“Si Petro quiere reformas no es con amenazas e imposiciones”: Nadia Blel

La presidenta de esa célula legislativa, la senadora Nadia Blel (Partido Conservador), es consciente del crispado ambiente, pero ratifica la autonomía e independencia del Congreso. En diálogo con EL COLOMBIANO, habla de las presiones y amenazas del Gobierno; defiende la posición de un grupo de senadores de archivar la reforma; advierte que la consulta popular es “una nueva cortina de humo”, y se compromente a que haya un debate con “todas las garantías”.

¿Cómo está el ambiente en la Comisión de cara al próximo martes, cuando retomarán la discusión de la reforma laboral?

La decisión que toman ocho senadores de la Comisión, entre quienes me incluyo, fue el resultado de un proceso serio, técnico y muy responsable durante cuatro meses. Desde la mesa directiva brindamos todas las garantías para que hubiese una apertura para que los diferentes sectores –el tejido social, empresarial, trabajadores, informales, desempleados y la academia– pudieran participar e hicieran aportes frente a este proyecto. Por ello, esta no fue una decisión política, esta es una decisión que ha sido técnica.

Estas decisiones del Congreso –que es una rama de poder político autónoma, libre e independiente del Ejecutivo– son responsables y se han tomado en el marco del ordenamiento jurídico y de la ley. Lo que no podemos permitir es que sean desacreditadas utilizando calificativos personales y amenazas por parte del Gobierno Nacional.

No puede ser que cada vez que el Congreso, en su autonomía, toma una decisión, el presidente hable de rupturas y amenace violentamente. Con sus pronunciamientos violentos amenaza esa autonomía y esa investidura que tenemos como congresistas.

Para el debate programado este martes vamos a brindar todas las garantías para que se haga un debate de altura y una discusión técnica en el marco de respeto, pero sobre todo de cara al país y de cara a los colombianos.

¿Sienten algún tipo de presión o intimidación con que ese mismo martes haya manifestaciones convocadas desde Casa de Nariño en la Plaza de Bolívar, a metros del Parlamento?

A muchos de los senadores nos han amenazado e insultado, se han metido con nuestras familias, pero este es un ejercicio que se ha hecho de manera responsable. Fueron ocho audiencias públicas, dos mesas técnicas y se hicieron encuestas alrededor del país. Por lo tanto, queremos que este debate se haga de cara a la ciudadanía.

No nos vamos a rendir ante el miedo, pero sí hemos tomado medidas y le hemos solicitado a la mesa directiva del Congreso y a la Policía que nos acompañe y permita que este debate pueda hacerse en el marco de la ley y que se le puedan dar garantías a todas las bancadas que están representadas en la comisión.

Repito, no puede ser cuando el Congreso toma una una decisión independiente, porque esta sigue siendo una democracia y cada rama del poder público debe poder expresarse libremente, la respuesta por parte del Gobierno sea a través de ataques y amenazas contra contra los congresistas.

¿Cómo será el trámite de la reforma el próximo martes?

Primero debo decir que a mí me sorprende que varios de los ministros, que fueron incluso congresistas y compañeros míos en el Senado –incluido el mismo presidente–, desconozcan cómo es el procedimiento y que salgan con tantas mentiras ante la opinión pública.

El trámite de un proyecto legislativo es claro: primero se tienen que radicar las ponencias, que fue lo que ocurrió esta semana. Luego, una vez están publicadas en la Gaceta Oficial, se agenda la discusión. La Ley Quinta, que es el reglamento interno del Congreso, establece que la primera ponencia que se discute es la de archivo, que es la que hoy tenemos con firmas de ocho senadores.

Si esa ponencia tiene la mayoría de votos de la Comisión pues no va a haber lugar para que las otras ponencias que se encuentran radicadas se discutan. Así lo establece la ley y aquí prima la democracia.

Eso es lo que va a ocurrir el martes y desde la mesa directiva vamos a dar todas las garantías. El objetivo es que, en el marco de esa discusión, cada congresista pueda presentar sus argumentos. Cada senador hizo un ejercicio independiente. Por ejemplo, Ana Paola Agudelo del MIRA hizo encuestas alrededor del país y qué bueno que los colombianos puedan saber el resultado de esas encuestas.

La senadora Lorena Ríos hizo mesas técnicas y qué bueno que Colombia sepa que en ninguna de ellas, ideadas para conocer cuál era el respaldo económico y financiero de esta reforma, se hizo presente el Ministerio de Hacienda.

