Antioquia, entre los departamentos más violentos para los líderes sociales en 2025: informe de Indepaz

Antioquia continúa siendo uno de los departamentos más afectados por la violencia contra líderes sociales en Colombia, según reveló el estudio“una tendencia que mata: el fracaso del Estado en la protección de los liderazgos sociales”, elaborado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El informe publicado este martes señaló que la región, junto con Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo y Norte de Santander, concentra buena parte de los asesinatos de defensores de derechos humanos registrados en el país durante los últimos nueve años.

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Entre enero de 2016 y noviembre de 2025, Antioquia figura con una alta recurrencia de homicidios contra líderes sociales, con 252 homicidios registrados en dicho periodo.

En el municipio de Tarazá, por ejemplo, se documentaron 29 asesinatos en las cifras de los municipios con mayor índice de líderes sociales asesinados entre 2016-2023, lo que lo ubica entre los ocho municipios más afectados en el país.

La Fundación Sumapaz advirtió que las subregiones del Bajo Cauca, Oriente, Norte y Valle de Aburra son las más afectadas.

Por lo tanto, en 2025 Antioquia es el segundo departamento con mayor violencia política en Colombia, según el informe de Indepaz. Antioquia solo es superado por Cauca, que encabeza la lista con 375 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos. En el tercer lugar se ubica Nariño (147 casos).

“En cuanto a la responsabilidad material de los asesinatos, el sicariato continúa siendo uno de los patrones predominantes, vinculado en varios casos con la operación de bandas y estructuras locales que ejecutan estas acciones mediante mecanismos de tercerización”, explicó Indepaz.

De cara al cierre del año, el informe también proyecta a nivel nacional un posible aumento de los asesinatos en diciembre de 2025, debido al contexto preelectoral de 2026, periodo en el que históricamente se incrementan las amenazas y agresiones contra líderes sociales.

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Finalmente, el informe concluye que “la falta de respuesta contundente del Estado frente a estos crímenes perpetúa la impunidad y envía el mensaje de que proteger la vida comunitaria no es una prioridad pública”.

“El análisis de 2025 muestra que la aparente estabilidad en las cifras no significa mejora, sino consolidación de un umbral de tolerancia a la muerte. Esta normalización de la violencia implica que la sociedad colombiana ha aprendido a convivir con el asesinato de sus liderazgos como parte del paisaje político”, advierte el documento.