Ahora recargar saldo también puede ser delito en Cuba

MADRID, España.- El Gobierno cubano anunció esta semana que tratará como “sabotaje” los casos de recarga telefónica internacional no autorizada que afecten a ETECSA, en lo que representa una nueva escalada represiva contra formas alternativas de subsistencia en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país.

Durante una emisión reciente del programa oficialista Hacemos Cuba, representantes del Ministerio del Interior (MININT) y de la Fiscalía General de la República informaron sobre el desmantelamiento de una supuesta red de “fraude” que operaba dentro y fuera del país, vinculada a plataformas digitales que ofrecen recargas desde el extranjero, como “Soky Recargas Online”. Según las autoridades, estas operaciones generaron “millonarias pérdidas” para la empresa estatal ETECSA.

El régimen justificó la calificación penal de “sabotaje” amparándose en el Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, que considera las telecomunicaciones como una infraestructura crítica. Sin embargo, el anuncio ha generado una fuerte respuesta desde sectores de la sociedad civil independiente, que denuncian que el gobierno busca criminalizar el ingenio ciudadano frente a un sistema económico inoperante y excluyente.

Represión disfrazada de legalidad

Para el periodista José Raúl Gallego, las justificaciones ofrecidas por las autoridades de Cuba son parte de una estrategia manipuladora. En sus redes sociales, Gallego ironizó sobre la retórica oficial al recordar que el régimen ya ha intentado presentar los ingresos de ETECSA como fondos destinados a la compra de leche o alimentos.

“¿Qué hospitales? ¿Los que se están cayendo? ¿Qué alimentos? ¿Los que venden en dólares o los combos desde el exterior?”, cuestionó. “Los ingresos de ETECSA no se sabe para qué se usan ni cuántos son, porque esos datos no son públicos, como sucede en realidad con todos los ingresos estatales”, añadió.

El periodista también alertó sobre el carácter peligrosamente expansivo de la figura de “sabotaje”, que podría ser utilizada para perseguir penalmente a personas que, utilizando los propios servicios de ETECSA y las distorsiones monetarias impuestas por el gobierno, facilitan recargas con moneda nacional desde el exterior.

No solo anunciaron los decomisos y procesos en curso, también amenazaron con juzgar a quienes busquen alternativas ante las nuevas restricciones. Y pidieron que sean los propios ciudadanos quienes delaten a estas personas, denunció.

En este sentido, al denunciar estas medidas del régimen de La Habana, el economista Pedro Monreal señaló: “Cuando una política económica disparatada hace que un monopolio estatal tenga que auxiliarse de la represión policial para poder funcionar ‘normalmente’ entonces se hace evidente que el gobierno cubano es una máquina de generar distorsiones”.

Dolarización encubierta y exclusión digital

El anuncio oficial se produce en un contexto de dolarización de los servicios de telecomunicaciones en Cuba. Mientras ETECSA limita las recargas nacionales a 360 CUP mensuales, promueve planes de datos en moneda libremente convertible (MLC), como el paquete de 4 GB por 10 USD. Esta estrategia profundiza la exclusión de quienes no reciben remesas ni tienen acceso a divisas, en un país donde el salario medio apenas alcanza para cubrir necesidades básicas.

Como reacción a las protestas estudiantiles contra los altos precios de internet, que motivaron detenciones e interrogatorios por parte de la Seguridad del Estado, ETECSA anunció esta semana un plan sectorial de 6 GB para estudiantes universitarios y una promoción de 2 GB por 1200 CUP., que la mayoría de los cubanos ven como “otra estafa más”

Con esta nueva amenaza penal, el régimen cubano da un paso más en el control absoluto de las telecomunicaciones y en la criminalización de cualquier iniciativa económica que escape a sus estructuras monopolizadas, en un entorno donde conectarse a internet o recargar un móvil puede convertirse en delito.