Le pregunto como senadora independiente y no como presidenta de la Comisión. ¿Cree que el bloque a favor de archivar la reforma se mantenga de acá al martes? ¿O teme presiones indebidas?

Esta es una decisión que se tomó pensando en el país. Los ocho senadores, tras un ejercicio, llegamos a la conclusión de que este proyecto no es conveniente para los colombianos. Primero, porque no tiene sentido que una reforma laboral no genere empleo. No sé en qué cabeza cabe.

Por el contrario, esta reforma pone en riesgo 500.000 empleos. Es decir, 500.000 familias están en riesgo de no llevar el sustento a sus lugares por una reforma irresponsable. La decisión de los ocho también fue pensar en los trabajadores informales: son 12 millones de ellos en nuestro país. Esa no es cualquier cifra y en esta reforma no se habla de ellos, no se les da la posibilidad de formalizarse ni cotizar a pensión.

La decisión de los ocho senadores fue pensada en los pequeños microempresarios. Colombia tiene 1’600.000 y el 93% son microempresarios. Las cargas y los recargos tan altos que ponen en esta reforma acabarían con ellos, que con gran esfuerzo impulsan y mueven la economía.

El año pasado se cerraron más de 200.000 empresas en nuestro país. Ni siquiera en la pandemia se cerraron tantas. La decisión de los ocho fue pensada en esos pequeños empresarios y en los desempleados. Es que una reforma irresponsable como esta no tiene aval fiscal. El ministro de Hacienda (Diego Guevara) en un concepto que apenas mandó el miércoles nos dice que el aval fiscal depende del recaudo, cuando todos sabemos que el recaudo está caído, y que depende de la disponibilidad presupuestal de las entidades del Estado, cuando todas están en déficit.

El presidente anunció una consulta popular ante el virtual archivo de la reforma laboral. ¿Hay ambiente en el Congreso para darle vía libre a este procedimiento?

Una vez más: el Gobierno no puede amenazar con ataques y rupturas al Congreso a raíz de una decisión autónoma. Primero hablaron de una constituyente, luego pasamos por una conmoción interior y ahora nuevamente nos envían una nueva cortina de humo que es la consulta popular.

Me sorprende que el Gobierno no conozca el trámite de una consulta popular. Debe tener el visto bueno primero que todo del Senado, que debe decidir si es procedente o no. Allí el Gobierno solamente puede hacer una pregunta cuya respuesta sea sí o no. En el hipotético caso que se pregunte ‘Colombia está de acuerdo con las reformas sociales’ y la gente diga sí eso se debe traducir en leyes de la República.

Pero esas leyes, para que el Congreso pueda aprobarlas y la Corte Constitucional les dé el visto bueno, deben darse en el marco del ordenamiento jurídico. Deben de tener el aval fiscal. Tienen que ser leyes que no queden en papel, que sean concertadas y articuladas con los diferentes sectores. Eso es lo que el Gobierno no ha querido entender.

Si el presidente en verdad quiere que esas reformas salgan, no debe ser a través de amenazas e imposiciones. Se requieren consensos para sacar adelante al país.

Usted es la presidenta del Partido Conservador. ¿Convocará reuniones de bancada para tomar una postura frente a cómo votar esa consulta?

Desde el Partido hemos intentado en varias ocasiones concertar y conciliar con el Gobierno. En la pasada reforma a la salud se hicieron unas proposiciones y un texto alternativo, pero fue desechado. En la reforma laboral presentamos un proyecto independiente y nos los archivaron. Hemos abierto las puertas para el consenso, para escuchar y para articular, pero lastimosamente el Gobierno no ha estado en esa misma tónica.

Por eso cuando llegue el momento de la consulta popular, aunque seguro se quedará como una nueva cortina de humo y como una estrategia para la campaña presidencial del 2026, la bancada del Senado tomará las decisiones como siempre las hemos tomado: de manera seria, responsable y siempre pensando en lo que es mejor para los colombianos.

A propósito, ¿habrá sanciones para los representantes que apoyaron la reforma a la salud, pese a las directrices del Partido?

Frente a las reformas el Partido tiene decisiones de bancada y cuenta con organismos internos que son autónomos y unos procedimientos establecidos para esos casos de indisciplina o cuando se contravienen las decisiones que tomamos como colectividad. No puedo profundizarle más porque soy segunda instancia del proceso.