Así fue el ataque a militares en Putumayo que evidenció el control de las disidencias sobre civiles

04 de septiembre de 2025

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Un violento ataque contra dos integrantes del Ejército Nacional en la vereda Siloé, zona rural de Villagarzón (Putumayo), conmocionó al país y generó alarmas sobre el papel de las disidencias de las FARC en la región. Según inteligencia militar, los uniformados fueron rociados con gasolina y prendidos en fuego por un grupo de civiles instigados por los Comandos de Frontera, una facción de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) que controla economías ilegales locales.

El subteniente Miguel Ángel Mejía y el soldado profesional Sebastián Díaz participaban en la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cocaína cuando aproximadamente quince personas los rodearon. El ataque dejó al subteniente con quemaduras en el 75% de su cuerpo y al soldado con lesiones en el 30%, lo que motivó su traslado inicial a Florencia (Caquetá) y posteriormente al Hospital Militar de Bogotá.

En contexto: Intentaron quemar vivos a dos militares durante asonada en medio de operación contra laboratorio de cocaína en Putumayo

El brigadier general Yor William Cotua, comandante de la Brigada 27 del Ejército, durante una entrevista en Blu Radio, calificó el hecho como un acto criminal: “nuestros hombres estaban cumpliendo la misión de golpear el narcotráfico cuando fueron sorprendidos por civiles instrumentalizados por estructuras armadas. Dos de ellos decidieron rociar con gasolina a un subteniente y a un soldado y prenderles fuego”.

Cotua agregó que ya se cuentan con fotografías de los presuntos responsables, material que fue entregado a la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, el ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los agresores, enfatizando que se trató de un acto de narcotraficantes y no de campesinos.

El hecho también afecta los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con la CNEB. Armando Novoa, jefe negociador del Ejecutivo, habló también en Blu Radio y pidió un pronunciamiento público de rechazo por parte de las disidencias y advirtió que, de no ocurrir, el Gobierno podría levantarse de la mesa de negociación. “Guardar silencio frente a estos actos de barbarie pondría en grave riesgo los avances alcanzados en el proceso de paz”, dijo Novoa, insistiendo en que los responsables deben rendir cuentas ante la justicia.

El general Cotua explicó que los laboratorios de cocaína en Putumayo son construidos por civiles bajo presión de las estructuras armadas, lideradas por alias ‘Popeye’, cabecilla de la facción Comandos de Frontera, que cuenta con cerca de 600 hombres armados. “La población civil se mete a proteger los laboratorios por instigación, pero los verdaderos beneficiarios son los grupos armados organizados”, recalcó el alto oficial.

La Defensoría del Pueblo se pronunció rechazando categóricamente los hechos y expresó solidaridad con los uniformados y sus familias. Según la entidad, los atacantes actuaron “bajo presión y constreñimiento” de los Comandos de Frontera, y solicitó al Gobierno Nacional garantizar un pronunciamiento claro de repudio y medidas de no repetición antes de continuar con los diálogos de paz.