¿Se justifica? Esto costaría la consulta popular convocada por Petro

El presidente Gustavo Petro anunció la convocatoria a una consulta popular como respuesta a la no aprobación de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Este mecanismo tendría un costo económico que superaría los 300.000 millones de pesos.

Este martes, 11 de marzo, ocho integrantes de la Comisión Séptima del Senado de la República decidieron radicar una ponencia de archivo de la reforma laboral, hundiendo la iniciativa legislativa y obligando al Gobierno Nacional a presentar otro proyecto en caso de querer que dicha reforma prospere.

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Ante este hecho, el presidente acudió a las redes sociales y a los medios y amenazó con una ruptura del Ejecutivo con el Congreso, además de calificar el hundimiento de la iniciativa como un bloqueo institucional.

Adicional a esto, en medio de una alocución en horas de la noche, Petro anunció el uso de uno de los mecanismos de participación que están estipulados en la Constitución. “El Gobierno Nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo que decida. Las leyes determinan cómo se convocan y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular”, afirmó el mandatario en medio de su intervención.

El costo de una consulta popular depende de varios factores, uno de ellos es su magnitud, teniendo en cuenta si es local, municipal, departamental o como en este caso sería, a nivel nacional.

Una idea de lo que implicaría este mecanismo es la última consulta realizada en el país, la cual fue ejecutada en el año 2018 por la entonces senadora Claudia López, en donde los colombianos acudieron a las urnas en medio de la Consulta Anticorrupción.

La ejecución de dichas votaciones incluyen costos como capacitación de jurados, logística de transporte y seguridad, impresión de material electoral entre otros.

Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), la consulta realizada en el 2018 tuvo un costo cercano a los 240.000 millones de pesos, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reveló que este proceso tuvo unos gastos de 310.479 millones de pesos.

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En caso de ser aprobada, teniendo en cuenta la inflación y el aumento de costos logísticos, es probable que la implementación de dicho mecanismo de participación superaría estos valores, los cuales tendrán que ser asumidos por el Gobierno a través de las entidades electorales.