American Airlines sí puede ser demandada por el uso del Aeropuerto Internacional «José Martí»

MIAMI, Estados Unidos. — El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos revocó este miércoles una decisión de primera instancia que desestimó una demanda presentada por José Ramón López Regueiro contra American Airlines por el presunto uso ilegal del actual Aeropuerto Internacional “José Martí”, de La Habana.

Según el dictamen judicial, la Corte concluyó que el tribunal inferior “erró al desestimar la demanda”, y determinó que la Ley Helms-Burton “no impone las condiciones previas” exigidas por la defensa de la aerolínea. Por ello, ordenó revocar la desestimación y devolver el caso para que continúe su curso legal.

La demanda original fue presentada por López Regueiro bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses reclamar compensación a empresas que hayan “traficado” con propiedades confiscadas por el Gobierno cubano tras 1959. 

El demandante alegó que su padre, José López Vilaboy, adquirió el principal aeropuerto de Cuba en 1955 a través de la compañía Compañía de Aeropuertos Internacionales S.A. (CAISA). Luego de la toma del poder por Fidel Castro, el aeropuerto fue expropiado y la familia huyó a Estados Unidos.

Tras la muerte de Vilaboy en 1989, López Regueiro heredó las acciones de CAISA conforme a la ley de Florida, aunque no se convirtió en ciudadano estadounidense hasta 2015. American Airlines, según la demanda, “traficó con la propiedad” al operar vuelos desde y hacia el aeropuerto desde al menos 1991.

La aerolínea solicitó la desestimación de la causa argumentando que la Ley Helms-Burton requería que tanto el propietario original como el heredero fueran ciudadanos estadounidenses al momento de la confiscación y de la adquisición del interés en la propiedad. El tribunal de distrito aceptó esa interpretación y desestimó el caso, pero el Tribunal de Apelaciones la rechazó categóricamente.

“La Ley Helms-Burton no exige que el propietario de la propiedad haya sido ciudadano de Estados Unidos en el momento en que fue expropiada ni que el demandante haya sido ciudadano cuando adquirió un interés en la propiedad”, indicó el fallo, redactado por la jueza Jill Pryor. “El texto de la ley es claro: cualquier ciudadano estadounidense que posea una reclamación válida sobre una propiedad confiscada puede demandar, incluso si adquirió esa reclamación antes de naturalizarse”.

El tribunal también rechazó el argumento de que López Regueiro no poseía un interés real en el aeropuerto, sino únicamente acciones de CAISA. “La Ley Helms-Burton protege a quienes tienen un interés en una propiedad confiscada, incluidos los accionistas, aunque no posean directamente la propiedad en cuestión”, precisó la sentencia, citando el caso reciente Fernandez v. Seaboard Marine Ltd.

Asimismo, el tribunal de apelaciones recordó que la definición de “nacional de Estados Unidos” según la ley incluye a “cualquier ciudadano estadounidense”, y que esta definición “debe interpretarse en su sentido más amplio”.

El fallo señala que el Congreso, al promulgar la ley en 1996, “intentaba proveer un mecanismo de compensación para quienes sufrieron pérdidas por las acciones del régimen de Castro”, en contraste con legislaciones anteriores que solo permitían reclamaciones estatales ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras (FCSC).

Tras levantar el presidente Donald Trump la suspensión del Título III en 2019, López Regueiro fue uno de los primeros en presentar una demanda bajo este amparo legal. La apelación se produjo luego de que un juez de primera instancia respaldara los argumentos de American Airlines. Ahora, el caso podrá continuar en los tribunales.

“Regueiro alegó que el Gobierno cubano confiscó el aeropuerto, que CAISA era su propietaria y que él heredó sus acciones. Estas alegaciones, en esta etapa procesal, son suficientes para sostener la demanda”, concluyó la Corte.

La decisión representa una victoria importante para quienes buscan reparaciones bajo la Ley Helms-Burton y podría sentar un precedente para otras demandas similares pendientes en los tribunales federales.