Decomisos y cárcel por publicaciones en redes sociales en Cuba

El programa oficialista Hacemos Cuba, conducido por Humberto López, ha abordado en reiteradas ocasiones este tema

MIAMI.- El gobierno cubano ha reforzado su discurso de control sobre el contenido difundido en redes sociales, advirtiendo que publicaciones consideradas contrarias a los lineamientos estatales podrían acarrear decomisos y penas de cárcel. Esta medida, según lo expresado por funcionarios del régimen, responde a la necesidad de regular el uso de las tecnologías digitales en un contexto que ellos consideran crucial para la seguridad y estabilidad del país.

El programa oficialista Hacemos Cuba, conducido por Humberto López, ha abordado en reiteradas ocasiones este tema, presentando la regulación de las redes sociales como una cuestión de “ética y orden”. En la emisión más reciente, David Wong Sio, directivo del Ministerio de Comunicaciones, afirmó que las autoridades pueden encarcelar, multar e incluso decomisar dispositivos electrónicos utilizados para divulgar información considerada inapropiada por el Estado, con la posibilidad  incluso, de vender estos bienes posteriormente.

“Las sanciones tienen que jugar un rol más activo”, dijo López en la transmisión y agregó que estas normativas están claramente reguladas y deben aumentar las cuotas de las multas.

Censura Digital y Represión a la Libertad de Expresión

Estas declaraciones se enmarcan en una estrategia más amplia del gobierno cubano para reforzar el control sobre la información digital. En los últimos años, Cuba ha implementado normativas que restringen la libertad de expresión en internet, entre ellas el Decreto-Ley 370, conocido como la “Ley Azote”, que sanciona a ciudadanos por difundir contenido crítico en plataformas digitales. Esta legislación ha sido utilizada para multar y hostigar a periodistas independientes, activistas y ciudadanos que expresan opiniones disidentes en redes sociales.

En el espacio televisivo comentaron sobre el Decreto-Ley 35 de Telecomunicaciones, aprobado en 2021, el cual establece un marco legal más estricto para el control de las telecomunicaciones en Cuba. Este decreto penaliza la “difusión de noticias falsas” y el uso de redes para “desestabilizar el orden público” o “subvertir el Estado”. En la práctica, estos términos ambiguos han sido utilizados para criminalizar la denuncia de violaciones de derechos humanos y cualquier contenido que desafíe la narrativa oficial del gobierno.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado el uso de estas medidas para silenciar voces críticas. Según un informe de la ONG Freedom House, Cuba figura entre los países con menor libertad en internet, con bloqueos frecuentes a sitios web de prensa independiente y la vigilancia sistemática de las comunicaciones en línea.