria fue una formalidad, porque lo exigen quienes entregan el dinero a Cuba (…), se acogieron centenares de proyectos, muchos eran de cooperativas y también de empresas no estatales, todos cumplían los requisitos, unas más que Media Luna, que ya desde 2019 tenía máquinas donadas e instaladas por China, más algunas que pertenecían a Río Zaza, pero eso estaba decidido. De hecho, en esa ocasión se hizo en coordinación con el Ministerio de Finanzas para supuestamente mantener al margen al Ministerio de Economía (en aquel entonces encabezado por Gil), que es el organismo principal a la cabeza de PADIT”, asegura el funcionario.

Media Luna S.R.L. fue el primer PDL de Ciego de Ávila en recibir la aprobación de mediana empresa en 2021, y la primera mipyme privada de la provincia. Así fue constituida mediante escritura notarial el 18 de octubre de 2021, aunque ya el 29 de septiembre de ese mismo año el MEP la había incluido entre las primeras 30 mipymes aprobadas en el país. Pero,ya recibía beneficios como PDL, desde junio de 2016, a solicitud del Consejo de Ministros y a instancias del Ministerio de Economía y Planificación. Ese mismo año, en diciembre, Alejandro Gil Fernández, que se desempeñaba como viceministro primero del Ministerio de Finanzas y Precios, fue nombrado viceministro primero del MEP, y un año después, como ministro y viceprimer ministro del Gobierno. 

En julio de 2022, Agroindustrial Media Luna S.R.L. también estaría entre las primeras en beneficiarse por un paquete de medidas impulsado por Gil Fernández para incrementar los ingresos en divisas y las exportaciones, tanto en las empresas estatales como en las no estatales, lo que le permitiría tanto a la mipyme de Albán Torres, como a otras empresas gestionadas por los gobiernos locales a través de los programas de cooperación integrados en PADIT, obtener más ingresos externos y al mismo tiempo justificar el dinero recibido enmascarándolo como ingresos por exportación. 

“Necesitaban (se refiere específicamente a Media Luna S.R.L.) pasar el dinero de los fondos (otorgados por PADIT por concepto de inversión) como ingresos por exportación, y también sacar dinero de Cuba por concepto de importación. A los Estados Unidos principalmente”, asegura bajo condición de anonimato una fuente del Instituto de Investigaciones de la Economía de Cuba, institución asociada a PADIT. Y agrega: “Antes (de 2021) los fondos externos eran entregados directamente a los proyectos que el PNUD, o el mismo COSUDE, quisieran apoyar, pero luego se determinó que existiera un ente intermedio, articulado con los gobiernos locales y el Ministerio de Economía y Planificación. (…) El PNUD solo verifica que las ayudas sean entregadas a los gobiernos locales, y su fiscalización depende de los informes de estos gobiernos. Tienen que creer en lo que les dicen, y los propios gobiernos se encargan de que las personas que están al frente de los PDL sean de confianza (…). Raras veces aprueban uno que no puedan controlar, o los crean ellos mismos y ponen a algún cuadro (dirigente del PCC) a dirigirlos como si de verdad fuese una empresa privada”, explica la fuente.

En la misma provincia, en Ciego de Ávila, Lázaro V., dueño de una pequeña empresa de producción de piensos a partir de desechos de la agricultura, nos cuenta cómo, a pesar de llevar varios años solicitando apoyo financiero al Gobierno provincial, basado en el considerable número de personas que emplea en su negocio y el impacto positivo que este tiene tanto en su comunidad como fuera de ella, jamás ha logrado conseguir ni un centavo, en tanto su emprendimiento, aun contando con los requisitos, no ha sido catalogado como “Proyecto de Desarrollo Local” (PDL), con lo cual obtendría importantes fondos de PADIT.

