A 800 personas de Cañasgordas, Antioquia, las metieron a un “subsidio” y ahora le deben millones a la Dian

A 800 personas de Cañasgordas, Antioquia, las metieron a un “subsidio” y ahora le deben millones a la Dian

  • Colombia
  • noviembre 24, 2025
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Pese a que su vocación nunca ha sido la minería sino la agricultura y que incluso ni vetas del metal precioso habría allí, de la noche a la mañana, cientos de habitantes del corregimiento San Pascual de Cañasgordas aparecieron calificados por la Dian como vendedores de oro.

La irregular situación que hoy tiene muy preocupados a los campesinos, a raíz de las deudas por cientos de millones que hoy registran con el fisco, daría cuenta de un presunto caso de fraude que –según los afectados– tendría perjudicados a muchos residentes de Cañasgordas e incluso de otros municipios.

Los afectados ratifican ser víctimas del fraude y lanzaron sus sospechas de la vinculación en el mismo de la pasada administración de Cañasgordas en cabeza de Aicardo Urrego Úsuga, hoy subcontralor departamental.

El asunto seria así: A mediados de 2023, apareció en Cañasgordas la Cooperativa Multiactiva Coonekta, la cual instaló su oficina muy cerca de la sede de la Alcaldía.

Según averiguó este diario, Coonekta fue inscrita en cámara de comercio el 22 de febrero de 2024. Sin embargo su origen data de febrero de 2019 cuando se llamaba precooperativa Konectar. Esta es una entidad solidaria privada supuestamente sin ánimo de lucro y como representante legal figuraba el señor Carlos Augusto Santa Gallego.

Entre junio y septiembre de 2023, se vieron a varios supuestos trabajadores de la cooperativa convocando a los campesinos para ofrecer subsidios por $80.000 de una empresa minera.

“Supuestamente la empresa minera ya no le iba a girar más impuestos al Estado y al municipio sino que mejor esa plata de las regalías nos la iban a dar a nosotros”, detalló un afectado.

Desde Coonekta nunca habrían dicho cual era la supuesta minera ni en qué ley se basaban para otorgar subsidios en una zona que no es minera. Sin embargo, lo que le habría dado confianza a la convocatoria –llevando a que cerca de 800 labriegos se inscribieran– fue que en ellas también habrían participado funcionarios de la Secretaría de Planeación de Cañasgordas cuando la supuesta dádiva perjudicaba a la municipalidad.

“Los empleados de Planeación convocaban a la gente a la oficina de Coonekta o a veces hacían jornadas de inscripción pa’ los subsidios en las veredas. En la mía estuvieron y allá me matriculé. En Coonekta solo nos pedían la cédula original o una copia, nada más”, añadió otro perjudicado.

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Al cabo de un tiempo, a muchos les llegó un mensaje de texto a sus celulares indicándoles que estaban registrados como “socios” Coonekta, y que podían reclamar sus “utilidades” en la sede de la cooperativa. “Entones en esa oficina, nos decían que para poder entregar el ‘bono’ a uno le debían tomar la huella dactilar, poner una firma y dejarse tomar una foto.”, añadió otro afectado.

Estalla el escándalo

A los inscritos les empezó a llegar el famoso “bono” que se habría repartido hasta este año. Sin embargo, el asunto reventó hace unos meses cuando una de las inscritas, un ama de casa, fue a retirar un dinero de su cuenta bancaria y se encontró con que su cuenta estaba congelada por –al parecer– registrar movimientos de grandes sumas de dinero. Y para colmo, también aparecía reportada ante la Dian como morosa de una millonaria deuda por supuestas ventas de oro declaradas al fisco.

El asunto se regó en Cañasgordas porque por esas fechas a muchos de los inscritos en Coonekta les llegaron mensajes de la Dian por deudas entre los $60 millones y los $300 millones. Deudas que los damnificados no entienden pues no son mineros.

Aparte de aparecer como morosos de la Dian, tras el ficticio cambio de estatus, muchos perdieron subsidios de programas como el Sisben o Familias en Acción porque aparecen como boyantes comerciantes de oro de una zona donde ni siquiera conocen las pepitas de este metal.

¿Y las autoridades?

Los campesinos dijeron que buscaron apoyo en la Alcaldía del hoy mandatario Diego Vanegas Arango –continuidad política de Aicardo Urrego– pero desde la respuesta los dejó aburridos. “Nos dijeron que no nos preocupemos porque con esa deuda no va a pasar nada. Pero igual sí estamos ‘azarados’ porque esa deuda suma intereses y aparte ya nos sacaron del Sisben”, comentó otro afectado.

