Antioquia lanza estrategia propia para impulsar la legalización de mineros en el Nordeste

Aunque el gobierno de Gustavo Petro le quitó al Departamento de Antioquia la facultad de fungir como autoridad minera en su jurisdicción, la Gobernación anunció el inicio de una estrategia para fomentar la legalización de quienes ejercen esta labor en la subregión del Nordeste.

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Los Consultorios Mineros Territoriales son un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico para impulsar la formalización de pequeños y medianos mineros y cuenta con el apoyo de la Provincia Administrativa y de Planificación Minero-Agroecológica.

Según anunció esta dependencia, el plan arranca por seis municipios: Amalfi, Vegachí, Yolombó, Remedios, Segovia y Yalí.

La iniciativa consta de dos enfoques: por un lado está el respaldo a los mineros en procesos de legalización y, por el otro, está la capacitación a municipios y la Fuerza Pública en estos temas.

En la zona habrá un equipo profesional conformado por un abogado, un geólogo, un ingeniero de minas, un ingeniero ambiental y un ingeniero industrial, para ejecutar las labores que se presenten en esos dos frentes.

“Durante la historia los pequeños y medianos mineros no han tenido los recursos ni la posibilidad de que profesionales con calidad los acompañen en su proceso en ese tránsito a la legalidad. Aspiramos que con este grupo de profesionales se pueda hacer el acompañamiento integral para que los mineros logren la legalidad”, expresó la directora Minero-Energética de la Secretaría de Desarrollo Económico, Isabel Cristina Castañeda Arango.

La inversión será superior a los 330 millones de pesos, de los cuales 246 millones son aportados por la Gobernación y el resto corre por cuenta de la Provincia.

La intención es impactar inicialmente a 65 unidades de producción minera con asistencia técnica y asesorías para que logren cumplir los requisitos legales, ambientales y operativos para su formalización. No obstante, esa cifra podría aumentar dependiendo de la demanda.

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“Esto para nosotros es un sueño. Llevamos 55 años con la mina y nunca habíamos tenido la oportunidad de que nos acompañen y poder cumplir con todos los requerimientos solicitados. Por los altos precios y los problemas de orden público no hemos podido lograr explotar a toda cabalidad”, apuntó Mónica Agudelo, quien es titular de una mina en Amalfi y sería una potencial beneficiaria del nuevo programa.

Por su parte, el alcalde de Amalfi, Wilmar Vélez, resaltó la importancia de este apoyo, pues los municipios no cuentan con consultorios ni con recursos para contratar a profesionales que asistan los procesos de formalización minera.

Entre finales de marzo y principios de abril pasado, en el Nordeste, hubo un paro protagonizado por los mineros informales, que duró diez días con bloqueo a las vías que conducen desde Medellín hasta esa subregión, en protesta por los operativos en los cuales las autoridades, según dijeron, les habían quitado y destruido la maquinaria amarilla con la que realizan su labor.

El movimiento se levantó el 3 de abril, luego de que el Gobierno Nacional y los líderes mineros llegaran a un acuerdo para evitar el decomiso y quema de esa maquinaria, pero también bajo la promesa de agilizar la formalización de los pequeños mineros.

Uno de los cuellos de botella en ese último propósito es la desconfianza de los mineros informales para entregar datos sobre su ubicación y la producción que sacan por temor a que luego las autoridades la usen en su contra emprendiendo operativos.

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