En 2021 otros “emprendimientos” de interés para los gobiernos locales, y en consecuencia calificados como PDL, fueron beneficiados por los fondos para el desarrollo. Uno de ellos, en el municipio Playa, en La Habana, fue visitado en mayo de 2021 por Miguel Díaz-Canel, y por tal motivo fue reseñado ampliamente por la prensa oficial.

“Todos los años hago la solicitud al gobierno y nada. Mi negocio es único en la zona y es importante por el volumen de producción y la cantidad de gente que emplea, pero lo único que he recibido son inspecciones constantes, multas sin justificación, como buscando que me canse y cierre. (…) No hace ni un año llegó un general, levantó una finca aquí al lado, que la trabajan soldados vestidos de civil, ni siquiera de la EJT (Ejército Juvenil del Trabajo) (…) produce un poco de yuca y boniato para las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias). (…) en menos de un mes, y todavía sin producir, con el terreno enyerbado, la convirtieron en Proyecto de Desarrollo Local. Dicen que esa basura, a donde el general viene quizás una vez al mes, es un proyecto patrocinado por italianos. Hasta Díaz-Canel ha venido a visitarla. Entonces es cuando traen a los soldados y chapean, pintan un poco y se hacen los que están trabajando”, nos informa Lázaro.

La otra mafia detrás de PADIT

Se trataba de un PDL vinculado a la Fundación Antonio Núñez Jiménez (FANJ), y dirigido como emprendimiento personal por Liliana Núñez Véliz, hija del aventurero y explorador cubano, que además, como Comandante de la Revolución, ocupó diversos cargos en el gobierno cubano después de 1959.

La FANJ ha sido ampliamente beneficiada por PADIT, según aparece en los informes oficiales del PNUD, y fue de los primeros PDL aprobados en Cuba. Hoy, desde la que fuera la vivienda de Núñez Jiménez, una mansión en la barriada de Siboney, no solo se promueven negocios de perfumería y productos naturistas para tratamientos de belleza sino que, además, se alquilan espacios y habitaciones de lujo a extranjeros, un negocio que incluye el alquiler de Villa Palmera, la que fuera mansión del empresario chileno Max Marambio, esposo de Lupe María Núñez Véliz, hermana de Liliana, que además también estuvo casada con el coronel del MININT Jose Luis Padrón. 

Padrón en los años 80 fuera presidente del Instituto de Turismo, fundador de la comercializadora CIMEX y de más de una empresa registrada en Panamá. Su primo, Amado Padrón, fue fusilado en 1990, después de haber sido juzgado por la misma causa que el general Arnaldo Ochoa. 

Max Marambio, dueño de la empresa Agroindustrial Río Zaza, fue expropiado y expulsado de Cuba en 2010, un año después de que Raúl Castro tomara oficialmente las riendas del poder. No importaron ni la amistad con Fidel Castro, ni el matrimonio con la hija de un “histórico”, mucho menos el historial de quien fuera miembro de la escolta de Salvador Allende y oficial de los servicios secretos de la dictadura cubana.

La representación de la FANJ en Pinar del Río es presidida actualmente por Carlos Aldana, hijo del Carlos Aldana que fuera secretario ideológico del Partido Comunista, y jefe del Despacho de Raúl Castro en el Ministerio de las Fuerzas Armadas.

Dirigentes, exdirigentes, amigos y testaferros, cómplices y leales, nombrados y destituidos, se reciclan una y otra vez, personalmente o a través de sus hijos y familias, en una estructura mafiosa, enmarañada que funciona como gran agujero negro en la economía cubana por donde se escapan millones de dólares que llegan a Cuba provenientes de la ayuda exterior.  

Los restaurantes de los Perdomo DiLella, las fincas de Flora y Fauna, los emprendimientos y mansiones de la FANJ, los programas de diversidad sexual, género y empoderamiento femenino de la FMC y el CENESEX, Media Luna S.R.L., la Oficina del Historiador de La Habana, hoy en manos de los militares y dirigida por Perla Rosales, la hija del general Ulises Rosales del Toro, no son una excepción, sino solo una parte mínima de un esquema de corrupción mucho más abarcador, totalmente controlado por el régimen cubano mediante testaferros y “gente confiable”, todos pertenecientes o leales a una élite de poder que, en muchos sentidos funciona como una mafia.

