Así es como las disidencias han perfeccionado los ataques con drones, ¿qué hacer?

Justo después de la procesión del Domingo de Ramos las disidencias de las Farc lanzaron un ataque coordinado –y casi que en simultánea– sobre tres estaciones de Policía del departamento del Cauca.

Videos grabados por la ciudadanía alcanzaron a registrar varios drones cargados con explosivos sobre la estación de Policía de Cajibío. Abajo, los soldados disparaban a los artefactos para tratar de derribarlos y evitar que estallaran sobre la guarnición oficial. El hecho no dejó heridos. Esa misma estrategia de los ilegales fue replicada ese 13 de abril en los municipios caucanos de Morales y Piendamó.

Esos fueron solo tres de los 62 ataques que han propinado los actores ilegales contra la Fuerza Pública y la población civil en lo que va de este 2025 y que el Comando Conjunto de las Fuerzas Militares lleva inventariados en un informe de operaciones conocido por EL COLOMBIANO.

La incautación de drones, videos y la interceptación de comunicaciones por parte de inteligencia militar, darían cuenta de que los disidentes –y hasta los guerrilleros del ELN– están capacitándose cada vez más en el dominio de estas máquinas para propinar ataques precisos contra la fuerza pública y la población civil.

Esta modalidad ha sido utilizada por los grupos armados en los departamentos del Cauca, Huila, Nariño y en la subregión del Catatumbo (Norte de Santander).

“Lo que están buscando es una nueva forma de atacar a las tropas que les permita obtener mejores resultados sin que ellos pierdan a sus hombres en la confrontación. Porque, si bien tienen hombres para responder a las operaciones militares, no tienen cómo hacer frente al poderío de nuestras fuerzas”, explica un investigador militar a EL COLOMBIANO.

Son acciones combinadas con las tradicionales formas del terrorismo. De hecho, este Jueves Santo los disidentes detonaron un carro cargado con explosivos cerca a la estación de Policía del corregimiento de Mondomo (Santander de Quilichao, Cauca) que dejó una persona muerta, 20 heridas y ocasionó múltiples daños materiales.

En contexto: Disidencias atacaron con drones estaciones de policía del Cauca este fin de semana

Desde el año pasado las Fuerzas Militares tienen la orden de capacitarse para prevenir cualquier ataque con aeronaves no tripuladas.

“Es fundamental establecer protocolos y medidas preventivas para mitigar los riesgos asociados al empleo de drones por parte de las estructuras criminales”, se escuchó en una comunicación radiofónica en marzo del año pasado del entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo.

Pero los ataques con drones ya cobraron la primera víctima entre las filas de las fuerzas oficiales. Es el caso del soldado profesional José de la Cruz Berrío Palacios, quien falleció el pasado 4 de marzo tras un atentado atribuido a la guerrilla del ELN.

El ataque ocurrió mientras realizaban operaciones de estabilidad en el municipio de Teorama (Norte de Santander). En ese momento, varios soldados fueron sorprendidos por un atentado terrorista del ELN, que utilizó un dron cargado con artefactos explosivos improvisados.

Siete militares más también han resultado heridos este año en medio de ataques dirigidos desde los drones. La cifra representa un aumento del 100 % de los casos, ya que en el mismo periodo del 2024 no se registraron soldados heridos en ataques con drones.

Estas máquinas tienen autonomía de vuelo de entre 30 y 60 minutos. Son cargados con hasta un kilo de explosivos –por lo general granadas de mortero hechiza– y una vez tienen fijado el objetivo, lo sueltan con un mecanismo de control remoto o se estrellan al estilo kamikaze.

“El asunto es que interceptar un dron es muy difícil porque tendría que hacerse a través de un equipo que dañe el sistema de navegación del dron y los derribe. Y en las zonas rurales y selváticas, que es donde se desarrolla el conflicto, difícilmente se puede contar con estos equipos”, señaló Julián Mauricio Arenas, cofundador del programa de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Antioquia, en diálogo con este diario.

Por su parte, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, aseguró que el Gobierno Nacional avanza en la adquisición de equipos antidrones que permita derribar estos artefactos. Serán, según anunció, ubicados en sitios estratégicos.

“El tema de los drones es un desafío enorme para nosotros. Estamos trabajando en adquirir mayores capacidades. Estamos avanzando para que haya una ley en temas de adquisición, compra y comercialización de drones y en otra línea, avanzaremos en adquirir antidrones”, aseguró Sánchez.

