Antioquia da el primer paso para crear su política pública de prevención del abuso sexual contra menores: proyecto llegó a la Asamblea
- Colombia
- junio 6, 2025
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Cada 90 minutos, un niño o niña es víctima de abuso sexual en Colombia. En Antioquia, las cifras son aún más preocupantes y revelan una realidad escalofriante: los agresores no son monstruos escondidos en la oscuridad, sino familiares, vecinos y figuras de confianza que destruyen la niñez desde el seno de su hogar. Por eso, y en un hecho sin precedentes para la defensa de los derechos de la infancia en el departamento, en la Asamblea de Antioquia se presentó un proyecto de ordenanza que busca establecer una política pública de prevención, investigación y apoyo a la judicialización del abuso sexual contra menores de edad.
En esencia, este proyecto, impulsado por el diputado Mauricio Caly Padilla (Partido Mira) y en coautoría con la diputada Verónica Arango García (Centro Democrático), quiere articular esfuerzos institucionales, sociales y comunitarios para prevenir los abusos contra niños, niñas y adolescentes (NNA). La ordenanza tiene como objetivo principal establecer los mecanismos para enfrentar de manera integral y efectiva el abuso sexual infantil.
La propuesta se sustenta en una realidad alarmante: según cifras de 2023, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) reportó 28.294 casos de abuso sexual infantil en Colombia. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses contabilizó 19.192 casos, y la Policía Nacional, 18.562. Solo en Antioquia, el Observatorio de Violencias de Género registró 5.433 casos, lo que se tradujo en 15 niños abusados sexualmente por día. Expertos aseguran que esta cifra apenas roza la superficie: por cada caso denunciado, al menos tres permanecen ocultos bajo el peso del miedo, la vergüenza y la impunidad.
Ahora, el proyecto de ordenanza contempla un conjunto de lineamientos que permitirán formular, implementar y evaluar una política pública basada en evidencia, participación ciudadana y articulación interinstitucional. La política partirá de un diagnóstico que analice el problema público, sus causas y consecuencias. Un aspecto innovador del proyecto es la inclusión activa de la ciudadanía, incluidas organizaciones sociales, fundaciones y menores de edad, y los medios de comunicación en el proceso de formulación.
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La planeación de las acciones se hará con una perspectiva temporal que contemple objetivos a corto, mediano y largo plazo, con mecanismos de seguimiento y evaluación. Uno de los componentes más novedosos del proyecto es la creación del “Sello Espacio Libre de ASI (Abuso Sexual Infantil)”. Este distintivo será entregado a instituciones y establecimientos que demuestren compromiso efectivo en la prevención del abuso sexual, y que no hayan registrado casos de esta naturaleza.
“Con este proyecto queremos reconocer y visibilizar a quienes se esfuercen por ofrecer entornos seguros y protectores para nuestros niños y niñas”, explicó el diputado Néstor Caly. “Es una forma de fomentar una cultura de prevención real y sostenida”.
Además, se propone crear un Sistema de Información para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, con apoyo del centro de analítica de la Gobernación. Este sistema permitirá contar con datos actualizados y desagregados sobre el fenómeno, facilitando la toma de decisiones informadas y oportunas.
Cada año, la administración departamental deberá rendir cuentas ante la Asamblea de Antioquia sobre los avances, resultados e impactos de la política pública. Esta medida busca garantizar la transparencia en la gestión y el cumplimiento de los objetivos trazados.
El proyecto se soporta en un marco normativo amplio que incluye la Constitución Política, el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), la Ley 1146 de 2007 (prevención de la violencia sexual), y otras leyes relacionadas con la protección de la niñez, como la Ley 2137 de 2021, que crea el Sistema Nacional de Alertas Tempranas.
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También retoma iniciativas previas del departamento, como las Ordenanzas 26 de 2015 (Buen Comienzo Antioquia), 47 de 2019 (apoyo a las familias), y 18 de 2023 (política de infancia y adolescencia). El proyecto destaca el principio de corresponsabilidad como eje central.
“No es solo el Estado el responsable. Todos los actores sociales, incluyendo familias, escuelas, iglesias, organizaciones comunitarias y medios de comunicación, deben comprometerse con la prevención del abuso sexual. Como cristianos se nos ha enseñado el amor al prójimo, nuestros niños son nuestro prójimo y corresponde fortalecer nuestros valores para cuidarlos que en el futuro estos niños sean ciudadanos útiles a la sociedad”, señaló Caly en entrevista con EL COLOMBIANO:
¿Cuál es el diagnóstico que sustenta la necesidad de una política pública de prevención del abuso infantil en Antioquia? ¿Qué cifras o casos específicos impulsaron esta iniciativa?
“Se ha detectado un incremento en los casos de abuso infantil, así como la existencia de factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de los niños y niñas. El partido Mira desde sus inicios ha sido muy activo en su defensa, ha sido una bandera del partido, hemos señalado y defendido la importancia de implementar políticas que protejan a los menores y prevengan estos delitos.
