Metro de Medellín también estaría, junto a EPM, en la mira de las Farc: “Es una declaración de guerra”, dice congresista

El crítico orden público en regiones como el norte, nordeste y Oriente de Antioquia ya está tocando la infraestructura energética e, incluso, ha desatado la alerta en el principal medio de transporte de los habitantes del Valle de Aburrá: el metro de Medellín.

Así se dilucida de la comunicación enviada por EPM a congresistas de la República, y que fue conocida en las últimas horas por la opinión pública, en la que Empresas Públicas de Medellín (EPM) denuncia extorsiones de grupos al margen de la ley por $5.000 millones y pagos mensuales de $500 millones para permitir el funcionamiento del sistema.

Estas intimidaciones habrían comenzado en agosto de 2025 y se extendieron hasta principios de 2026.

La delicada información fue revelada durante un debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Allí, se reveló un documento en el que EPM advierte presiones del Frente 36 de las Farc y del Clan del Golfo hacia los trabajadores de Hidroituango.

En el informe de EPM dirigido al Congreso, también se revela que el Metro de Medellín habría sido blanco de amenazas del Frente 36 de las Farc.

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En el numeral 2 del documento se precisa que las exigencias económicas de ese grupo armado ilegal, estuvieron acompañadas de amenazas dirigidas contra el proyecto Hidroituango, el Metro y la Alcaldía de Medellín.

EPM aseguró en la carta que “la interlocución frente a este riesgo se coordinó con el Gaula, la Fiscalía y el CTI”.

El análisis detalla las amenazas críticas a la seguridad que afectan las operaciones estratégicas de EPM, y plantea cómo el colapso de los diálogos de paz con el Clan del Golfo desató una ola de bloqueos y violencia armada en la región de influencia de la empresa.

A su vez, el documento establece que la extorsión violenta del frente 36 paralizó parcialmente el emblemático proyecto Hidroituango mediante ataques directos con explosivos, atentados contra torres de transmisión y constantes intimidaciones financieras.

El senador antioqueño Simón Molina, destinatario de la misiva, afirmó que lo que están haciendo las estructuras criminales es una “declaración de guerra”.

“El Clan del Golfo se atrevió a ponerle precio a Hidroituango: $5.000 millones de cuota de entrada y más de $500 millones mensuales para dejar funcionar la hidroeléctrica más importante del país. El Frente 36 exigía permisos escritos, retenía trabajadores y expulsaba cuadrillas a su antojo”, especificó.

Molina, al tiempo, recordó que ese grupo armado ilegal bloqueó 17 veredas de Briceño.

“Eso no es control territorial, es una declaración de guerra contra el Estado y contra Antioquia. Mientras se les ofrecían mesas y zonas de ubicación, ellos consolidaban su poder y cobraban peaje sobre la energía de Colombia”, añadió.

Pero, además del interés de las Farc en obtener recursos de Hidroituango y controlar su operación, el informe denuncia cómo la minería ilegal y la presencia de grupos armados amenazan directamente la infraestructura de los proyectos Porce II y Porce III mediante excavaciones, desvíos de ríos y bloqueos.

De igual manera, el análisis expone la situación en Granizal, un asentamiento irregular del oriente de Medellín, donde estructuras criminales extorsionan a la población revendiendo agua potable y saboteando las operaciones que EPM. Esta labor de suministro del servicio la realiza conjuntamente con la Alcaldía.

Las acciones de los actores ilegales no se quedaron en amenazas, estipuló EPM en el estudio entregado: el grupo de las Farc instaló dos cilindros con explosivos en la vía de acceso a Hidroituango, matando a un sargento e hiriendo a un soldado del Ejército.

Así mismo, el frente 36 atentó contra tres torres de transmisión en Medellín y Bello, en septiembre del año pasado, en marzo de 2026, denunció sobrevuelos de drones sobre la central Hidroituango.

Como medida preventiva, y dado el nivel de riesgo en el desarrollo de sus actividades, hace unos meses EPM debió restringir el ingreso de personal a sectores rurales de Briceño y a, al menos, 17 veredas.

Sobre estas situaciones, el senador Molina instó al Gobierno Nacional a desatar toda la fuerza del Estado y combatir con rigor a los criminales que viene generando terror en Antioquia.

“El Gobierno tiene que recuperar el Bajo Cauca con la fuerza necesaria, desmantelar al Clan del Golfo y garantizar que nadie vuelva a ponerle la mano encima a Hidroituango. El que se meta con la infraestructura del país se enfrenta al Estado”, concluyó el congresista Molina.

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