Precisamente, comunicaciones interceptadas por la Fuerza Pública dan cuenta del interés de los disidentes de adquirir drones cuyo valor comercial va desde los $600.000 hasta los 12 millones de pesos. Todos pueden ser comprados con solo un click en plataformas de comercio en línea.

En varias incautaciones, se ha encontrado que los ilegales recurren al modelo DJI mini 4 pro, un dron que se adquiere en la plataforma de Amazon por 1.159 dólares (4.9 millones de pesos).

Este 17 de abril fue llevado ante un juez de control de garantías José Armando Carvajal Fernández, alias “Flaco Carvajal”, por su posible participación en múltiples delitos como secuestro simple, concierto para delinquir con fines de terrorismo, extorsión, tráfico de estupefacientes y homicidio. Era uno de los señalados operadores de drones al servicio del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central.

Según los elementos materiales probatorios recolectados, tendría a su cargo una estructura armada responsable de monitorear los movimientos de las unidades militares y de policía para planificar atentados.

Para saber más: Disidencias han propinado 20 ataques con drones en lo que va del 2024

Poco a poco, los disidentes han incorporado esta tecnología como material para la confrontación armada.

En julio de 2020, las autoridades incautaron, en el norte de Antioquia, un dron que pertenecía al extinto cabecilla disidente del Frente 36 de las Farc, Ricardo Abel Ayala Orrego, alias Cabuyo. El artefacto tenía visión nocturna y ayudaba al crimnal a controlar su zona de influencia.

Los ilegales buscan usar tecnología indetectable para vigilar y atacar a los enemigos. En mayo del 2023, por ejemplo, se difundió un video en el que un disidente del frente Carlos Patiño ensayaban drones y simulaba ataques con explosivos.

“Eso se levanta, las cinco libras se levantan, póngale cuidado”, decía el señalado disidente mientras amarraba al dron lo que parecían paquetes de arroz y azúcar.

Esos hechos ocurrieron en la vereda El Jigual del municipio de Rosas (Cauca). Los miembros de esa estructura criminal, después de varios experimentos, narraron en el video que el dron solo resistía con una libra y procedieron a cargarlo con un artefacto explosivo. La estrategia, al parecer, fue copiada por los disidentes de una táctica de guerra que se ha implementado en el conflicto que sostienen Rusia y Ucrania en el este de Europa.

En mensajes interceptados, los irregulares mencionaban que sus unidades aprendieron a crear controles remotos y temporizadores artesanales. Aseguran que los “alumnos” ya están “encampamentados” y listos para recibir las clases.

Advierten, además, que estos ejercicios se deben desarrollar con prudencia y con personal de confianza.

“Nos toca manejarlo con mucho secreto y por eso le digo que si el tipo es de plena confianza mirar esa posibilidad, porque si la inteligencia conoce esto quedamos fritos”, se lee en otro de los mensajes.

Para Enrique Prieto-Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, esta actividad de los disidentes podría significar una vulneración al Derecho Internacional Humanitario si en el medio de un eventual ataque quedan civiles.

“Los drones deben cumplir con unos principios básicos de diferenciación, es decir, no pueden atacar la población civil y deben propender por reducir al máximo los daños”, advirtió el profesor Prieto y añadió: “La forma de estrellar los drones supone un riesgo para la población civil, en tanto se podría perder el control”.

Dos personas murieron y otras 24 resultaron heridas después de un ataque con motocicleta bomba atribuido a las disidencias de alias Iván Mordisco en el municipio de La Plata (Huila). El atentado iba dirigido contra la estación de Policía en momentos donde la comunidad se alistaba para salir de la iglesia luego de participar en las celebraciones del Jueves Santo. La explosión provocó un incendio y una columna de humo, lo que aumentó el pánico.

“Los hechos de las disidencias de las Farc denotan que su esencia es el narcotráfico y el terrorismo. Estas disidencias le dijeron NO a la paz en el 2016 y ratificaron su negativa en el marco de la Paz Total. Peor aún, lo siguen confirmando cuando asesinan a mujeres, reclutan a menores y aterrorizan a la población sin discriminación alguna”, señaló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

La Defensoría del Pueblo advirtió desde enero pasado que los departamentos del Huila, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Meta y Guaviare son escenarios de riesgo para la población civil debido a las disputas por el territorio que sostienen las facciones disidentes de alias Iván Mordisco y alias Calarcá.