Petro se adelanta a la campaña, no acepta derrota en el Congreso y llama a consulta popular: implicaciones y desafíos

No obstante, ante el riesgo de un nuevo revés legislativo, Petro optó por las calles. Al evocar el estallido social de 2021 y reclamar por un supuesto bloqueo institucional, el jefe de Estado instó a movilizaciones y afirmó que, tras la negativa del Congreso, ahora “es al pueblo al que le toca decidir”.

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En esa línea, confirmó en una alocución presidencial que “el Gobierno Nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida”.

Se trata de un mecanismo de participación ciudadana contemplado por la Constitución para “consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional” a través de una pregunta de carácter general que deberá ser respondida con un “sí” o “no”. En este caso, tendrá alcance nacional y, pese a los intereses del primer mandatario, debe tener aval del Congreso y contar con el respaldo de todos los ministros.

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“La reforma vuelve a pasar por el Senado, pero ya no en una comisión de ocho, sino de su plenaria. No querían que pasara a la plenaria, pues ahora pasa. Pero no para definir el contenido del proyecto, sino para decidir si se convoca al pueblo o no. La plenaria del Senado debe convocar al pueblo y desbloquear institucionalmente al país. Es necesaria la democracia y no la dictadura”, sostuvo el jefe de Estado.

La norma indica que para hacer la convocatoria será necesario presentar una justificación de la consulta al Senado, que pasados 20 días deberá pronunciarse a favor o en contra según su conveniencia. En caso favorable, se convocará a la consulta en un periodo de tres meses.

Se requerirá la participación de al menos una tercera parte del censo electoral, hoy calculado en 40,9 millones de personas. Es decir, deberán participar al menos 13,6 millones de ciudadanos para que tenga validez el procedimiento y será necesario el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos.

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“La reforma laboral vuelve a sus preguntas iniciales que ahora se trasladarán al pueblo. Lo que es posible decretar se decretará en los próximos días. El poder del pueblo es el poder de movilizarse, pero sobretodo es el poder de decidir. Si no se deja decidir al pueblo no hay democracia, sino tiranía”, agregó Petro luego de su alocución en su cuenta en la red social X.

Durante esa intervención, el mandatario dejó los rodeos y puso fin al mentado acuerdo nacional que intentó promover el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. “Nuestra convocatoria a un gran acuerdo nacional, al que invitábamos al gran empresariado y a la oposición, ha fracasado. Se burlaron de eso, creyeron que acuerdo nacional era que el Gobierno se arrodillara e incumpliera su programa de gobierno, y eso sí sería absolutamente antidemocrático”, remató Petro.

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Ante el anuncio del jefe de Estado, del presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo escuetamente que el presidente “está en su derecho, que el pueblo decida”. Por su parte, desde la oposición el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) indicó que están dispuestos a responderle al presidente en las calles: “Si se cansó de ser derrotado en el Congreso –creyéndose por encima de las corporaciones que también fueron elegidas por el pueblo que él dice representar–, en la oposición estamos listos para liderar el no a su desastrosa reforma a la salud en las calles”.

Adicionalmente, desde la independencia la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) manifestó que el jefe de Estado “se niega a reconocer el mandato popular que el pueblo colombiano le entregó al Congreso, antes de su elección y superior en votos. Incita a la violencia y a desconocer sus decisiones. Se rompe el orden constitucional y la separación de poderes”.

Con todo, el abogado Julián Quintana –profesor de la Universidad Externado y doctor en derecho– puso a tambalear la legalidad de la convocatoria de la consulta popular, explicando que no se puede invocar el mecanismo en el caso de proyectos de articulado. “Ante la falta de resultados quiere ponerle un cuchillo en el cuello a los congresistas para aprobar a la fuerza sus nefastas reformas, al mejor estilo de un dictador”, alegó.

En medio del tire y afloje, el ministro Benedetti –que en la mañana fue captado en la Comisión Séptima con un semblante de preocupación y zozobra ante lo ocurrido con la laboral–, indicó que durante su paso por el Congreso en 20 años “nunca vi que casi que por asalto se radicara una ponencia casi que de forma encapuchada”. El funcionario alegó que el proyecto se hunde “casi que sin discutirse”, catalogándolo como una situación “antidemocrática”.

El preludio de la crisis fue justamente el sorpresivo respaldo que ganó en la mañana de ayer la ponencia de archivo de la reforma laboral. Si bien databan de antaño y eran públicos los reparos de varios integrantes de la Comisión, durante la jornada ese grupo de congresistas logró sumar aliados clave a su cruzada y conformó una sorpresiva mayoría que amenazó con hundir la iniciativa sin que hubiese arrancado en ciernes el debate.