Antioquia es el departamento que más casos de abuso sexual tiene reportados en el país, por eso nos corresponde ponerle freno al abuso sexual infantil. Aunque no siempre se disponen de cifras exactas, algunos casos específicos y reportes de instituciones como la Fiscalía y medicina legal han mostrado un aumento en las denuncias y en la gravedad de los casos, lo que impulsa la necesidad de acciones concretas y coordinadas con los diferentes actores basándonos en ese principio de corresponsabilidad.
En 2023 se reportaron más de 5.000 casos, lo que quiere decir que cada día se están abusando sexualmente en promedio 15 niños en el departamento de Antioquia, en este momento un niño puede estar siendo abusado sexualmente y no podemos seguir mirando desde las barreras y tenemos que entrar a dar una lucha de frente para la protección de nuestros niños.
En resumen, el diagnóstico se basa en la evidencia de que el abuso sexual infantil es un problema real y en aumento en Antioquia, y que la falta de una política pública efectiva puede dejar a muchos niños y niñas en situación de riesgo. Por eso, se hace imprescindible fortalecer las acciones preventivas y de protección, en línea con la postura del partido Mira y con un enfoque de derechos y protección infantil”.
¿Qué componentes clave incluye el proyecto de política pública? ¿Cómo se diferenciaría de las estrategias actuales implementadas en el departamento?
“Tenemos el Sello Espacio Libre de Abuso Sexual infantil. La política contemplará la creación del referente técnico y el manual operativo para la implementación del Sello Espacio Libre de ASI. Este sello destacará a las instituciones y establecimientos que no han tenido casos de abuso sexual en NNA. La iniciativa incentivará la implementación de medidas de prevención y protección de los NNA, a la vez que ofrecerá un reconocimiento a las instituciones que se comprometan con la seguridad de la niñez y adolescentes.
La política pública además de buscar generar acciones para prevenir el abuso sexual de NNA, va a contribuir a la investigación y apoyará su judicialización, prestará todas las garantías para que los responsables de estos delitos sean puestos a disposición de la justicia, esto, en casos ocurridos dentro de las instituciones educativas y fuera de ellas, pero que involucre un servidor público en el territorio de Antioquia”.
Uno de los grandes retos en estos temas es la detección temprana. ¿Qué mecanismos propone su iniciativa para identificar y atender los casos de abuso infantil de forma oportuna, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso?
“Llamado al Estado, a las instituciones, a la sociedad, a trabajar de manera coordinada para crear un entorno seguro para los menores, promoviendo la educación en derechos y la sensibilización sobre la gravedad del abuso sexual infantil y para que así tengan herramientas para la detección temprana de estos casos.
Lo más preocupante es que el 65 % de los agresores es alguien que vive con ese niño que está siendo abusado. Los hogares no están siendo los entornos seguros de los menores de edad porque allí es donde más se está abusando de los niños”.
¿Cómo planea articular esta política con otras entidades como el ICBF, la Fiscalía, la Secretaría de Educación y las alcaldías municipales? ¿Hay compromisos institucionales ya definidos?
“Vamos a crear un comité que integre a las instituciones encargadas de cuidar a nuestros niños. Articular al ICBF, con la Fiscalía, las secretarías, las entidades territoriales. Existe un consenso con el Gobierno departamental, entendiendo la urgencia a proteger nuestros NNA. Esta política pública estará en cabeza de la Oficina privada, específicamente la Dirección de Infancia y Adolescencia, que desde el principio ha manifestado su compromiso.
La gobernación está comprometida. A través de la secretaría de Educación se está capacitando a los funcionarios y docentes de las instituciones educativas para identificar las mejores estrategias de prevención”.
La prevención también implica trabajo comunitario y educativo. ¿Qué papel jugarán las escuelas, las familias y los medios de comunicación en esta política?
“Es fundamental que los docentes y el personal escolar estén capacitados para identificar signos de abuso y sepan cómo actuar en caso de sospechas, además de fomentar un ambiente de confianza y apertura para que los niños puedan expresar sus inquietudes.-Las familias, por su parte, tienen la responsabilidad de crear un entorno de confianza y comunicación con sus hijos, enseñándoles sobre sus derechos, límites y cómo identificar situaciones que puedan ponerlos en riesgo. La política de Mira resalta la importancia de fortalecer la educación en valores y la vigilancia activa en el hogar.
Los medios de comunicación también juegan un papel crucial, ya que pueden difundir mensajes de prevención, sensibilización y denuncia, ayudando a desestigmatizar el tema y promoviendo una cultura de protección y respeto hacia los niños y niñas. En conjunto, el trabajo comunitario y educativo que involucra a estos actores es esencial para crear una red de protección sólida, prevenir el abuso y garantizar que los menores puedan desarrollarse en un entorno seguro y respetuoso. Apostamos por una estrategia integral que involucre a toda la sociedad en la protección de la infancia”.
¿Qué garantías existen para que esta política pública no se quede solo en el papel? ¿Qué mecanismos de seguimiento y financiación están contemplados para asegurar su implementación y sostenibilidad?
“Estaremos realizando el seguimiento para que esto no quede solo en el papel. Los recursos ya están asignados desde el presupuesto y nos aseguraremos que así sea. Vamos a ser veeduría y seguimiento para que estos lineamientos puedan llegar a ser una política pública”.