Buscando otra solución se fueron a la Personería local, dirigida por Pedro Pablo Urrego Velásquez –quien sería tío del exalcalde Aicardo–. En una publicación hecha por la Personería, Urrego le mandó a decir a los afectados que “es necesario que cada beneficiario (ojo al término usado) gestione personalmente su situación tributaria ante la Dian, dado que este trámite debe adelantarse de manera individual. Para ello la Personería ofrece acompañamiento y asesoría”

La cuestión es que según los afectados, aparte de la transcripción de una declaración en una hoja sin membretes de la Personería, desde el despacho de Urrego no se habría hecho más nada.

Sobre el mismo tema el pasado 7 de noviembre, el alcalde Vanegas publicó un video en el que dijo que si una cooperativa o asociación está prestando servicios diferentes a los autorizados, son los entes de control —y no la Alcaldía— los responsables de investigar.

Añadió que su deber como alcalde es evitar que cualquier cañagordense salga perjudicado. “He pedido a Coonekta que garantice transparencia y entregue a las personas sus documentos en regla”, agregó.

El subcontralor Urrego Usuga le comentó a este diario que no tiene ningún tipo de relación con la cooperativa ni con Santa Gallego y que solo ha sabido de los mismos a raíz del escándalo.

El exmandatario, además, señaló que no recordaba el registro de la cooperativa en el municipio, ya que de dicho acto se encarga es la Secretaría de Hacienda. Eso sí, fue enfático en señalar que no es cierto que haya autorizado realizar procesos por medio de la Secretaría de Planeación actividades con una entidad como Coonekta que, según él “para el segundo semestre de 2023, no existía en el municipio”.

Agregó al respecto que su vinculación al escándalo es a todas luces una rencilla política. De hecho, recordó que tras su separación con antiguos conterturlios le han aparecido en más de 30 demandas en diferentes instancias y que hasta ahora no han terminado en procesos donde lo sanciones.

“Esto se agudizo cuando en el último periodo de alcalde denuncie un desfalco en el municipio de más de $5.000 millones. No hay una sola persona que pueda decir que yo le pedí o sugerí fuera a esa empresa. Creo que mí vinculo en ese tema es una persecusion política”

De otro lado, Urrego confirmó que el alcalde Vanegas, aparte de ser muy buen amigo, es la continuidad política del proyecto político que tiene en Cañagordas.

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“Siempre hemos sido muy cercanos no solo en lo político sino también en nuestras familias y luchas por lograr tener un municipio mucho mejor para nuestros campesinos y eso es por lo que nos identificamos y hacemos parte del mismo equipo político. A los contrarios no les ha gustado esta unión y por eso se inventan cualquier cosas, desde perfiles falsos”, agregó.

Urrego también confirmó que el personero Pedro Pablo Urrego Velásquez es su tío. Eso sí dijo que su elección se dio a través de un concurso público, después que la personera titular renunciara y “se agotara la lista de elegibles”.

Finalmente dijo que por un lado ve que detrás de este escándalo hay personas mas interesadas en dañar, desinformar, manipular que en buscar solución a los campesinos. Y que por el otro no entiende como le endilgan un problema que incluso pudo haberse regado a otros municipios del Occidente donde él no tiene nada que ver.

Así mismo, se intentó contactar a Coonekta pero no contestaron. Eso sí, se encontró una nota de la Cámara de Comercio en el que se señala que la entidad fue víctima de extinción de dominio y hoy está en manos de la SAE.

El pasado 9 de septiembre la Fiscalía allanó varias cooperativas mineras que serían usadas para el lavado de activos. Según el ente acusador, nombres y registros de presuntos mineros eran usados fraudulentamente para hacer pasar como legal el oro extraído ilícitamente, y poderlo comercializar en Antioquia, Caldas, Chocó y Bolívar.

En otro comunicado de la SAE aparecen señaladas la Cooperativa Multiactiva Coonekta y la Cooperativa Multiactiva SerinteGroup. “Operaban en la misma oficina, encubriendo negocios ilícitos que afectaban a quienes trabajan de manera honesta. Con esta fachada, simulaban legalidad en el comercio de oro”, añadió la entidad.

A raíz de ser posibles víctimas de esta red, ahora los campesinos afectados buscan una solución y el apoyo de las autoridades y de la Dian para que haga una jornada en el municipio que los pueda exonerar de semejantes cobros que los tienen al borde del desespero.

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