Del bloque inicial hacían parte las senadoras conservadoras Nadia Blel y Esperanza Andrade, así como de los congresistas uribistas Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), sumado al senador liberal Miguel Ángel Pinto. Sin embargo, ayer se incorporaron a esa facción tres senadoras clave que inclinaron la balanza: la paisa Berenice Bedoya –de la Alianza Social Independiente (ASI)–, Lorena Ríos Cuellar (Colombia Justa Libres) y Ana Paola Agudelo (MIRA).

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“Cada cual en la Comisión tenía una ponencia o estaba trabajando en una, pero Nadia (Blel), Honorio (Henríquez) y (Miguel Ángel) Pinto se comenzaron a mover desde primera hora y propusieron unificar una sola ponencia de archivo. Así, consiguieron las firmas”, reconoció una fuente a EL COLOMBIANO, quien siguió de cerca las movidas para consolidar la mayoría.

De hecho, este diario conoció que las senadoras Bedoya, Ríos y Agudelo también eran pretendidas por emisarios del Gobierno Nacional que buscaban convertirlas en aliadas de la reforma con miras al debate que arrancaría en la Comisión en los próximos días. No obstante, los esfuerzos fueron en vano.

Bedoya argumentó que, tal como está presentada la reforma laboral, “no genera nuevos empleos, sino que pone en riesgo los actuales”. Además, sostuvo que el proyecto no cuenta con aval fiscal y se crean nuevas cargas financieras al empleador, “generando condiciones de inviabilidad financiera, tanto para las pequeñas y medianas empresas”.

El bloque mayoritario que se terminó conformando en la Comisión Séptima en contra de los intereses del Gobierno no es nuevo. Justo hace un año, esa misma coalición –gestada de manera espontánea–, fue la que hundió en tercer debate la reforma a la salud que impulsó la exministra Carolina Corcho.

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Con todo, de ese bloque se ausentó una congresista que en el pasado jugó un rol clave en el archivo de la primera reforma a la salud del Gobierno: la senadora del Partido de La U Norma Hurtado. Contrario a lo que ocurrió en abril de 2024, en el caso de la laboral Hurtado –quien es de la corriente política de la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, una de las referentes de la colectividad–, prefirió presentar una ponencia alternativa.

Fue un hecho que no dejó de ser comentado en los corrillos del Elíptico, teniendo en cuenta que días atrás el presidente Petro confirmó que el nuevo ministro TIC será Julián Molina, a quien reconocen en el Congreso como ficha de La U. “Las votaciones corresponden al fuero interno de cada individuo y en eso somos muy respetuosos”, se limitó a decir el senador Honorio Henríquez.

Previo a la radicación de la ponencia de archivo, decenas de estudiantes y trabajadores del Sena que ayer se encontraban de visita en el Congreso protagonizaron conatos de protesta en el Capitolio. Los jóvenes se reunieron con el senador petrista Wilson Arias –también integrante de la Comisión Séptima– y tras conocerse el cantado archivo del proyecto se manifestaron en contra.

“Lo que sucedió hoy es repudiable: la presión que se ejerció en el edificio nuevo del Congreso contra los senadores y senadoras de la Comisión Séptima. En el mes de la mujer varias senadoras estuvieron confinadas en una oficina. El hecho, como ellos mismos lo calificaron, es una intimidación”, respondió el presidente del Senado.

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Previamente, a través de su cuenta en X, el presidente Petro dijo que la Comisión Séptima “en su mayoría ha traicionado al pueblo trabajador de Colombia”. Por ello, sostuvo que la opción del pueblo es “defender sus derechos en la calle”, por lo que participará en las movilizaciones. “Estaré al frente”.

Ante ello, el presidente del Senado respondió que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante lo que calificó como una amenaza desde Casa de Nariño. En esa línea, ratificó que el Parlamento es “un poder público independiente” y no es apéndice de nadie, “mucho menos de la Presidencia de la República”.

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“Más peligroso y más repudiables son los trinos del presidente Petro hablando de violencia. Eso pone en peligro a los congresistas, en este caso a los miembros de la Comisión Séptima y sus familias, para lo cual nos vamos a dirigir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A este poder se le respeta. Amenazar con violencia es lo peor para la democracia colombiana. Hoy hay un palo en la rueda fuerte por parte de Presidencia hablando de desatar violencia contra la decisión autónoma de un poder público”, manifestó Cepeda.

El senador Miguel Ángel Pinto, nada menos que el coordinador ponente de la laboral, sostuvo por su parte que hay preocupación entre los miembros de la Comisión ante la “amenaza directa” del presidente. “Nos van a responder una ponencia de archivo que tiene que ser discutida y debatida con argumentos con violencia. Esa preocupación que le asiste hoy, el temor de la afectación a nuestras vidas es de toda la Comisión”, indicó.

“Es el presidente de Colombia, no cualquier persona la que nos está amenazando a la Comisión Séptima con violencia y atentar contra la vida nuestra. La vida de todos los miembros de la Comisión la dejamos en manos del Gobierno. Hacemos responsable directamente al presidente de la República por lo que nos pueda pasar a nosotros”, precisó el congresista.