En ese esquemas existen negocios más o menos, conocidos como Gaia S.U.R.L., una mipyme con categoría de PDL, inscripta en 2022 por Lisa Titolo Castro, nieta de Raúl Castro; y varios de los emprendimientos administrados por Cristina Lage Codorniú, no solo en virtud de su vínculo familiar con su padre Carlos Lage Dávila, ex vicepresidente cubano sino, sobre todo, con su hermano Carlos Lage Codorniú, actualmente consultor del PNUD en Cuba, y especialista en el área de financiamiento a los emprendimientos y la articulación de estos con los mecanismos de cooperación internacional. 

También organizaciones políticas como la Federación de Mujeres Cubanas están articulados con PADIT y reciben fondos externos. Sucede igual con el proyecto de vida marina “Bojeo a Cuba”, amparado en las acciones sobre cambio climático y su impacto en los países insulares, promovidas por la ONU y financiado por el PNUD, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el Fondo Verde del Clima, entre otros, que tributan además al Ministerio de Turismo como a otros proyectos de conservación de especies y áreas protegidas, donde se llevan una gran tajada las empresas de Flora y Fauna, dirigidas por el comandante Guillermo García Frías y su familia. Todos ellos se sostienen esencialmente a partir de la cooperación internacional, en especial la que llega de la Unión Europea.

PDL y PADIT, privilegios del castrismo

De acuerdo con el más reciente listado de mipymes actualizado por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) —que ya supera los 11.000 emprendimientos registrados desde el 29 de septiembre de 2021 hasta la fecha (aunque esta cifra no es real, teniendo en cuenta que el MEP no ofrece una actualización sobre los que se han extinguido)—, poco menos de 140 negocios y proyectos en activo cuentan con esa clasificación que, casi automáticamente, los hace elegibles como beneficiarios de fondos provenientes de PADIT, la única entidad que, bajo las nuevas normas jurídicas aprobadas en 2021 sobre cooperación internacional, canaliza y determina por decisión de los gobiernos locales a qué manos irá el dinero proveniente de todos los organismos internacionales que tributan a la plataforma, ya como parte de acuerdos con los diversos programas para el desarrollo de las Naciones Unidas o de los mecanismos de ayuda exterior de los gobiernos con o sin representación diplomática en la Isla, y hasta de personas individuales, partidos políticos foráneos, fundaciones, etcétera.   

De modo que ser catalogado como PDL por los gobiernos locales y por el MEP, como principales responsables de PADIT, es todo un privilegio. 

De acuerdo con la información oficial ofrecida por el PNUD en su sitio oficial, PADIT es una Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial, liderada por el MEP, el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), el Instituto de Planificación Física (IPF) y el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), y cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba (PNUD), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), la iniciativa ART Internacional (Articulación de Redes Internacionales), las embajadas de Italia, de Reino de los Países Bajos, de Reino Unido, y de Canadá, aunque además coordina, recibe y distribuye fondos exteriores de otras naciones y personas. 

No obstante, son los gobiernos provinciales los que gestionan el programa de PADIT a nivel local, además de contar con la participación de unas 13 instituciones nacionales asesoras, entre las que destacan la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Oficina del Historiador de La Habana (OHH), la Universidad de La Habana, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y el Banco de Crédito y Comercio (Bandec), como parte del Banco Central de Cuba (BCC). 

Nota:

Para este trabajo de investigación fueron notificadas, contactadas e entrevistadas directamente o por vía telefónica, internet y correo electrónico las siguientes personas:

Peter Sulzer, representante residente de COSUDE

Mayra Espino Prieto, responsable cubana de COSUDE

Aymara Hernández Morales, PNUD