Amenazas y politización: ¿qué está pasando en la Universidad Nacional?

Mientras la comunidad académica espera el otro fallo del Consejo de Estado que definirá el destino de esa institución, en las últimas semanas ha pasado de todo en la Nacional. El llamado Congreso de los Pueblos (comunidades indígenas) ingresó al campus de la capital para montar campamentos sin permiso, según la Rectoría, amenazó al personal de seguridad interno, hostigó a dos estudiantes de ingeniería que eran candidatas a representantes estudiantiles y líderes políticos cercanos al Gobierno usaron sus instalaciones para hacer proselitismo.

Las iniciales “DVS” que aparecen en los grafitis escritos en rojo refieren a la División de Vigilancia y Seguridad de la universidad. Sus integrantes aseguran ser víctimas de intimidaciones en redes sociales, paredes del campus y amenazas directas, como lo expusieron en un comunicado en el que pidieron medidas urgentes para garantizar su protección y seguridad.

“Solicitamos que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables de estas amenazas que buscan sembrar miedo y desestabilizar la convivencia dentro del campus”, expresó esa división en un pedido a las autoridades universitarias.

Y no son solo los grafitis. En varios videos en poder de EL COLOMBIANO se ve cómo el pasado 23 de septiembre decenas de personas estaban rodeando a, al menos, seis integrantes de la DVS en una zona abierta y con manga cerca a la Facultad de Sociología. Uno vestía uniforme y los demás trajes de paño. Dos jóvenes mujeres y un joven que las acompañaba les gritaban improperios. “Gonorreas”, “paracos es lo que son”, “perros”. Entre tanto, los hombres de seguridad permanecían callados.

Una de las jóvenes tiró una de las dos motos de los trabajadores al piso. Posteriormente, se ve a los vehículos ardiendo en llamas, sin que ninguno de los videos permita apreciar quién las encendió.

EL COLOMBIANO habló con uno de las personas de esa división que estuvo presente en ese momento y aseguró que la situación que los tiene hoy bajo amenaza radica en la posición que han tomado de denunciar en medios de comunicación los problemas de inseguridad en la Nacional y porque han enfrentado a los “capuchos”, sobre quienes tiene certeza que son personas ajenas a la universidad.

“Desde el personal de vigilancia nos hemos enfrentado a los encapuchados y eso les ha generado bastante molestia. Sabemos que no es gente de la universidad, menos cuando ingresan es a destruir y a vandalizar”, aseguró.

Una fuente que pidió reserva de su identidad le aseguró a este diario que pudo confirmar con información pública que la joven que tiró una de las motos al piso no es estudiante de esa institución.

Tres personas usando overoles, impermeables, guantes industriales y pasamontañas que solo dejaba verles los ojos ingresaron a la Facultad de Ingeniería a pintar un grafiti que decía: “Danna Naranjo NO”.

Ese nombre corresponde a la estudiante de ingeniería civil Danna Carolina Naranjo Guerrero, quien junto a Valentina Muñoz Samboni, aspiraban a ser representantes de la Facultad de Ingeniería. Según denunciaron, los tres encapuchados las intimidaron para que renunciaran a su aspiración. El hecho quedó registrado en video y se observa cómo ambas mujeres los confrontaron mientras ellos les daban la espalda y hacían gestos despectivos. Las jóvenes aseguran que a pesar de que les pidieran irse, los encapuchados siguieron intimidándolas.

A pesar de este ataque, el 23 de octubre y bajo el eslogan “saber que construye”, ambas quedaron electas como representantes estudiantiles de su facultad. “A quienes votaron, a quienes creyeron, estuvieron y opinaron. Un mundo que vale la pena vivir, se construye desde el amor, el respeto, la fuerza y la convicción”, dijo Valentina Muñoz tras conocer los resultados.

Además de la presencia no permitida del Congreso de los Pueblo en la Nacional, hubo un hecho que puso a dudar a más de un académico sobre el uso que se le está dando a las instalaciones, con el precedente del ministro de Educación, Daniel Rojas, marchando desde esa universidad el 10 de octubre pasado. Se trata de la presencia de Erika Prieto Jaime como vocera de esa organización indígena, los días que estuvieron en el campus.

Prieto es abogada y militante del Pacto Histórico. Desde julio de 2003 ha trabajado como asistente y asesora en la Cámara de Representantes y, según la experiencia reportada en la página de la Función Pública, actualmente y desde septiembre de 2023 es abogada asistente de la unidad de trabajo legislativo (UTL) del senador petrista Robert Daza.

De hecho, en junio de 2025 Erika Prieta publicó en su cuenta de X (antiguo Twitter) unas fotos en las que salía acompañada por figuras del Pacto —como los congresistas Gabriel Becerra, María José Pizarro y Alirio Uribe y la exministra de Trabajo, Gloria Ramírez— expresando que “la unidad es la victoria”.

“Concluimos con éxito esta etapa del proceso en el Pacto que será largo, con muchos retos, pero sin duda, llenos de triunfos. ¡Nunca pensé que me dedicaría al derecho electoral!”, escribió en el trino.

Estas situaciones son las que el representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario (CSU), Diego Torres, señala como “politización” de la Nacional. “No se puede permitir la politización. Si la universidad no tiene firmeza para que actores externos no la usen para su beneficio, lo seguirán haciendo y eso demuestro que la academia no les interesa, sino la política y buscar puestos”, advirtió el docente a quien la Unidad Nacional de Protección le validó su nivel de riesgo como “extraordinario” por ser miembro del CSU.

EL COLOMBIANO le preguntó a las directivas de esta institución educativa si, además del comunicado que publicaron el 20 de octubre rechazando los actos violentos relatados en esta nota, ha tomado medidas concretas para enfrentar esos hechos.

La Universidad Nacional contestó que estableció protocolos de seguridad y convivencia ante las amenazas e intimidaciones al personal de seguridad y a las dos candidatas a representantes. Así mismo, que está implementando planes y programas para “avanzar hacia la recuperación del tejido universitario y generar condiciones colectivas para una mejor convivencia en el campus”.