Atención: capturaron al exalcalde de Apartadó Héctor Rangel

El exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel, fue capturado por la Policía Nacional en la mañana de este viernes en este municipio del Urabá antioqueño.

Aunque todavía no se conocen los motivos de su captura, EL COLOMBIANO pudo confirmar que esta fue ordenada desde Bogotá y contó con el acompañamiento de la Policía de Urabá.

Según fuentes judiciales, la captura está motivada por “delitos contra la administración pública”.

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Rangel, hay que recordar, fue el ganador de las elecciones regionales del 2023 con el 50% de los votos (28.092) en su municipio pero fue destituido en enero de este año por incurrir en doble militancia, pues aunque aspiró al cargo por el Partido Liberal, hizo campaña por el movimiento Indenpendientes, del exalcalde de Medellín y ahora precandidato presidencial, Daniel Quintero.

El pasado 6 de abril, en este municipio de Urabá se celebraron unas nuevas elecciones, en las cuales, en un hecho inédito, Rangel volvió a participar (a pesar de que fue precisamente por su destitución que se tuvieron que hacer nuevas elecciones) y sacó otra vez la mayoría de los votos (47,78%), que finalmente no fueron validados por la Comisión Escrutadora Departamental, que dio como ganador al actual alcalde Adolfo David Romero, que obtuvo el 40,83% del total de los votos.

Aunque las autoridades están esperando que se lleve a cabo la audiencia de legalización de la captura para entregar detalles de los motivos que llevaron a esta, se sabe que Rangel había sido señalado hace meses porque, al parecer, durante su corto periodo como Alcalde, se habían hecho transferencias de miles de millones de pesos de las arcas del municipio a cuentas bancarias personales de algunos funcionarios de la alcaldía sin que hubiera soporte o justificación para ello.

Tras recibir una denuncia por parte del gobierno entrante –que desde abril pasado asumió el poder luego de unas agitadas elecciones atípicas–, la Contraloría General de Antioquia alertó no encontrar soportes de una cuantiosa serie de transferencias bancarias efectuadas a particulares desde las cuentas del municipio por más de $3.500 millones.

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Según precisó la Contraloría en su informe, dicha denuncia de la administración de Romero se radicó el pasado 3 de junio y en la misma el gobierno local aseguró haber detectado un total de 49 transferencias bancarias por $3.554 millones desde varias cuentas del municipio y dirigidas a particulares, en una ventana de tiempo que va desde mayo de 2024 a marzo de 2025.

Con base en esa alerta, la Contraloría de Antioquia inició entonces una actuación especial de fiscalización, cuyos resultados quedaron plasmados en un informe publicado el pasado 19 de junio y en el que ese ente resaltó la gravedad de la situación.

“Se verificó que dichos pagos no cuentan con registros en el sistema de contabilidad oficial, ni con soportes contractuales, actos administrativos, ni comprobantes de egreso válidos que los justifiquen”, señaló la Contraloría en su informe, advirtiendo además que en sus pesquisas había detectado graves falencias en el control contable realizado al interior de la Alcaldía de Apartadó, tanto en su Secretaría de Hacienda como en su Tesorería.

Junto a una actuación que calificó como “dolosa” por parte de los funcionarios públicos que habrían efectuado los pagos, el ente insistió no encontrar “mecanismos eficaces de control interno para la verificación del gasto” en ese municipio.

Bajo esa óptica la contraloría señaló entonces que la situación podría configurarse un presunto detrimento patrimonial de $3.554 millones y que incluso podría haberse configurado el delito de peculado por apropiación y concierto para delinquir.

“Se configura un posible hallazgo fiscal con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por un monto de $3.554.740.000, correspondiente a recursos públicos comprometidos sin soporte contractual, sin registro contable y sin justificación legal”, señaló la contraloría en su informe.

Para acabar de ajustar, el gobierno entrante señaló también haber encontrado indicios que varios funcionarios técnicos de la misma alcaldía habrían elaborado comunicaciones internas alertando de más inconsistencias, como pagos a cuentas bancarias que no aparecían relacionadas a los contratos, pagos dobles e inconsistencias entre las fechas de las consignaciones y el registro de los egresos.